Un debate sin garantías

 El debate sobre el paramilitarismo en Colombia, que se realizará el día de mañana en el congreso de la república es uno de los más sonados en los últimos años. Ha tenido mucha resonancia en el ámbito político nacional, pues el debate citado por el senador Iván Cepeda, ha sido susceptible de todo tipo de impedimentos. Lo anterior, debido a que desde un principio el senador del polo  anunció que la discusión se centrará en su compañero del senado: el expresidente  Álvaro Uribe.  Este debate tiene bastante relevancia porque desde sus  inicios, se hizo hincapié en la responsabilidad por parte de las instituciones públicas y del Estado, acerca de las respectivas investigaciones que tienen que ver con los nexos del paramilitarismo y narcotráfico con el ex­presidente colombiano.

 

Sin embargo, la discusión previa se ha centrado en la pertinencia del debate, en las trabas que le han puesto y los diferentes  mecanismos que se ha utilizado para evitarlo. Desde el principio se dijo que el senador Cepeda, estaba impedido para realizarlo, pues él tiene una demanda penal por parte del senador Uribe, y que eso le daba un tinte personal, más que un control político, pero esa recusación fue denegada en la comisión segunda del senado. Posteriormente, se dijo que el ex­-mandatario y ahora senador, no tenía las garantías, puesto que lesionaba su buen nombre y honra, pero tampoco fueron admitidos esos argumentos en la comisión. Por último, en la comisión de ética del senado se buscó la recusación que tampoco fue aprobada y ahí surgió el mayor problema de la discusión previa, pues dirimió en la comisión de ética, que no la acepto, pero que la modificó insistiendo en que no era admisible que se haga la pregunta de las investigaciones a las instituciones, ni al ministro de justicia, ni al fiscal general de la nación. Entonces, la comisión de ética extralimitando sus funciones limitó el debate y para lavarse las manos, dejo a potestad de la plenaria del senado si la recusación acerca del impedimento de nombrar al senador Álvaro Uribe Vélez era válida, quien a su vez aprobó el debate pero con esa modulación, un acto por sí inconstitucional.

 

Lo interesante del asunto es que esa limitación al debate, no es como se ha manifestado en varios medios de comunicación, donde hipotéticamente no se podría mencionar al senador Uribe, situación que no es cierta. Lo que implica la modulación, es que no se puede cuestionar a las instituciones públicas, un veto aún más grave que el no nombrar al ex­presidente. Si un senador, un congresista no puede exigirle a la institucionalidad avances ni resultados en las investigaciones de un tema tan álgido y delicado, con toda una serie de pruebas y denuncias en su contra a través de varios años, la pregunta es ¿Qué nos espera al resto de los ciudadanos que no tenemos ningún poder político?

 

Esta situación causa revuelo, pues si la institucionalidad esta resguardada y no hay contrapesos ni poderes válidos en el ámbito político no hay una verdadera democracia, y eso en un Estado social de derecho, con miras a solucionar un conflicto armado y un eventual acuerdo de paz, deja mucho que desear sobre las garantías que tenemos los ciudadanos.

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