Hambre de tierra

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Algunos ingenuos creen que porque Colombia se urbanizó vertiginosamente desde mediados de la década de 1970 -incluyéndose la vía forzada-, el conflicto agrario en nuestro país pasó a un segundo plano. Organizaciones políticas que afirman haber nacido en defensa del campesinado hoy traicionan sus raíces bajo el argumento espurio de que los votos se concentran en las grandes ciudades. Que los reflectores y la atención política se alejen de la ruralidad es lo más querido por quienes detentan el poder en este espacio.

Sin embargo, la tozuda realidad en pleno siglo XXI nos continua golpeando a la puerta, esperando que como Nación y Estado reaccionemos ante la crisis humanitaria, económica, política, cultural, social y ambiental que padecen campesinos y campesinas en todo el territorio nacional. Por un lado, revuelo político causó recientemente en el Congreso de la República un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que fue catalogado como “expropiación exprés”; mientras que por otro, se experimenta una crisis alimentaria en aquellas regiones donde el campesinado no ha encontrado otra alternativa que los cultivos declarados de uso ilícito.

Reforma rural integral -dentro de la cual está la reforma agraria- y sustitución de cultivos y reconversión productiva van íntimamente de la mano, de ahí que el sub-punto 4.1 del Acuerdo Final de Paz sea entendido como un capítulo especial del punto 1 del mismo, donde, vale la pena recordar, se encuentra también los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y los Planes Nacionales Sectoriales y, para mayor contexto, que la resolución de la conflictividad agraria constituye la piedra angular del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Estado y las extintas FARC-EP.

La relación dialéctica entre la reforma rural integral y la sustitución de cultivos declarados de uso ilícito está dada porque en ausencia de la primera, cientos de miles de campesinas y campesinos han tenido que colonizar nuevas tierras por fuera de la frontera agraria, caracterizándose dichos espacios por la ausencia de vías, electricidad, agua potable, salud, educación y principalmente, títulos de propiedad, factor que otorga la alta rentabilidad a la producción de hoja de coca y clorhidrato de cocaína en nuestro país.

Colombia es el único país latinoamericano que aun no ha conquistado una reforma agraria. Los esfuerzos realizados por gobiernos liberales en el siglo XX fueron hábilmente manejados por los pocos con mayor poder para aprovecharse de la nueva normatividad (Ley 200 de 1936 y Ley 160 de 1994) o para poner freno a cualquier iniciativa (Pacto de Chicoral, 1972). Perú, gracias a la reforma agraria impulsada por Velasco Alvarado y Bolivia mediante la reforma agraria realizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), ambas a mediados del siglo XX, han contado con herramientas para frenar la expansión de los cultivos de hoja coca destinados a la producción de clorhidrato de cocaína, dejando a nuestro país en solitario como el mayor productor.

Marx y Engels en La Ideología alemana nos recuerdan que “No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia”. A su vez, Marx en su vulgarizada metáfora sobre la estructura y la superestructura, plantea que el derecho, o las normas de manera más concreta, guardan una profunda relación con los factores de producción y las relaciones de producción asociadas a estos. Traigo esta reflexión a colación para dar cuenta de una verdad a gritos: la reforma rural integral -incluyéndose en esta la reforma agraria- y la sustitución de cultivos declarados de uso ilícitos no se conquistará exclusivamente a través de “audacias” normativas. De no haber una negociación política con los factores reales de poder, la luz al final del túnel puede que no sea la salida sino un tren a todo vapor que viene en contravía.

  1. D. Les recomiendo sobre la temática aquí abordada un excelente documental titulado La Ley del Monte y el libro El poder político en Colombia de Fernando Guillen Martinez.

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