Por Tirso Benavides Benavides
Publico una convocatoria laboral para auxiliar de enfermería. No alcanza a cumplir doce horas en la plataforma digital cuando ya tiene 136 postulaciones. Ciento treinta y seis personas disputándose una posibilidad de trabajo. Con odontología sucede algo parecido: 52 hojas de vida. Para una convocatoria de médicos llegan 41.
Detrás de cada cifra hay una historia que la plataforma reduce a un archivo PDF: personas recién graduadas, profesionales con experiencia, madres cabeza de familia, jóvenes que buscan su primera oportunidad, trabajadores cansados de contratos precarios y desempleados que vuelven a enviar la misma hoja de vida con la esperanza de que esta vez alguien la abra.
La convocatoria dura unas horas. La espera puede durar meses.
Naturalmente, tres procesos de selección no constituyen un estudio científico sobre el mercado laboral. Sería irresponsable convertir una experiencia personal en estadística nacional. Pero también sería ingenuo ignorar lo que muestran: cuando una vacante recibe decenas o cientos de postulaciones en pocas horas, algo está ocurriendo entre la cantidad de personas formadas y las oportunidades reales de emplearlas.
El problema no es que sobren personas. Nadie sobra. Lo que sobran son diplomas frente a las plazas disponibles.
La paradoja es particularmente cruel en el sector salud. Colombia necesita más atención, más prevención, más cuidado y mayor presencia sanitaria en territorios rurales. Sin embargo, necesidad social no significa necesariamente empleo. Puede existir una comunidad que requiere auxiliares, enfermeros, odontólogos y médicos, mientras las instituciones que deberían contratarlos carecen de recursos, operan con plantas insuficientes o reemplazan la estabilidad laboral con contratos breves y honorarios que cada vez se parecen menos a una remuneración profesional.
Tenemos pacientes esperando y profesionales buscando trabajo. La enfermedad existe; la vacante, no siempre. La situación de los auxiliares de enfermería merece especial atención. Se trata de un oficio imprescindible: acompañan al paciente, administran cuidados, toman signos vitales, apoyan procedimientos, cumplen labores de promoción y prevención y sostienen buena parte de la atención cotidiana. Sin ellos, muchos servicios sencillamente no funcionarían. Precisamente por ser un programa relativamente corto, accesible y relacionado con una ocupación socialmente reconocida, se ha convertido en una oferta frecuente de institutos de formación para el trabajo. En Pasto y en varios municipios aparecen programas que lo presentan como una vía rápida hacia la estabilidad laboral. La bata blanca conserva un prestigio que la realidad contractual se ha encargado de desteñir.
En las prácticas que se realizan en la institución donde trabajo conozco estudiantes de distintas edades y procedencias. Algunos acaban de terminar el bachillerato; otros son adultos que buscan recomenzar; muchas son mujeres que han cuidado durante años a hijos, padres o abuelos y creen que esa experiencia puede transformarse en una profesión. Estudian con disciplina y hacen sacrificios para pagar matrículas, transportes, uniformes y materiales. Llegan cargados de vocación. No siempre les cuentan que el mercado laboral también está cargado de hojas de vida.
Sería injusto responsabilizar exclusivamente a las instituciones educativas. Ellas no crean el desempleo, no controlan la economía ni deciden cuántos trabajadores contratarán las IPS. Tampoco puede exigírseles adivinar con exactitud el comportamiento futuro del mercado. Además, las personas tienen derecho a estudiar aquello que desean, aunque la carrera elegida no garantice una contratación inmediata.
Todo eso es cierto. Pero no las libera de su responsabilidad. Una universidad o un instituto no puede limitarse a abrir inscripciones, recibir matrículas, graduar promociones y entregar el problema al egresado. Educar no consiste únicamente en demostrar que hay profesores, salones y un plan de estudios. También exige preguntarse si el programa es pertinente, si responde a las necesidades del territorio, cuántas personas se están formando en la misma área, cómo se comporta el empleo de sus graduados y en qué condiciones están trabajando.
El Ministerio de Educación creó el Observatorio Laboral para la Educación, precisamente, para estudiar la relación entre oferta académica, graduados y mercado laboral. Sus datos más recientes muestran que, en 2023, el 77,4 % de los graduados de educación superior aparecía vinculado formalmente. En los niveles de pregrado, el 26,6 % de los recién graduados no registraba cotización. Esto no significa que todos estuvieran desempleados —algunos podían trabajar informalmente, encontrarse fuera del país o no estar buscando empleo—, pero sí revela una dificultad que no puede esconderse debajo de la toga. El mismo informe señala que la tasa de cotizantes entre los recién graduados de formación técnica profesional pasó del 66,7 % en 2014 al 55,3 % en 2023. En el nivel universitario descendió del 80,8 % al 75,5 %.
Estudiar continúa ofreciendo mejores posibilidades que no hacerlo, pero el diploma dejó de ser el salvoconducto laboral que todavía venden algunos folletos publicitarios.
Mientras tanto, el DANE informó que en agosto de 2026 la tasa nacional de desocupación fue del 9,4 %, superior al 8,6 % registrado en el mismo mes del año anterior. Las cifras generales no explican por sí solas lo que ocurre con auxiliares, odontólogos o médicos en Pasto, pero permiten entender el escenario en el que salen a competir los nuevos graduados.
Hubo una época en que estudiar medicina u odontología exigía salir de Pasto. Eran pocos los profesionales y también pocas las facultades. La ampliación de la oferta educativa permitió que muchas personas pudieran formarse sin abandonar su región. Eso fue un avance. El problema comienza cuando el crecimiento de los programas y del número de egresados no guarda relación alguna con la expansión de los servicios, la creación de puestos de trabajo o las necesidades reales del territorio.
Abrir un programa académico puede ser un buen negocio. Abrir oportunidades laborales es bastante más difícil.
La institución recibe el valor de la matrícula durante uno, cuatro o cinco años. Cuando entrega el diploma, el riesgo cambia de dueño, la universidad ya cobró; el egresado deberá descubrir si existe un lugar para él. Si no lo encuentra, aparecerá en alguna estadística, aceptará condiciones laborales desfavorables, trabajará en algo distinto o comenzará la peregrinación de convocatoria en convocatoria.
El mercado educativo conoce muy bien el lenguaje de los sueños. Ofrece “transformar vidas”, “construir futuros” y “convertir la vocación en profesión”. Rara vez la publicidad informa cuántos egresados consiguieron empleo relacionado con lo estudiado, cuánto tardaron en encontrarlo, cuál es su remuneración promedio o cuántos terminaron dedicándose a otra actividad. Prometen futuro sin publicar el inventario.
No propongo cerrar arbitrariamente programas ni prohibir que alguien estudie enfermería, odontología o medicina. La solución no puede ser reducir la educación para conservar privilegios profesionales. Se requiere algo más serio: estudios regionales de pertinencia, información pública sobre empleabilidad, coordinación entre instituciones educativas y empleadores, límites responsables a la apertura de cohortes cuando exista saturación demostrada, orientación vocacional que incluya la realidad laboral y una planeación que no confunda demanda de matrículas con necesidad social de profesionales.
También debe discutirse la distribución territorial. Puede haber demasiadas hojas de vida en una ciudad y ausencia de personal en municipios apartados. Pero enviar profesionales a esos lugares exige salarios dignos, seguridad, infraestructura y posibilidades de permanencia. No basta señalar un punto vacío en el mapa y afirmar que allí hay trabajo.
Las universidades y los institutos suelen hablar de responsabilidad social. Esta comienza antes de la ceremonia de grado. Consiste en no utilizar la vocación de la gente como materia prima de un negocio, en advertir con honestidad que una carrera puede ser hermosa, necesaria y profundamente humana, pero no garantizar empleo, y en comprender que formar más personas no siempre significa servir mejor a la sociedad.
Una institución educativa no debería medir su éxito por el número de estudiantes que ingresan, sino por las posibilidades reales que encuentran quienes salen. De lo contrario, la matrícula seguirá llena, la ceremonia será solemne, las fotografías mostrarán sonrisas y birretes lanzados al aire. Después, en la vida de verdad, cuando por fin aparezca una vacante, 136 personas habrán enviado su hoja de vida para una única oferta, con la esperanza de ser la elegida. Dura realidad.
