Pablo Emilio Obando Acosta
Hay decisiones gubernamentales que generan preocupación. Otras producen decepción. Pero existen algunas que despiertan indignación colectiva porque representan una afrenta directa contra la dignidad de un pueblo. La reciente determinación del Ministerio de Transporte de suspender la construcción de la doble calzada Pasto-Catambuco pertenece, sin duda alguna, a esta última categoría.
Durante meses, el Gobierno Nacional anunció esta obra como una realidad inminente. Se realizaron actos oficiales, se expusieron estudios técnicos, se socializaron diseños, se habló de recursos garantizados y se presentó el proyecto como una muestra del compromiso estatal con el desarrollo del sur de Colombia. A Nariño se le dijo que la obra iba. A Pasto se le aseguró que el dinero existía. A los ciudadanos se les pidió paciencia porque únicamente faltaban los procedimientos finales para iniciar los trabajos.
Hoy, de manera sorpresiva, nos dicen exactamente lo contrario. Ahora resulta que no hay recursos. Ahora resulta que las condiciones cambiaron. Ahora resulta que la obra se detiene. Y como si semejante incumplimiento no fuera suficiente, se pretende trasladar la responsabilidad al alcalde de Pasto, doctor Nicolás Toro Muñoz, bajo argumentos que no resisten el más elemental análisis.
Pretender que el alcalde de una ciudad es responsable del incremento del valor de los terrenos ubicados en el área de influencia de una obra nacional constituye una explicación tan débil como ofensiva para la inteligencia de los ciudadanos. Los procesos de adquisición predial, los avalúos, las negociaciones y la estructuración financiera de proyectos de esta magnitud corresponden a las entidades nacionales encargadas de ejecutarlos. No es el alcalde quien fija los precios de la tierra. No es el alcalde quien realiza los avalúos. No es el alcalde quien administra los recursos de la Nación destinados a las grandes obras de infraestructura.
Lo que estamos presenciando es la búsqueda desesperada de un chivo expiatorio para justificar lo injustificable. La realidad es mucho más sencilla y dolorosa: le prometieron una obra a Nariño y ahora quieren incumplirla.
Y no estamos hablando de cualquier proyecto. La doble calzada Pasto-Catambuco representa una necesidad estratégica para la movilidad regional, para la competitividad económica, para la seguridad vial y para la integración de nuestro departamento con el resto del país y con la República del Ecuador. Es una obra que impacta directamente el comercio, el transporte de carga, el turismo, la generación de empleo y la calidad de vida de miles de ciudadanos.
Nariño no puede seguir siendo tratado como una periferia olvidada a la que se le ofrecen promesas en tiempos de anuncios oficiales para luego retirarlas cuando llega el momento de cumplir.
La historia de nuestro departamento está llena de compromisos incumplidos, de proyectos aplazados y de inversiones que terminan concentrándose en otras regiones mientras el sur del país continúa esperando. Esa realidad explica la indignación que hoy se siente en las calles de Pasto y en los municipios de Nariño.
Porque aquí no solo se está suspendiendo una obra. Se está golpeando la confianza ciudadana. Se está afectando la credibilidad institucional. Se está enviando el mensaje de que las necesidades de nuestra región pueden esperar indefinidamente mientras otras prioridades reciben atención inmediata.
Lo más preocupante es el silencio resignado con el que muchas veces aceptamos este tipo de decisiones. Como si fuera normal que a Nariño se le incumpla. Como si fuera normal que las promesas gubernamentales se desvanezcan sin consecuencias. Como si fuera normal que cada generación de nariñenses tenga que seguir reclamando las mismas obras básicas de conectividad y desarrollo.
No. No es normal. Y precisamente por eso llegó la hora de levantar la voz. No se trata de defender personas ni intereses políticos particulares. Se trata de defender a Pasto, a Nariño y a una región que durante décadas ha demostrado paciencia, civismo y compromiso con el país, pero que también tiene derecho a exigir respeto.
El Ministerio de Transporte tiene la obligación moral y política de decirle la verdad al departamento. Si los recursos existían, ¿qué pasó con ellos? Si la obra era viable hace un año, ¿por qué dejó de serlo ahora? Si hubo errores de planeación, ¿quién debe responder por ellos?
Lo que no puede aceptarse es que se pretenda descargar la responsabilidad sobre autoridades locales para encubrir decisiones que corresponden exclusivamente al Gobierno Nacional.
Nariño merece respuestas. Pasto merece respeto. Y los ciudadanos merecen mucho más que excusas. La doble calzada Pasto-Catambuco no es un favor que se nos hace. Es una obligación histórica con una región que aporta al desarrollo nacional y que durante demasiado tiempo ha esperado las inversiones que le corresponden.
Que nadie se equivoque: la indignación que hoy recorre las calles de Pasto no es únicamente por una carretera. Es por la sensación, cada vez más profunda, de que al sur de Colombia se le sigue prometiendo mucho y cumpliendo muy poco. Y frente a eso, el silencio ya no es una opción
