Según Fundepaz, en Pasto se presentaron más de 400 afectaciones a los derechos humanos este 26 de mayo.

Por: FUNDEPAZ

Contexto General

En el marco de la movilización social, convocada por el Comité Nacional de Paro del que hacen parte numerosas agremiaciones a nivel nacional, y cuyo marco temporal arranca desde el 28 de abril del 2021 y con un carácter indefinido, la Fundación Desarrollo y Paz -Fundepaz- decidió sumarse a este gran proceso de protesta social, asumiendo un rol de garante de derechos a través de un acompañamiento IN SITU en las concentraciones y actividades programadas, esto, en correspondencia a la misión y visión de la fundación y como una necesidad sentida y urgente, dada la experiencia en escenarios de protesta pasados, en los cuales la violación de derechos humanos por diversos agentes del Estado ha sido flagrante y sistemática, a continuación se realizará un breve contexto de las actividades y procesos acompañados por FUNDEPAZ.

En este contexto, el 28 de abril del cursante se inicia en todo el país el paro nacional, cuyas demandas tenían como principal enfoque en ese momento, el rechazo contundente a la reforma tributaria presentada por el Gobierno del Presidente Iván Duque, entre otros proyectos de interés del gobierno. Para el caso de Pasto se llevó a cabo una movilización que contó con la participación de unas 10.250 personas, siendo hasta el momento, unas de las movilizaciones más grandes por el número de personas que participaron, en la ciudad[1].

El 1 de mayo se realiza una gran movilización a nivel nacional, y el departamento de Nariño no fue ajeno a este llamado, así las cosas en la ciudad de Pasto como capital del departamento, se movilizaron aproximadamente unas 7.000[2] personas de diversos sectores como los movimientos obreros, sindicales, populares y la sociedad civil, quienes manifestaron su descontento por las políticas actuales y futuras pretendidas por el gobierno; esta jornada culminó con fuertes confrontaciones entre los manifestantes y la fuerza pública y con la expedición intempestiva por parte de la alcaldía municipal de un acto administrativo que decretaba el toque de queda en la ciudad, lo cual dio pie para la detención masiva de ciudadanos y la conducción de los mismos hacia un coliseo donde se aglomeraron cerca de 200 o aún más personas. En este escenario FUNDEPAZ estuvo presente como organización de la sociedad civil y como cuerpo de derechos humanos, con el propósito de verificar las condiciones de conducción de los manifestantes, a efectos de evitar detenciones arbitrarias, y posibles malos tratos que soslayen con violación de derechos de los manifestantes. Cabe resaltar que en el curso de las labores de verificación hechas por parte de la profesional jurídica, se evidenció el desconocimiento por parte de integrantes de la fuerza pública, de los protocolos de protesta social establecidos tanto en resoluciones como en lineamientos dados por la Corte Constitucional y a la hora de hacer exigibles los mismos por parte de la profesional ante un agente de la Policía Nacional, esta fue objeto de agresiones verbales por parte de dicho agente, aspecto que suscito de manera posterior un comunicado a la opinión pública rechazando este tipo de actos de desconocimiento a la labor de los defensores de derechos humanos (Anexo No. 01).

De acuerdo a cifras oficiales como las reportadas por la Defensoría del Pueblo, el 1 de mayo, dejó un saldo de 11 personas lesionadas, de las cuales 10 de los casos ocurrieron en ejercicio del derecho a la protesta y no participantes de la misma y 1 caso de una persona perteneciente al cuerpo policial, cabe agregar que la cifra puede aumentar si se tiene en cuenta los casos que no fueron reportados o conocidos por las autoridades, como por ejemplo lesionados que no denunciaron, no fueron atendidos en centros médicos o por brigadas médicas; por su parte la Alcaldía Municipal de Pasto manifiesta que para esta fecha específica no tienen registradas en su base de datos personas lesionadas, y respecto de detenciones, la alcaldía municipal registra solo 6 personas detenidas, sin determinar qué tipo de detención es, es decir si es en el marco de un procedimiento que amerite investigaciones judiciales o por prevención como lo establece el código de policía, de darse este último escenario la información no se acerca en lo más mínimo a lo que realmente ocurrió, pues como se mencionó con anterioridad, las detenciones y traslados se acercaron aproximadamente a las 200 personas y finalmente se reportan por parte de la administración municipal, daños materiales a 3 locales comerciales y la afectación a la estatua de Antonio Nariño.

Dadas las condiciones que anteceden, para poder incidir de manera asertiva en estos escenarios, con miras a brindar una buena atención de calidad y de manera oportuna, y conocedores de las necesidades que se generan en los procesos de movilización social, se procedió desde el área jurídica de FUNDEPAZ a diseñar unas herramientas jurídicas para ser divulgadas ampliamente a la comunidad, y hacer frente a las posibles violaciones de derechos en este contexto de paro nacional, así las cosas se inicia por informar a la comunidad y a las organizaciones sociales, de la apertura de manera gratuita de la oficina jurídica de FUNDEPAZ, para atender de manera prioritaria los casos de violaciones de derechos humanos y fundamentales en el marco de las movilizaciones que iniciaron el 28 de abril del 2021, proceso que se hace a través de un comunicado que se difundió a través de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp y redes sociales, mismo que se acompañó de unas infografías con números de contacto y acciones para prevenir la Desaparición Forzada en el marco de la protesta social.

Posteriormente el 4 de mayo se convoca a una nueva movilización social por parte de estudiantes universitarios y jóvenes, con un plantón artístico en un sector estratégico de la ciudad donde se pintan murales, hay grupos musicales y de danza, en esa oportunidad la jornada trascurre en completa normalidad sin presencia de fuerza pública, solo con el acompañamiento de veedores de derechos humanos, no se registran tanto en defensoría del pueblo como en alcaldía municipal de Pasto, así como por los equipos veedores de derechos humanos, detenciones, traslados y personas lesionadas.

Dando continuidad a las actividades programadas, el 5 de mayo se realiza una movilización ciudadana por las diferentes calles de la ciudad, para lo cual realizamos un acompañamiento IN SITU, en dicha movilización nuevamente participan numerosos sectores sociales, la misma terminó en fuertes confrontaciones entre manifestantes y miembros de la fuerza pública, dejando numerosos heridos y daños materiales en diferentes lugares de la ciudad, al respecto se realizó desde el área jurídica, un acompañamiento en las labores de verificaciones a procedimientos policiales, mediaciones entre manifestantes y fuerza pública, apoyo jurídico a manifestantes conducidos a Centros de Traslado por Protección, y seguimiento a personas no localizadas en el marco de la protesta; en esta dirección de acuerdo a cifras oficiales reportadas por Defensoría del Pueblo, esta jornada dejó un saldo de 38 heridos de los cuales 31 fueron afectados en ejercicio de su derecho a la protesta y no participantes a la misma, de los cuales 6 tuvieron que ser atendidos intrahospitalariamente y 7 lesionados pertenecientes a cuerpo policial, en materia de traslados por protección se reportan 33 personas en CPT del Corazón de Jesús y 23 personas no ubicadas o localizadas.

El 6 de mayo asistimos a una reunión convocada por la Gobernación de Nariño, donde se extiende a organizaciones sociales y a equipos de derechos humanos presentes en terreno y que han estado haciendo el acompañamiento a los manifestantes en las diferentes jornadas, con el propósito de realizar un balance de la jornada del 5 de mayo y escuchar de primera mano las apreciaciones, denuncias y recomendaciones de estos equipos de verificación y así poder organizar y coordinar de una mejor manera las actividades futuras programadas en el marco del paro nacional.

Sobre este punto el Gobernador de Nariño Jhon Rojas manifestó que si bien la responsabilidad directa por temas de jurisdicción, era de la alcaldía municipal de Pasto, él como primera autoridad de policía del Departamento, haría un acercamiento y una mediación con la fuerza pública y paralelamente con la administración municipal de Pasto, y así propender y exigir el cumplimiento de los protocolos de protesta social establecidos, en igual sentido desde las organizaciones sociales y los equipos de derechos humanos se solicitó un pronunciamiento y apoyo contundente a los equipos de derechos humanos en terreno, puesto que a lo largo de las jornadas han sido desconocidos por los miembros de la fuerza pública, obstaculizando su trabajo y siendo objeto de agresiones por parte de estos funcionarios.

El 12 de mayo nuevamente la ciudadanía se moviliza, esta vez el Gobernador del Departamento acompañó toda la jornada, en la cual no hubo presencia de fuerza pública en las calles, aspecto que fue positivo y posibilitó el desarrollo de la misma sin confrontaciones de ningún tipo, esta jornada contempló la movilización de la ciudadanía por las calles principales de la ciudad y muestras culturales de danza, música y pintura en parques y diferentes sitios de la ciudad, culminando en las horas de la noche; en este orden y dirección no se registran datos de personas lesionadas, daños materiales y personas no localizadas, sin embargo se cuenta con un reporte de 9 personas detenidas arbitrariamente según cifras de la Fundación Casa de la Memoria de Nariño.

Para el 16 de mayo se realiza acompañamiento en plantón artístico en el corregimiento de Anganoy, mismo que se desarrolla en completa normalidad, sin presencia de fuerza pública, sin confrontaciones ciudadanas, no hubo personas conducidas ni reportes de personas lesionadas, así como personas no localizadas y daños materiales ocasionados.

El 18 de mayo, se convoca por parte de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y equipos de Derechos Humanos, a una actividad denominada “Plantón por la defensa de los y las defensoras de Derechos Humanos” mismo que se realizó en las instalaciones de la Gobernación de Nariño y en los cuales dentro de sus participantes, se contó con la presencia y acompañamiento de la Misión de Verificación de DDHH de la ONU, MAPP OEA y Pastoral Social. Esta jornada pretendió visibilizar las graves amenazas y los atropellos sufridos por los y las defensoras de derechos humanos, en el acompañamiento realizado en el marco del paro nacional, en igual sentido ese día se realizó la movilización de los gremios transportadores como camioneros y transporte público inter departamental. Esta actividad se desarrolló en completa normalidad, sin confrontaciones ciudadanas, sin heridos, sin reportes de personas sin localizar y sin daños materiales.

El 19 de mayo se convoca nuevamente una movilización masiva, en la que participan diversos sectores como los educadores, estudiantes de bachillerato y universitarios, sector del comercio informal, campesinos, pueblos indígenas, transportadores, gremios de recicladores, diversos sindicatos y agremiaciones, trabajadores independientes, entre otros, la movilización culminó en confrontaciones con la fuerza pública y la producción de daños materiales a entidades bancarias, y las instalaciones de Alcaldía y Gobernación de Nariño; el uso desmedido de la fuerza pública en el contexto de las confrontaciones dejó un saldo de 42 heridos, de los cuales 33 fueron hombres y 9 mujeres, de acuerdo a información recabada de las organizaciones que atendimos en terreno la jornada y recolectadas en la Fundación Casa de la Memoria de Nariño, se registran también 70 detenciones arbitrarias, de las cuales 60 fueron hombres y 10 mujeres.

Balance general entre el 28 de abril y el 19 de mayo del 2021 en Pasto.

De acuerdo a la información recolectada y reportada por las organizaciones sociales presentes en terreno y los equipos de derechos humanos, entre ellas FUNDEPAZ, a la Fundación Casa de la Memoria de Nariño, entre el 28 de abril y el 19 de mayo del 2021 se registra la siguiente información, haciendo la salvedad que muchos de esos casos no se encuentran en las bases de datos de entidades públicas y entidades oficiales, por diversos factores como la atención directa hecha por organizaciones sociales, la no denuncia o reporte de la ciudadanía, la atención de primeros auxilios recibida en centros no hospitalarios o la brindada por cuerpos de socorro en escenarios ambulantes, por lo tanto no coincidirá y tendrá una tendencia más elevada de casos.

  • 357 detenciones arbitrarias (30 de abril: 78 personas, 1 de mayo: 102 personas, 2 de mayo: 5 personas, 5 de mayo: 65 personas, 12 de mayo: 9 personas y el 19 de mayo: 70 personas) de las cuales 267 son hombres y 90 son mujeres.
  • 76 lesiones físicas (1 de mayo: 1persona, 5 de mayo: 28 personas y el 19 de mayo: 42 personas), de las cuales 64 corresponden a hombres lesionados y 12 mujeres.
  • 21 menores de edad detenidos y 6 menores de edad con lesiones físicas.

Hallazgos.

  • Desconocimiento de protocolos de protesta social y normatividad que regula la materia por parte de miembros de fuerza pública.
  • Uso desmedido y excesivo de armas no letales como gases lacrimógenos, rompiendo el equilibrio y el principio de proporcionalidad.
  • Negativa de funcionarios de Policía Nacional responsables de algunos CAI de brindar información a organismos de derechos humanos, respecto de la existencia de personas detenidas que fueron ingresadas en dichas instalaciones.
  • Incumplimiento de protocolos donde se requiere la observancia del enfoque de género por parte de la policía nacional, sobre todo en procedimientos policiales y conducción de mujeres.
  • Obstrucción por parte de la fuerza pública de la labor de verificación de protocolos y procedimientos, así como de las acciones de mediación por parte de los defensores de Derechos Humanos, así como de las labores de los cuerpos médicos que en terreno estuvieron atendiendo heridos.
  • Agresión física y verbal por parte de algunos agentes de Policía y ESMAD a Defensores de Derechos Humanos y funcionarios de Gobernación de Nariño.
  • Desconocimiento de protocolos de protesta social y normatividad que regula la materia por parte de gestores de paz de alcaldía municipal de Pasto, aspecto recibido de viva voz de algunos de los gestores, además de la baja participación e incidencia de estos en diversos escenarios donde se ha requerido su presencia.
  • Uso de lenguaje inapropiado en manifestaciones a la opinión pública, por parte de funcionarios de la Administración Municipal de Pasto, incitando al odio y criminalizando la protesta social.
  • Uso de la herramienta legal como método disuasor de la protesta social, como toques de queda intempestivos y la negativa a dar permiso para la realización de diversas actividades en espacios públicos, de acuerdo a lo denunciado por las organizaciones sociales.
  • Uso indebido de instalaciones públicas como sedes administrativas de la administración municipal de Pasto, para resguardo de Fuerza pública (acuartelamiento) y para su utilización como centros de detención, tal como lo pudo registrar la comunidad en numerosos videos donde se evidencia el maltrato y la internación de civiles por parte de la Fuerza pública al ser ingresados en estas instalaciones que por ley no cumplen con esa función específica.

En el resto del territorio de Nariño se ha podido documentar, entre otras, las siguientes afectaciones. Las comunidades campesinas del departamento de Nariño con presencia entre el sector del corregimiento de Mojarras y el municipio de Leiva, denunciaron la desaparición el viernes 14 de mayo y el posterior asesinato un día después del líder campesino Cristian Torres Cifuentes, perteneciente al corregimiento Villa Baja del municipio de Leiva y quien desempeñaba actividades en el comité de seguridad del el punto de  concentración del Paro Nacional donde confluían las comunidades de Leiva y Mercaderes[3].

Por su parte, la UNIPA denunció que el domingo 16 de mayo de 2021 miembros del Ejército Nacional dispararon contra un vehículo particular en el cual se desplazaba el minguero Erasmo Pérez Paí, de 52 años, indígena Awá del Resguardo Alto Ulbí Nunalbí, municipio de Barbacoas con rumbo a la Minga Humanitaria que se encontraba apostada en la Comunidad Predio el Verde, kilómetro 109 en el mismo municipio[4].

El hecho sucedió en el corregimiento Justo Ortiz – El Diviso, en el Municipio de Barbacoas, Nariño, a un kilómetro de donde se encuentra el primer cordón de seguridad de la guardia indígena que acompaña la Minga Awá- UNIPA. En el lugar no había ningún tipo de señalización por parte del ejército ni se encontraban realizando ningún retén. Como consecuencia de los disparos, una de las balas hirió gravemente la pierna de Erasmo, lo cual dificulta su integridad física pues limita totalmente su movilidad y posiblemente se deba amputar el pie[5].

La siguiente tabla resume diversas afectaciones como parte de la violencia sociopolítica en el marco de la movilización social entre el 28 de abril y el 19 de mayo de los corrientes, en el departamento de Nariño con especial énfasis en su capital, Pasto.

Resumen de afectaciones en contexto del Paro Nacional

Pasto y Nariño

Marzo 28 – mayo 19 de 2021

Afectaciones Cantidad
Amenazas y/u hostigamientos 6
Asesinatos 1
Desapariciones forzadas 1
Detenciones arbitrarias 357
Lesiones físicas 77
VBG contra mujeres y personas LGBTI 12
Afectaciones a la Misión Humanitaria 5

Fuente: SIVIS/Fundepaz. Diversas fuentes

Notas finales


[1] CARTA DE Jimmy Alexander Mosquera Campaña, Subsecretario de Justicia y Seguridad de la Alcaldía de Pasto: Pasto, 18 de mayo de 2021. p. 3

[2] Ibid., p.3

[3] RCN Radio. Líder campesino que participaba en el Paro Nacional fue asesinado [en línea].

<rcnradio.com/colombia/sur/lider-campesino-que-participaba-en-el-paro-nacional-fue-asesinado> [Citado el 25 de Mayo de 2021]

[4] UNIPA. Comunicado 006-2021 [en línea].

<https://www.facebook.com/unidadindigenadelpuebloawa.unipa/posts/3000228730214215> [Citado el 16 de Mayo de 2021]

[5] Ibid.

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