Por: Tirso Benavides Benavides
El reciente informe de la Contraloría General ha caído como un diagnóstico terminal sobre la gestión del Gobierno en el sector salud. Lo que se presentó inicialmente como una “cirugía de urgencia” para corregir los problemas de algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) mediante la intervención de la Superintendencia, ha resultado ser un procedimiento de inducción a un estado de coma. En lugar de estabilizar las constantes vitales de estas entidades, los interventores parecen haber actuado más como verdugos, hundiendo los indicadores en un cuadro clínico que sugiere que el encargo real no era la recuperación, sino el choque séptico provocado del sistema.
El balance general es desolador. El informe pone bajo la lupa a entidades como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, SOS y Nueva EPS, todas bajo el control del Gobierno y responsables de la atención de millones de colombianos.
Lejos de presentar una mejoría en su salud financiera o institucional, el panorama del sector muestra una metástasis de ineficiencia. Según la Contraloría, ninguna de estas entidades ha logrado cumplir con los indicadores de capital mínimo ni de patrimonio adecuado. La intervención, que por ley debe ser un mecanismo excepcional de salvamento, se ha convertido en una agonía prolongada donde el remedio estatal ha acelerado el fallo multiorgánico de las entidades intervenidas.
Los datos financieros reportados por el ente de control son una radiografía de la mala praxis.
En el caso de la Nueva EPS, la situación es crítica: la entidad no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para los años 2024 y 2025, operando en una opacidad absoluta. Se reporta un faltante de $4,9 billones en el registro de reservas técnicas y un volumen de anticipos pendientes de legalizar que asciende a los $13,6 billones. ¿En dónde estará ese platal? El endeudamiento, lejos de contenerse, ha crecido bajo la vigilancia del Estado, por ejemplo, Savia Salud aumentó su nivel de deuda en un 166%, pasando de 4,41 a 11,73, mientras que Coosalud disparó sus pasivos de $1,88 billones en 2024 a la escandalosa cifra de $6,34 billones en 2025.
La situación de Famisanar ilustra este colapso financiero, pasó de un patrimonio de $2,1 billones al inicio de la intervención a uno negativo de -$3,3 billones a finales de 2025. Su indicador de endeudamiento llegó a 4,08, una cifra catastrófica frente al límite de 1,0 que la Contraloría marca como crítico.
La Nueva EPS merece una atención especial, pues el Gobierno ha intentado convertirla, a la fuerza y sin rigor técnico, en la resurrección del extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS). Sin embargo, lejos de ser el bastión de la salud pública, hoy es el síntoma más grave del sistema, con más de 11 millones de afiliados, la entidad navega en un mar de desorden contable y faltantes billonarios.
A este cuadro clínico se suma un dato que golpea directamente el corazón de la economía familiar. El gasto de bolsillo de los colombianos en cuestiones de salud se ha disparado en casi un 58%. Ante la inoperancia de las gestoras farmacéuticas bajo el modelo de intervención, el paciente ya no solo padece la enfermedad, sino la desprotección financiera. Miles de ciudadanos se han visto obligados a adquirir medicamentos e insumos con sus propios recursos ante la falta de entrega oportuna, convirtiendo lo que debería ser un derecho asegurado en un gasto privado insostenible. Es el fracaso rotundo del concepto de seguridad social: el ciudadano paga dos veces por su salud, una a través de sus aportes y otra en el mostrador de la droguería.
La vulneración de los derechos se refleja también en el uso masivo de la tutela como respirador artificial. Miles ven en este proceso constitucional una salida. Sin embargo el informe revela un incumplimiento generalizado de fallos judiciales, el peor caso es el de Emssanar, con un cumplimiento de apenas el 4,48% frente a lo ordenado en las sentencias.
Ante el escándalo, el actual Superintendente de Salud, el imputado Daniel Quintero, ha optado por el escapismo dialéctico. Al pedir la renuncia de los interventores, intenta lavar sus manos de la infección que su propia dependencia ha propagado, pues el nombramiento de estos funcionarios es competencia de esta entidad gubernamental. Al hacer otro relevo ignora que la falta de continuidad y la rotación política de estos administradores —nombrados a dedo— es precisamente una de las causas que ha impedido una estabilización.
Nadie dice que el Sistema de Salud sea perfecto, ni se trata de excusar a las EPS que se han lucrado ilegalmente, pero antes de esta intervención agresiva, Colombia gozaba de indicadores de cobertura envidiables. Volver a un modelo público es retroceder a los tiempos de las filas interminables y la escasez crónica que obligaba a los pacientes a morir esperando una cita. Escenas que ya se están viviendo. Reemplazar una gestión con problemas por un control estatal que ha demostrado su incapacidad no es una mejora, es cambiar una dolencia tratable por una enfermedad terminal.
En este caso, para el sistema de salud colombiano, fue peor el remedio que la enfermedad.
Todo indica que estamos presenciando una muerte asistida ejecutada fríamente por funcionarios que siguen la hoja de ruta del presidente Petro. Guiados más por el odio ideológico hacia las EPS que por el bienestar y la salud de la gente, el Gobierno parece estar provocando deliberadamente el colapso para que se cumpla su profecía del “chu chu chu”. Al final, mientras el sistema se desploma, es el ciudadano de a pie quien se queda sin oxígeno en la camilla de un hospital, o el personal de salud el que ve con angustia como cada vez se atrasan más sus salarios. Todo por el mal manejo público de un sector vital que estaría peor al ser 100% estatal.
