El expresidente Gustavo Petro pasó de pedir que los nariñenses “se expresen” a proponer abiertamente un paro cívico para respaldar al gobernador Luis Alfonso Escobar frente al presidente Abelardo de la Espriella. El llamado abre una paradoja: Petro reclama ahora movilización social para defender una política de paz que, durante sus cuatro años en el poder, dejó avances en Nariño, pero también graves problemas de diseño, ejecución, seguridad y cumplimiento. Además, introduce a Escobar en una confrontación política que el propio gobernador ha tratado de evitar.
Gustavo Petro dio un paso más. Primero pidió que el “pueblo nariñense se exprese” después de que el presidente Abelardo de la Espriella advirtiera públicamente al gobernador Luis Alfonso Escobar que los mandatarios territoriales no pueden adelantar negociaciones por su cuenta con grupos armados.
Ahora el expresidente propone directamente un “paro cívico nariñense”.
“En mi opinión y propongo al pueblo de Nariño, en apoyo a su lucha por la Paz, que el gobernador debe ser respaldado a través de un paro cívico nariñense”, escribió Petro.
Y agregó que, a su juicio, De la Espriella “no amenaza a un gobernador, sino a todo un pueblo que quiere la Paz”.
La declaración cambia la dimensión del enfrentamiento. Hasta ahora, Escobar había intentado mantener la controversia en el terreno institucional. Reconoció que la negociación con organizaciones armadas corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, negó haber realizado acuerdos clandestinos e invitó al presidente a conocer los resultados obtenidos en Nariño.
Petro, en cambio, lleva la discusión a la calle.
Una defensa que también puede dejar solo a Escobar
La paradoja es evidente. Mientras Escobar ha evitado confrontar directamente al presidente, Petro lo coloca en el centro de una eventual movilización contra el Gobierno Nacional. El expresidente dice respaldarlo, pero ese respaldo podría terminar estrechando el margen político del gobernador.
Si Escobar acompaña un paro contra De la Espriella, corre el riesgo de que su defensa de la paz territorial sea interpretada como una confrontación política con el nuevo Gobierno. Si se distancia de la propuesta, deberá marcar diferencias precisamente con quien acaba de salir públicamente a defenderlo.
En ese sentido, Petro puede estar respaldando al gobernador en el discurso, pero dejándolo solo frente a las consecuencias institucionales de una confrontación que Escobar no ha promovido.
Hasta ahora, el mandatario nariñense ha defendido una tesis distinta: no se trata de prolongar automáticamente la Paz Total de Petro, sino de evaluar qué funcionó en Nariño y evitar que los avances verificables desaparezcan junto con las mesas.
Petro también debe responder por cuatro años de Paz Total
El llamado a movilizarse adquiere otra dimensión porque proviene del presidente que tuvo durante cuatro años las herramientas constitucionales, presupuestales y administrativas para conducir la política de paz.
Y el balance está lejos de ser indiscutible.
Un informe publicado al cierre de su mandato por la Fundación Ideas para la Paz concluyó que la Paz Total padeció problemas de diseño institucional y jurídico y que muchas mesas alcanzaron acuerdos que tuvieron poco impacto en las zonas donde operaban los grupos armados. La FIP también encontró que las disputas entre organizaciones ilegales pasaron de siete en 2022 a 14 al cierre del Gobierno y que en 2025 se registraron 116 enfrentamientos entre estos grupos, la cifra anual más alta desde 2016.
La organización reconoce avances puntuales, entre ellos la destrucción de material bélico de Comuneros del Sur y de la CNEB y el inicio del tránsito a la legalidad de 99 integrantes de esta última estructura. Pero advierte que ningún proceso culminó completamente en el tránsito a la legalidad de una organización y que persistieron vacíos jurídicos fundamentales.
Nariño tampoco estuvo libre de esas dificultades.
Un análisis sobre la crisis de los diálogos regionales documentó problemas de financiación para implementar acuerdos, desacuerdos sobre sustitución de cultivos de coca, fragmentación dentro de la CNEB, reiteradas suspensiones de los ciclos y dificultades de la estructura para controlar a todas sus unidades. El proceso llegó además a momentos críticos después de hechos violentos atribuidos a estructuras vinculadas con esa organización.
Es decir, defender los logros alcanzados en Nariño no obliga a desconocer los errores de la política que los produjo.
Hubo destrucción de armas y explosivos, avances de concentración de combatientes y reducciones en algunos indicadores de violencia. La propia FIP reconoce que los homicidios disminuyeron en Nariño y Putumayo, aunque advierte que esa reducción coexistió con una mayor gobernanza de actores armados y que no puede atribuirse automáticamente a las mesas de negociación.
Precisamente ahí debería concentrarse el debate público: qué funcionó, qué fracasó y qué debe mantenerse.
El problema del mensaje de Petro es que sustituye esa evaluación por una convocatoria política.
Después de cuatro años en los que su Gobierno tuvo la responsabilidad de resolver vacíos jurídicos, financiar adecuadamente la implementación, exigir mecanismos efectivos de verificación y garantizar que los grupos negociadores cumplieran sus compromisos, el expresidente propone ahora que sean los nariñenses quienes salgan a las calles para impedir el desmonte de esa política.
Escobar necesita preservar una posición propia
El gobernador enfrenta entonces una decisión política delicada. Su mayor fortaleza hasta ahora ha sido no presentarse como defensor incondicional de Petro ni como adversario de De la Espriella.
Su argumento ha sido territorial: Nariño debe ser evaluado por sus resultados.
Y probablemente allí debería mantenerse. Seguridad y paz no tendrían que ser conceptos incompatibles.
La protección de la vida exige Fuerza Pública con capacidad de control territorial, pero también justicia, sustitución sostenible de economías ilegales, inversión social, protección de comunidades y mecanismos serios para que quienes realmente abandonen las armas puedan hacerlo dentro de reglas claras.
Petro tiene derecho a defender su legado y a cuestionar las decisiones de su sucesor.
Pero también carga con la responsabilidad de explicar por qué, después de cuatro años, dejó procesos inconclusos, grupos fragmentados, vacíos jurídicos y compromisos difíciles de financiar.
Y antes de convocar un paro cívico alrededor del gobernador de Nariño, queda una pregunta inevitable:
¿está Petro ayudando a Luis Alfonso Escobar a defender los resultados de la paz territorial o está convirtiendo al gobernador en protagonista de una confrontación nacional que él, hasta ahora, ha tratado cuidadosamente de evitar?
