Primavera en noviembre.

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Entre gritos y grietas como dice Walsh, asistimos a la primavera democrática colombiana en pleno noviembre de invierno por lluvias. Lo que se presumía era un día de paro nacional y movilizaciones sociales se ha extendido a más de siete días y tal vez algunos meses más de protesta social. La agenda de la sociedad civil movilizada y en resistencia pacífica es diversa y estructural, va desde el desmonte del Escuadrón Antidisturbios ESMAD hasta la reforma pensional, tributaria, laboral, la implementación del acuerdo de paz, el cumplimiento de pactos con movimientos sociales – étnicos.

Como hoy fue Dylan Cruz asesinado el 25 de noviembre de 2019, hace noventa años lo fue Gonzalo Bravo Pérez en un 8 de junio de 1929. Ambos jóvenes estudiantes protestaban en ciclos diferentes por las mismas causas de injusticia y crisis económica nacional. El segundo en contra de la masacre de 300 personas que trabajaban en empresas bananeras y el primero en contra de más de 800 asesinatos de líderes sociales en el país desde la firma del acuerdo de paz. El segundo ciclo sobrevenía de la crisis del capitalismo internacional de 1928 y el primero de la crisis de la globalización del 2008.

La situación de reprimenda policial no es nueva en Colombia, ya casi cumplimos cien años en los que el Estado aplica la misma receta: represión – judicialización de la protesta social. Desde los años de 1920 se aplicó con mayor fuerza el despojo de tierras y la consolidación de la clase económica terrateniente versus un campesinado paria, despojado, desarraigado, desplazado a los cordones de miseria urbana y objeto de muerte. Luego de nueve décadas el problema de tierras se consideró el principal detonante de la violencia política colombiana, conflicto aun no resuelto, incluso con acuerdo de reforma rural integral.

Sin embargo la resistencia de los jóvenes ha sido también una constante en la leyenda de gestas patrióticas. Son innumerables primaveras en la que estudiantes y los sectores sociales – populares han cambiado la historia. Muchas de ellas han terminado en nuevos gobiernos y liderazgos, otras en Asambleas Constituyentes como la impulsada en 1990 y 1991.

Ejemplo de esas energías envolventes que transforman país, las tenemos luego de que el Estado reprime y hace que nazcan mártires. Pasado el asesinato de Bravo Pérez, los estudiantes lograron que el presidente de ese entonces Miguel Abadía Méndez renunciara a su cargo y cuando conmemoraban en Bogotá otro 8 de junio en 1954 nuevamente fueron reprimidos, en la calle 26 caía asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez.

“Al otro día, el 9 de junio de 1954 siendo las 11 de la mañana, tropas del Ejército Nacional de Colombia, irrumpieron la concentración estudiantil con una ensordecedora ráfaga de balas de fusil disparando en contra de los estudiantes, esta vez dejando nueve muertos y 25 heridos” relata la Comisión de Justicia y Paz en sus ejercicios de memoria histórica del conflicto colombiano.

Estos ejercicios de memoria histórica sirven para tener mayor claridad del paro de 2019. De fondo sigue estando la asimetría e injusticia del modelo económico, el cual no fue tocado en los gobiernos del Frente Nacional, ni en la Constituyente de 1991, ni en el acuerdo de paz de 2016. El terror generado por la desigualdad económica sigue generando el conflicto político, social y armado. Investigadores de la paz como Johan Galtung conceptúan que la violencia estructural es generadora de la violencia directa.

Según el Departamento Nacional de estadísticas DANE (muy cuestionado en su metodología de medición), en el 2018 el porcentaje nacional en situación de pobreza multidimensional fue de 19,6% o sea más de 8 millones 820 mil personas que no tienen ingresos dignos, tienen privación de asistencia de salud y educación, no cuentan con vivienda o servicios públicos, están desempleados y vulnerados sus derechos. Pero en algunos departamentos las diferencias son muy altas: Guainía tiene un indicador del 65% de personas en pobreza multidimensional, La Guajira 51,4%, Chocó 45,1%, Norte de Santander 31,5% y Caquetá 28,7%

El mismo DANE dice que para 2018 el porcentaje de personas en pobreza monetaria es del 27% o sea 13 millones 73 mil colombianos, quienes ganan menos de $257.433 pesos al mes. El DANE de manera ilógica expresa que quien gane más de ese valor al mes ya estaría en clase media y deja de ser pobre. Pero exactamente contra esa situación de cosas inconstitucionales y actuaciones ilógicas del Estado – Gobierno es lo que protesta grandes fuerzas de la sociedad colombiana.

Muchos jóvenes que tienen en sus mochilas la primavera a flote reclaman mayores recursos para la educación pública, en especial que sea gratuita y de calidad. Exigen que sus familiares no se mueran en las salas de urgencia de los hospitales públicos a la espera de la atención inmediata. Muchos adultos mayores con el otoño a las espaldas, también demandan que el modelo pensional cubra toda un vida laboral al servicio de los demás y puedan lograr una pensión digna. Esto es exactamente el pozo de las grandes brechas nacionales y las asimetrías de la economía.

De otra parte el investigador Gonzalo Hernández, analizando la composición del ingreso de los 45 millones de colombianos dice que seguimos teniendo una de las peores distribuciones a nivel mundial.  “Si viéramos todo el ingreso como una torta, veríamos claramente que la repartición de las tajadas es bastante inequitativa. Mientras a los nueve millones más ricos les corresponde cerca del 56% de la torta, los 36 millones restantes tienen que repartirse 44% de la torta”. Según la OCDE Colombia es el cuarto país más desigual del mundo. El 1% de la población concentra el 20% del ingreso total.

Por otra parte los hombres millonarios de Colombia tienen patrimonios por encima de toda racionalidad. Entre ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo es el más rico según la revista FORBES, su patrimonio asciende a 11 mil 400 billones de dólares y es dueño del grupo AVAL (Bancos de Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas y BAC Internacional), además dueño del periódico El Tiempo, red de hoteles Estelar y holding Corficolombiana, empresas de construcción (Episol, CCFC, Coviandes y Pisa), Porvenir fondos privados y SURA aseguradora, entre muchas otras.

La violencia estructural configurada en la pobreza y la desigualdad del ingreso / riqueza, es una de las causas directas de las expresiones de violencia directa. Es un axioma que explica las diversas dificultades sociales – políticas – económicas estructurales de diversos ciclos en el país y a la vez manifiesta el mantenimiento del modelo neoliberal por otra parte. La primavera de noviembre de 2019 no escapa a esta situación de crisis económica estructural, con un hito de debacle mundial del modelo de crecimiento económico y de acumulación de capital.

Pasaran más días y meses de protesta, tal vez hasta que más oscura esté la noche, ya que muchos sectores no quieren entender la actual situación de asimetrías. Sin embargo las primaveras democráticas sirven para proponer soluciones de fondo como un nuevo acuerdo país, una Constituyente o una reforma estructural de Estado. Hay esperanza porque hay fuerza transformadora.

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