Hasta los más cercanos al gobierno departamental no lo respaldaron; críticas llegaron desde el Pacto Histórico, organizaciones sociales y hasta de actores armados en los territorios
En un revés político significativo para la administración de Luis Alfonso Escobar Jaramillo, la Asamblea Departamental de Nariño archivó el polémico proyecto de ordenanza que buscaba autorizar la creación de una sociedad de economía mixta para desarrollar actividades mineras en el departamento. Lo que parecía una jugada estratégica del Gobernador terminó siendo una derrota incluso dentro de sus propias filas.
Durante las sesiones extraordinarias convocadas por Decreto 004 del 9 de enero de 2026, la iniciativa fue presentada como parte del paquete de proyectos para impulsar el Plan de Desarrollo “Nariño Región País para el Mundo”. Sin embargo, la propuesta no superó ni siquiera la etapa de ponencia, y fue archivada ante el rechazo casi unánime de los diputados de la comisión, incluidos varios que suelen acompañar al ejecutivo departamental en otras agendas.
¿Qué tumbó el proyecto?
Las críticas al proyecto fueron múltiples y vinieron de todos los frentes:
-
Desde el mismo Pacto Histórico, bancada afín al Gobierno nacional y parte de la coalición que respaldó al Gobernador, se cuestionó la falta de garantías para la transparencia y el posible riesgo de captura de esta sociedad por intereses privados o incluso ilegales.
-
Organizaciones sociales y sectores académicos también alzaron su voz contra la figura de economía mixta, señalando que el Estado debía crear una empresa pública minera, bajo mayor control y sujeta a veedurías ciudadanas, para garantizar que la actividad extractiva esté al servicio del bienestar colectivo.
-
Sorprendentemente, incluso actores armados con presencia en zonas de influencia minera hicieron llegar su descontento, cuestionando el modelo propuesto por el Gobierno Departamental. Algunos, según fuentes cercanas al proceso de diálogo territorial, consideran que la iniciativa podía alterar el equilibrio de control económico que ya ejercen en determinadas zonas.
Una propuesta sin consulta ni respaldo técnico
Uno de los puntos más criticados fue la falta de consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes, muchas de ellas asentadas en zonas donde se desarrollaría la actividad minera. Como lo ha documentado el Observatorio de Conflictividades y Acciones de Paz (OCAP), iniciativas como esta corren el riesgo de alimentar nuevas tensiones territoriales si no nacen del consenso y del respeto a los derechos colectivos.
Además, no se presentó un estudio técnico-financiero sólido que sustentara los beneficios reales de una empresa mixta frente a una pública, ni se conocieron los criterios para seleccionar a los posibles socios privados.
Transparencia, el talón de Aquiles
Otra crítica transversal al proyecto fue la ausencia de mecanismos claros de vigilancia y rendición de cuentas. Para varios diputados, crear una sociedad con participación privada sin blindajes suficientes abría la puerta a riesgos de corrupción, clientelismo y uso indebido de recursos públicos.
“¿Por qué no crear una empresa 100% pública con control social real? ¿Por qué abrirle el paso a un modelo mixto cuando sabemos los riesgos que eso implica en regiones afectadas por minería ilegal y actores armados?”, cuestionó uno de los diputados.
¿Y ahora qué?
Con el archivo del proyecto, el Gobernador Escobar Jaramillo enfrenta una prueba de fuego: replantear su estrategia de desarrollo económico sin improvisar fórmulas que generen más desconfianza que esperanza. El mensaje de la Asamblea fue claro: no todo vale en nombre del desarrollo.
Además, este episodio deja sobre la mesa una alerta para el futuro: en un departamento con graves problemas de gobernabilidad en zonas rurales, impulsar megaproyectos sin consultar a la base social ni construir consensos, puede convertirse en gasolina para nuevos conflictos.
Conclusión: una derrota política con sabor a advertencia
El fracaso del proyecto minero no solo deja al Gobernador sin uno de los pilares de su propuesta de desarrollo, sino que muestra la profundidad de las tensiones entre gobernabilidad, territorio y modelo económico. El mensaje fue contundente: el desarrollo minero no puede nacer entre sombras, ni caminar sobre tierras sin escuchar a quienes las habitan. ¿Se propone una solución real para el territorio y la paz, o un negocio rentable?
Ahora, la pregunta que queda es: ¿insistirá el Gobernador con una nueva versión del proyecto, más transparente y participativa, o renunciará a esta apuesta?
