Blanca Emeria Pardo Rosero, San Bernardo -Nariño.
Por Xiomara Erazo
Blanca Emeria Pardo Rosero tenía 72 años. Era campesina, madre de seis hijos y trabajaba elaborando quesos en San Bernardo, Nariño. El pasado 29 de agosto fue encontrada gravemente herida en un terreno rural de la vereda Plazuelas, con señales de violencia y posibles indicios de agresión sexual. Murió después de ser trasladada a Pasto. Más de un mes después, su familia continúa esperando respuestas sobre quién fue responsable. La brutalidad de este caso ha provocado una indignación comprensible, pero también debería obligarnos a enfrentar una pregunta incómoda: ¿por qué necesitamos conocer una historia tan extrema para hablar seriamente de violencia sexual?
Lo ocurrido con Blanca no puede reducirse a los detalles de su sufrimiento ni convertirse en otro episodio de consumo mediático. Era una mujer con una vida, una familia y una historia que merecen respeto. Corresponde a la Fiscalía esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales. Pero su muerte también nos enfrenta a una realidad que va mucho más allá de este caso: la violencia sexual atraviesa edades, escenarios sociales y relaciones de confianza, mientras buena parte de nuestra indignación parece reservada para los hechos que alcanzan notoriedad pública.
Las cifras son preocupantes. Según el Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF, durante 2025 se notificaron en Nariño 1.035 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En Colombia fueron 35.649. Por su parte, la Gobernación de Nariño registró 882 delitos sexuales entre enero y septiembre de 2025, frente a 865 en el mismo periodo de 2024. Son registros diferentes que no deben sumarse, pero muestran la persistencia de un problema que difícilmente puede explicarse mediante hechos aislados. Y detrás de estas cifras permanece una realidad imposible de cuantificar completamente: los abusos que nunca llegan a conocimiento de una autoridad.
Quizás uno de los datos más perturbadores tiene que ver con el lugar donde imaginamos que ocurre el peligro. Según información de Medicina Legal recopilada por el ICBF, de 16.533 valoraciones por presunto delito sexual contra menores realizadas hasta noviembre de 2025, en 7.756 se identificó a un familiar como presunto agresor. Prácticamente la mitad. Durante años hemos enseñado a nuestros hijas e hijos a desconfiar de los extraños, pero nos cuesta reconocer que el peligro también puede estar dentro de casa, entre personas cercanas o en espacios que consideramos seguros.
Y aquí aparece una responsabilidad de la que hablamos muy poco: la de la propia sociedad.
En los pueblos, los barrios y las comunidades hay historias que circulan en voz baja. Conductas que generan sospechas, advertencias que pasan de una familia a otra y situaciones que, con el tiempo, se convierten en secretos a voces. No siempre se trata de hechos comprobados, y una sospecha jamás puede reemplazar una investigación. Pero tampoco podemos ignorar que, en ocasiones, las primeras señales de una posible agresión son conocidas por personas del entorno mucho antes de que intervenga una autoridad.
¿Cuántas veces hemos escuchado que de alguien «ya se decía algo»? ¿Cuántas advertencias fueron desestimadas para evitar conflictos? ¿Cuántas víctimas encontraron primero la incredulidad de su comunidad antes que una oportunidad de ser escuchadas?
Hay una diferencia fundamental entre desconocer una agresión y preferir no preguntar por ella. También entre guardar silencio por miedo y utilizar el silencio para proteger reputaciones. No se puede exigir heroísmo a quienes temen represalias, mucho menos responsabilizar a las víctimas por no denunciar. Pero sí debemos cuestionar aquellos entornos donde la tranquilidad aparente termina siendo más importante que la protección de las personas.
La responsabilidad de investigar y sancionar corresponde al Estado. Sin embargo, la prevención y la protección también requieren una sociedad civil comprometida. Cuando la institucionalidad no llega, llega tarde o resulta insuficiente, las comunidades no pueden resignarse a esperar. Necesitan organizarse, fortalecer sus redes de apoyo, acompañar a las víctimas, comunicar información relevante por canales seguros y exigir respuestas verificables. Las juntas de acción comunal, las organizaciones de mujeres, las instituciones educativas y los liderazgos comunitarios pueden desempeñar un papel fundamental.
Organizarse no significa señalar culpables sin pruebas, difundir rumores ni sustituir a la justicia. Significa construir entornos donde una víctima encuentre respaldo, donde una alerta no sea desestimada y donde la comunidad tenga la capacidad de exigir que las instituciones cumplan sus obligaciones. La organización ciudadana no reemplaza al Estado: lo interpela, lo acompaña y le exige resultados.
Nariño necesita rutas de atención accesibles, especialmente en las zonas rurales, acompañamiento psicológico sostenido, investigaciones oportunas y mecanismos de seguimiento que permitan conocer qué sucede con las denuncias. Pero también necesita comunidades capaces de reconocer las violencias que ocurren en sus propios entornos y actuar responsablemente frente a ellas.
La muerte de Blanca Pardo merece verdad, justicia y una respuesta institucional verificable. No sabemos quién fue responsable, y establecerlo exige una investigación rigurosa. Lo que sí sabemos es que ninguna comunidad debería acostumbrarse a convivir con el miedo, la sospecha o la indiferencia frente a la violencia sexual.
