Por: Luis Efrén Delgado Eraso
Presidente de ASOINAGRO
La decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de cerrar la oficina de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en Colombia representa uno de los cambios más significativos en la política de cooperación internacional de las últimas décadas.
Como toda decisión de Estado, existen argumentos que la respaldan, pero también riesgos que no pueden ignorarse. Estos riesgos son especialmente sensibles para el sector agropecuario y para departamentos como Nariño, donde la cooperación internacional ha sido, durante años, una aliada permanente del desarrollo rural.
Desde su llegada al país hace más de seis décadas, USAID ha invertido miles de millones de dólares en programas de fortalecimiento institucional, desarrollo alternativo, sustitución de cultivos ilícitos, seguridad alimentaria, emprendimiento rural, conservación ambiental, construcción de paz y fortalecimiento de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.
En Nariño, su presencia ha sido determinante. Numerosas asociaciones de productores de café, cacao, panela, coco, pesca artesanal, hortalizas y otros renglones productivos recibieron capacitación técnica, acompañamiento para acceder a mercados y apoyo en procesos de fortalecimiento organizacional, muchas veces con una visión ambiental y territorial.
Quienes respaldan la decisión del Gobierno estadounidense sostienen que Colombia debe reducir su dependencia de la cooperación internacional y fortalecer su capacidad para financiar su propio desarrollo. Argumentan que un país con mayor autonomía debe definir sus prioridades sin condicionamientos externos y que los recursos públicos nacionales deben convertirse en el principal motor de la transformación rural.
En teoría, el planteamiento resulta válido. Ninguna nación puede construir un desarrollo sostenible dependiendo indefinidamente de recursos provenientes del exterior. La verdadera soberanía también implica capacidad financiera, técnica e institucional para atender las necesidades del campo.
Sin embargo, la realidad del agro colombiano plantea serios interrogantes. El presupuesto nacional destinado al sector agropecuario continúa siendo insuficiente frente a las enormes necesidades rurales. Persisten déficits históricos en asistencia técnica, infraestructura vial, distritos de riego, investigación, crédito, comercialización y extensión agropecuaria.
En ese contexto, la salida de USAID deja un vacío considerable. No solo desaparecen recursos económicos, sino también conocimiento técnico, redes de cooperación internacional y procesos de acompañamiento que durante años fortalecieron capacidades locales.
Para Nariño, el impacto podría sentirse con mayor intensidad. Este es uno de los departamentos con mayor vocación rural del país, donde miles de pequeños productores enfrentan limitaciones para acceder a tecnología, financiamiento, asistencia técnica y mercados estables.
La cooperación internacional ha servido como complemento para impulsar proyectos que difícilmente habrían sido financiados únicamente con recursos públicos. Por eso preocupa el futuro de numerosos programas relacionados con sustitución de cultivos ilícitos, adaptación al cambio climático, agricultura sostenible, fortalecimiento de asociaciones campesinas y desarrollo empresarial rural.
Suspender o reducir estos procesos podría significar un retroceso en territorios donde construir confianza institucional ha tomado años. No obstante, esta coyuntura también puede convertirse en una oportunidad.
Si el Gobierno Nacional logra reemplazar los recursos de cooperación mediante mayores inversiones públicas, Colombia podría avanzar hacia un modelo menos dependiente y más sólido institucionalmente. Pero esa transición exige planeación, continuidad, capacidad técnica y recursos suficientes.
Cerrar una puerta sin abrir otra puede traducirse en proyectos inconclusos, pérdida de capacidades locales y menor competitividad del sector agropecuario.
El agro colombiano necesita menos confrontación ideológica y más soluciones prácticas. La cooperación internacional nunca debió verse como un sustituto de la inversión estatal, sino como un complemento para acelerar el desarrollo rural y fortalecer a las comunidades.
Hoy, el verdadero desafío no consiste únicamente en cerrar una oficina. El reto será demostrar que el Estado colombiano está preparado para asumir plenamente las responsabilidades que durante años compartió con la cooperación internacional.
Porque al campesino de Nariño poco le interesa quién financia los proyectos. Lo que realmente espera es que la asistencia técnica llegue a tiempo, que las vías se construyan, que exista crédito oportuno, que sus productos encuentren mercados y que el desarrollo rural deje de ser una promesa para convertirse en una realidad.
