Por: Tirso Benavides Benavides
La trágica noticia sobre la muerte de Yulixa Toloza, un hecho que hoy estremece y comenta todo el país, lamentablemente no es un episodio nuevo ni aislado en nuestra realidad. Por el contrario, representa un caso dolorosamente reiterado. Esta mujer perdió la vida tras someterse a una lipólisis láser en un centro de estética que era en realidad una clínica de garaje adaptada en las instalaciones de una peluquería, carente de la más mínima condición técnica, higiénica o médica para realizar este tipo de procedimientos.
El desenlace no pudo ser más dantesco. Yulixa se complicó y murió, en un acto que desborda cualquier noción de humanidad, los falsos profesionales de la salud que la intervinieron decidieron arrastrarla hasta un carro para después abandonar su cuerpo sin vida, huyendo de inmediato hacia Venezuela, su país de origen, para evadir la acción de la justicia y dejar tras de sí el rastro de la impunidad.
Que estos hechos aberrantes ocurran de forma tan recurrente en nuestra sociedad es una responsabilidad compartida que recae sobre tres actores fundamentales. En primer lugar, la culpa apunta directamente a las autoridades de salud, cuya labor de supervisión, inspección y vigilancia no se cumple de manera eficiente. Una alarmante inacción que queda demostrada ante la proliferación incontrolable de ofertas en plataformas digitales y en los ventanales de establecimientos comerciales que, a primera vista y sin necesidad de un peritaje profundo, evidencian que no son clínicas autorizadas.
El segundo actor en esta cadena de responsabilidades son los propios pacientes, quienes, cegados por la inmediatez o el ahorro, buscan los precios más bajos del mercado sin ser conscientes de que están haciendo una apuesta mortal al poner su integridad en manos de cualquiera. En la era de la información, el primer paso irrenunciable debe ser la consulta, pues todo está al alcance de un clic. Para verificar la idoneidad del personal basta revisar el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), donde aparecen los profesionales acreditados, y para comprobar si el establecimiento no es de garaje, es suficiente una consulta en línea en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
Finalmente, el tercer foco de atención se dirige hacia los profesionales de la salud que se dedican a esta lucrativa rama médica. Si bien el caso de Yulixa representa un extremo criminal —donde el supuesto cirujano resultó ser en realidad un peluquero—, la dura realidad del sector nos muestra que una enorme cantidad de complicaciones y malas prácticas ocurren, paradójicamente, en manos de profesionales que sí ostentan un título universitario reconocido.
Como especialista en derecho médico, me ha correspondido asesorar y llevar casos en los que reconocidos cirujanos plásticos a nivel nacional programan las denominadas “visitas relámpago” a ciudades como Pasto. Alquilan un quirófano y llegan para operar en serie, como si se tratara de una línea de ensamblaje, y se ausentan de inmediato de la región, delegando algo tan crítico y sagrado como el cuidado postoperatorio a centros de estética locales que tienen ínfulas de hospital pero carecen de permisos y de la capacidad resolutiva ante una emergencia.
Para entender el fondo de este desorden normativo y ético, es necesario precisar que en Colombia existen oficialmente reconocidas dos especializaciones médico-quirúrgicas bien diferenciadas: por un lado, la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es una especialidad netamente quirúrgica con una duración formal de cuatro años, y por el otro, la Medicina Estética, un posgrado que dura tres años y cuyo enfoque es estrictamente clínico, es decir, No es quirúrgico.
La diferencia científica y legal entre ambas disciplinas es abismal, puesto que solo los cirujanos plásticos están facultados para realizar procedimientos invasivos y hasta mínimamente invasivos en un quirófano, sin embargo, esto no se compadece con lo que ocurre en la realidad, en la que se prestan estos servicios en cualquier consultorio.
Lastimosamente, llamados por la ambición de aprovechar la gigantesca demanda de estos servicios, muchos médicos generales asisten a diplomados, talleres de fin de semana o cursos cortos —algunos incluso de modalidad virtual— para presentarse ante el público como profesionales aptos y supuestamente autorizados para realizar intervenciones complejas.
Desconozco si en las instituciones educativas que se lucran dictando estos cursos exprés les hacen creer falsamente a sus estudiantes que tales diplomas los habilitan para ejercer como especialistas. Lo cierto es que me sorprendo y me asusto cada vez que veo en las redes sociales a galenos conocidos en nuestro entorno presentándose falsamente como “esteticistas” o “especialistas” en determinados procedimientos, ofreciendo portafolios de servicios invasivos que, bajo el marco legal colombiano, no pueden realizar en su condición de médicos generales.
El fenómeno es completamente entendible desde la óptica del mercado. La ambición es una condición humana y muchos médicos han visto en la estética un nicho financiero inmejorable para potenciar sus ingresos, dejando por completo de lado el Juramento Hipocrático. No obstante, las reglas de la habilitación en salud son taxativas; nadie, absolutamente nadie, puede adelantar procedimientos ni “cirugías” sin estar debidamente formado y habilitado por la ley para ello, una transgresión que infortunadamente se ha vuelto costumbre.
Es urgente un llamado vehemente al ejercicio ético, responsable y honesto de la medicina estética en nuestro país. La salud y la vida de las personas no pueden seguir siendo tratadas como mercancías de bajo costo ni como el terreno para el canibalismo comercial. La ética médica debe prevalecer sobre el afán de lucro, antes de que la lista de víctimas como Yulixa Toloza siga creciendo ante la indiferencia o incluso complicidad de quienes juraron respetar los principios de beneficencia y no maleficencia que son el eje del juramento hipocrático.
