Impuesto predial unificado o ¿Asalto al bolsillo de los colombianos?
Cursa en el congreso de la república un proyecto de ley que busca «incrementar el Impuesto Predial Unificado (IPU) entre 50 y 300 por ciento, según sea el valor del inmueble e independiente de que estos se encuentren en áreas urbanas o rurales». Varios gremios de la producción han manifestado su total desacuerdo con esta iniciativa, concretamente el de la construcción, pues de acuerdo con FENALCO «la iniciativa del gobierno del presidente Petro es “subir el avalúo catastral a todos los inmuebles del país entre el 50% y el 300%, sin importar el estrato o ingresos de los propietarios”.
Las alarmas se prendieron en diferentes escenarios de nuestra economía llamando a un análisis serio sobre las incidencias que esta medida pueda tener sobre la población colombiana en general. «El empresario Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco indicó que, a modo de ejemplo, el propietario de un inmueble de estrato 3 de $400 millones podría pasar de pagar $1.9 millones de impuesto predial a $3.4 millones. Un lote estrato 1 de $200 millones pasaría de pagar un impuesto de $800 mil a $1.2 millones, explicó el dirigente gremial».
Estas voces por ser autorizadas y representar los intereses de gremios y organizaciones productivas nos deben llevar a un estudio y análisis de lo que está en juego con proyectos de ley de esta naturaleza. Nuestros congresistas tienen la obligación ética, legal y moral de presentar al pueblo colombiano un informe que permita conocer los pormenores de esta iniciativa.
Jaime Alberto Cabal se ha constituido en una de las voces más críticas y ha lanzado fuertes y contundentes advertencias en caso de aprobarse este proyecto de ley sin las modificaciones pertinentes: ”El proyecto afecta el derecho a la vivienda digna al gravar, excesivamente, la aspiración de tener techo propio. Además, segmentos como el de los pensionados, que viven de unos ingresos de subsistencia, y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exponencial”.
Asi mismo deja en claro que «de darse los incrementos, según los topes que fija el proyecto de ley, este impuesto también afectará el desarrollo del comercio y advirtió que sería abrir “el camino para un impuesto confiscatorio que terminaría en expropiación”. Razones, entre otras que le permiten aseverar que “Rechazamos enérgicamente este proyecto de ley que, de prosperar, va a gravar enormemente a los colombianos, que ya no aguantamos más impuestos”.
Reiteramos el llamado a nuestros congresistas, líderes gremiales y expertos en estos temas económicos para que nos den luces en materia tan delicada como la que nos ocupa. Compartimos el criterio del líder gremial de FENALCO en el sentido que el palo no está para cucharas, es decir que debido a la gran recesión que afronta nuestra economía no es viable dar luz verde a reformas lesivas y de claro tinte tributario.
Como es natural el gobierno nacional defiende su iniciativa aduciendo la necesidad de actualizar el registro catastral y deja en manos de los concejos municipales la potestad de fijar el tope de dichos cobros.
CAMACOL se une a las voces de alerta de FENALCO Y advierte serias afectaciones para el bolsillo de los combianos interesados en adquirir vivienda propia.
Formulamos, desde ya, un llamado a los integrantes del CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO para que el estudio de esta actualización catastral no genere trabas ni traumas en el bolsillo de los contribuyentes. Deben buscarse alternativas que beneficien e incentiven las iniciativas empresariales de la región.
Son muchas las voces que se han pronunciado en un claro rechazo a esta medida impopular y lesiva que pretende brindar «una autonomía financiera a los municipios» generando nuevos y significativos recursos, pero a costa del bolsillo de los contribuyentes. Una forma procaz de afrontar una crisis económica del pueblo colombiano a costa de su propio bienestar.