Un caso de trascendencia nacional ocurrió en diciembre de 2020, cuando la señora Aidé Alpala, de San José de Albán – Nariño fue prendida con fuego con todo y casa, ocasionándole quemaduras en su cuerpo en más del 70 por ciento. Todo a raíz de un préstamo “gota a gota”, de un monto entre los 250 y 500 mil pesos, según el portal El Tiempo.
Para entender el tema, no hay que perder de vista que la tasa de usura es la máxima tasa de interés o barrera que la ley impone a cualquier préstamo o venta a plazos, formula que no le permite ni a las entidades ni a las personas prestar dinero por encima de esta tasa, incurriendo en el delito de usura estipulado en el artículo 305 del Código Penal, si así lo hiciere. Además, es el mercado quien fija la tasa de usura y la Superintendencia Financiera de Colombia se encarga de certificar y validar su tope cada mes para cualquier crédito en el país. Esta tasa varía según el crédito, sea de consumo y ordinario, microcrédito o bajo monto.
La actual tasa de interés del Banco de la República restringe la capacidad de crédito formal, encarece el crédito, y limita aún más el acceso al mercado financiero, a diferencia de los prestamos “gota a gota” que son de fácil acceso, ofertan montos bajos pero con una alto índice de rédito. Revisemos la desproporción entre la tasa de usura vigente para el crédito ordinario que está en el 47,09% efectivo anual versus la tasa de los “gota a gota” que asciende hasta el 120% anuales, y la gravedad de sus impactos se evidencian si tenemos presente que 1 de cada 4 micronegocios en Colombia se financiaron bajo esta modalidad, según la última encuesta del DANE.
Las modalidades pueden variar, entre el clásico prestamista “gota a gota», tosco de figura y con su bolso terciado con riñonera, pasando por las aplicaciones que se publicitan en redes sociales, hasta los Fintechs, como se conoce a las empresas que utilizan las nuevas tecnologías para prestar servicios financieros con ciertas ventajas como la de reducir los costos de intermediación financiera. Todos le apuntan a personas económicamente desesperadas que no pueden acceder a un crédito formal, desde vendedores ambulantes hasta propietarios de micro y pequeños negocios.
El modus operandi en cualquiera de sus modalidades se basa en el hostigamiento constante como método de cobranza; si es digital, la difamación de los “clientes” se hace con sus contactos, debido a los permisos de acceso, incluidas las fotografías y el directorio telefónico. A estas alturas, la Fiscalía y la SIC tienen una lista de nombres de empresas de este tipo que están siendo investigadas por denuncias de usuarios, y entre las que más reparos se leen en redes sociales están RapiCrédito-Préstamo rápido, Eastbay y Popcash, Solventa, Rapicredit, ParceCash, Wadana, Rayo y Dinero, Juancho te presta, etc.
El diario El País de Cali, cuenta que países como México, Perú y Bolivia adolecen de esta epidemia y que además para el año 2019, fueron asesinados 200 deudores y 45 prestamistas en diferentes países de Latinoamérica. En Pasto, capital del departamento de Nariño, las quejas por el maltrato y amenazas de estos prestamistas es una verdad a voces. Los pasillos de las plazas de mercado y de los centros comerciales de ventas ambulantes, son los lugares más recurrentes para estas ofertas, el mejor nicho de necesidad del que aprovechan los agiotistas. Sin lugar a dudas, este escenario no debe ser ajeno a las realidades del resto de municipios de Nariño.
En marzo de este año, el Gobierno Nacional anunció la estrategia de inclusión crediticia para la economía popular – “CREO, un crédito para conocernos” la cual promete aumentar el acceso al financiamiento de la economía popular y corregir la deuda histórica con los segmentos más vulnerables que se han financiado con el costoso gota a gota.
Sin embargo, insisto, la economía de Nariño está enferma. Las micro, pequeñas y medianas empresas conforman alrededor del 98% del tejido empresarial, son las unidades productivas primarias por excelencia y el motor fundamental de nuestra economía, las cuales naufragan ante la alta tasa de informalidad que vivimos. El mal de ojo que ahora se evidencia en las llamadas: unidades económicas de baja escala -según el Plan de Desarrollo Nacional – con los “gota a gota”, no es sino una de las consecuencias que se socavan cada día más con más arraigo socioeconómico, por la poca y nula atención integral a la productividad nariñense, reforzada por más de 100 días de cierre de la vía Panamericana, una inflación que nos asfixia y unas secuelas post pandemia que nos arruinan.