Las democracias modernas no se sostienen únicamente sobre la victoria electoral. Su verdadera fortaleza radica en la capacidad de los ciudadanos y de los dirigentes políticos para respetar las instituciones, aceptar las reglas del juego y actuar con responsabilidad frente al país, aun en medio de profundas diferencias ideológicas.
Por eso preocupa el surgimiento de discursos políticos que, bajo el ropaje de la resistencia civil o de la oposición democrática, terminan promoviendo el desconocimiento institucional y alimentando un ambiente de confrontación nacional.
Colombia atraviesa un momento particularmente delicado. La polarización política ha alcanzado niveles alarmantes y millones de ciudadanos observan con incertidumbre cómo el debate público abandona cada vez más el terreno de los argumentos para instalarse en el de la descalificación, la sospecha y el resentimiento. En ese contexto, cualquier llamado a desconocer la autoridad legítimamente constituida representa un riesgo enorme para la estabilidad democrática.
La oposición política es legítima y necesaria. Una democracia sin contradictores termina debilitándose. Pero existe una línea que jamás debería cruzarse: la invitación, abierta o velada, a desacatar el orden institucional por razones políticas o personales.
Cuando un dirigente con influencia nacional transmite el mensaje de que las decisiones del gobierno no merecen obediencia o reconocimiento, el efecto trasciende la simple retórica partidista. Se envía a millones de ciudadanos la idea de que la Constitución puede interpretarse según las conveniencias ideológicas del momento y que la legitimidad democrática depende únicamente de las simpatías políticas de cada sector.
Ese camino es profundamente peligroso.
Las controversias sobre requisitos constitucionales, doble nacionalidad o eventuales inhabilidades deben resolverse dentro de los mecanismos jurídicos establecidos por el Estado de Derecho. Para eso existen las altas cortes, los órganos electorales y las instituciones competentes. Lo contrario equivale a sustituir la ley por la presión política y el desacato selectivo.
Ninguna democracia puede funcionar si cada grupo político decide obedecer únicamente aquello que coincide con sus intereses o convicciones particulares. La convivencia democrática exige aceptar que las diferencias deben tramitarse mediante las instituciones y no mediante llamados emocionales que profundicen el enfrentamiento social.
Más preocupante aún resulta el impacto que este tipo de discursos puede tener sobre la estabilidad económica y la imagen internacional del país. Colombia necesita transmitir confianza, seguridad jurídica y madurez política. Los mensajes orientados a desconocer la institucionalidad generan incertidumbre, afectan la credibilidad del Estado y terminan deteriorando el ambiente social y económico que tanto necesitan los colombianos.
El país requiere serenidad, responsabilidad y sensatez. La ciudadanía espera de sus dirigentes altura política, no discursos que estimulen divisiones irreconciliables ni escenarios de confrontación permanente.
Hoy más que nunca se hace necesario un llamado nacional al respeto institucional. Las diferencias ideológicas son naturales en una sociedad democrática; convertirlas en excusas para fracturar la legitimidad del Estado constituye un error histórico cuyas consecuencias podrían ser graves para todos.
Colombia no necesita más incendios políticos. Necesita dirigentes capaces de defender sus ideas sin debilitar la democracia que les permite expresarlas.
