Pablo Emilio Obando A.
La democracia colombiana habló en las urnas y, como corresponde a una nación que aspira a la madurez republicana, lo primero que debemos hacer es reconocer de manera civilizada, respetuosa y serena el triunfo del doctor Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030.
Fue una campaña intensa, marcada por profundas diferencias ideológicas, por debates apasionados y por una evidente polarización nacional. Sin embargo, al final, el pueblo colombiano decidió respaldar unas propuestas distintas a las que representaba la izquierda en el poder. Y cuando el soberano se pronuncia, la obligación de los demócratas es aceptar el veredicto popular con altura, sin resentimientos y sin desconocer la legitimidad del mandato ciudadano.
Ahora bien, aceptar el resultado electoral no significa renunciar al análisis político. Por el contrario, este es el momento preciso para que la izquierda colombiana emprenda una profunda reflexión sobre las razones de su derrota. Porque las derrotas, cuando se asumen con inteligencia y honestidad, también pueden convertirse en oportunidades históricas de reconstrucción.
Desde hace algún tiempo lo advertíamos: el Pacto Histórico perdió pueblo, pero ganó burocracia. Y esa quizá sea una de las explicaciones más contundentes de lo sucedido. El gobierno del presidente Gustavo Petro llegó al poder alimentado por la esperanza de millones de colombianos excluidos, olvidados y cansados de las élites tradicionales. Sin embargo, con el paso de los meses, buena parte de esa esperanza comenzó a diluirse en medio de prácticas políticas que terminaron pareciéndose demasiado a aquello que durante años se criticó desde la oposición.
En regiones como Nariño —territorio que históricamente acompañó con entusiasmo el proyecto del cambio— muchos dirigentes del Pacto Histórico no estuvieron a la altura del momento histórico que les correspondía asumir. Algunos terminaron convertidos en simples administradores de cuotas burocráticas, en repartidores de cargos y contratos, en pequeños caciques regionales aferrados al poder institucional. Las entidades públicas dejaron de concebirse como instrumentos para transformar la realidad social y pasaron a convertirse, en numerosos casos, en fortines clientelistas.
Y allí comenzó una fractura silenciosa entre el discurso y la práctica.
Porque el pueblo colombiano puede perdonar errores administrativos, pero difícilmente perdona la incoherencia moral. Mucho menos cuando quienes prometieron una nueva forma de gobernar terminan reproduciendo las mismas conductas que durante décadas cuestionaron con severidad.
La izquierda perdió conexión con la ciudadanía porque muchos de sus dirigentes olvidaron que el poder no es un privilegio sino una responsabilidad histórica. Se alejaron de las comunidades, dejaron de escuchar las necesidades reales de las regiones y se encerraron en los laberintos de la burocracia estatal. El lenguaje popular del cambio fue sustituido por la arrogancia ideológica y por una peligrosa tendencia a descalificar toda crítica.
Quienes nos atrevimos a advertir algunos errores del gobierno fuimos señalados injustamente de fascistas, derechistas o aliados de la oligarquía. Se instaló la idea equivocada de que disentir era traicionar. Y cuando una fuerza política pierde la capacidad de escuchar las voces críticas, comienza lentamente a deteriorar su vocación democrática.
Otro aspecto que generó profundas inquietudes fue la improvisación en múltiples escenarios del gobierno. Se esperaba una administración sólida, coherente y técnicamente preparada para liderar las grandes reformas sociales que Colombia necesita. Sin embargo, numerosos ministerios terminaron en manos de funcionarios sin la experiencia, el liderazgo o la solvencia intelectual requeridas para enfrentar los desafíos nacionales.
Muchos ministros fueron figuras opacas, sin iniciativa política ni capacidad de interlocución con el país. Faltó grandeza en el debate público y sobró subordinación frente a las decisiones presidenciales. El país aguardaba una generación de estadistas capaces de construir consensos; pero en varios casos encontró administradores débiles y discursos vacíos.
A ello se sumaron las permanentes salidas en falso del presidente Gustavo Petro Urrego, sus contradicciones discursivas y una sensación generalizada de improvisación gubernamental. El país esperaba serenidad institucional y claridad estratégica; no obstante, en diversos momentos el gobierno transmitió incertidumbre y desorden político.
Igualmente, decisiones como la escogencia de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial generaron amplios debates internos incluso dentro del mismo Pacto Histórico. Más allá del legítimo reconocimiento a los liderazgos sociales y étnicos, muchos sectores cuestionaron la ausencia de una discusión amplia y democrática sobre una candidatura de semejante trascendencia nacional. En política, las imposiciones suelen convertirse en heridas difíciles de cerrar.
La ciudadanía también comenzó a cansarse de las promesas que nunca se concretaban. Colombia escuchó anuncios grandilocuentes, discursos transformadores y ambiciosos proyectos; pero en muchas regiones las obras no llegaron, las soluciones se aplazaron y la vida cotidiana siguió marcada por las mismas dificultades estructurales de siempre.
La política no puede sostenerse únicamente sobre el relato simbólico. Necesita resultados concretos, eficacia administrativa y capacidad real de transformar las condiciones materiales de existencia de la población.
Sin embargo, este momento no debe convertirse en un escenario de odio o revancha. Colombia necesita superar la confrontación permanente que tanto daño le ha hecho a nuestra democracia. El triunfo del doctor Abelardo de la Espriella no debe interpretarse como una derrota definitiva de unos colombianos sobre otros, sino como una nueva oportunidad para reconstruir puentes nacionales.
El país reclama una agenda política de reconciliación, de diálogo y de acuerdos mínimos sobre los grandes problemas nacionales. Necesitamos puntos de encuentro alrededor de la educación, la seguridad, el empleo, la justicia social y el fortalecimiento institucional. La democracia no puede reducirse a la destrucción del adversario; debe ser, ante todo, la capacidad de convivir en medio de las diferencias.
La izquierda colombiana tendrá ahora la responsabilidad histórica de revisar sus errores con humildad y profundidad. Y el nuevo gobierno deberá comprender que gobernar no significa imponer, sino interpretar las múltiples voces de una nación diversa y compleja.
Al final, más allá de las ideologías y de las disputas partidistas, Colombia sigue siendo una patria herida que necesita sensatez, grandeza y liderazgo moral. Ojalá esta nueva etapa política permita recuperar la confianza ciudadana, fortalecer nuestras instituciones y construir un país donde las diferencias no nos conviertan en enemigos.
Porque la democracia auténtica no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste, sobre todo, en aprender a respetarnos, escucharnos y construir juntos el destino colectivo de la nación.
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