Fui a visitar a una amiga y la conversación terminó revelando, sin proponérselo, una radiografía incómoda del país. Venía de un evento de un candidato al Congreso en Nariño. No fue por convicción política ni por entusiasmo democrático. Fue por miedo. Si no llevaba al menos ochenta personas, no le renovaban el contrato que tenía en Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., CEDENAR, una empresa de servicios públicos mixta, con mayoría de participación estatal.
La amiga en cuestión es madre de familia, cabeza de hogar y plenamente consciente de que lo que estaba ocurriendo no era una simple “viveza”, sino un delito. El constreñimiento al sufragante está tipificado y no admite eufemismos. Aun así, prefirió rogar, llamar conocidos, cumplir con la cuota del evento y seguir adelante. Denunciar no era una opción real. Cuando le pregunté a mi amiga por qué, la respuesta fue tan brutal como honesta: “uno no muerde la mano que le da de comer”.
Lo verdaderamente inquietante no fue solo el hecho, sino lo que vino después. Al comentarlo con otros conocidos en Nariño, las respuestas se parecían demasiado entre sí: “nada raro”, “eso es normal”, “eso lo hacen los de izquierda y los de derecha”. No hubo sorpresa ni indignación. Solo resignación. Como si la compra de lealtades, el chantaje laboral y el uso del Estado como botín fueran leyes naturales, como la gravedad o la lluvia.
Entonces empezaron a aparecer las anécdotas. Muchas. Demasiadas. Cambian los partidos, los colores y los discursos, pero el método se repite. Y ahí surge una pregunta que incomoda: ¿qué tipo de territorio puede desarrollarse si la posibilidad de cambiar dirigentes está condicionada a la promesa de un puesto o a la amenaza de perderlo? ¿Qué democracia es esa en la que votar deja de ser un derecho y se convierte en un mecanismo de supervivencia?
Esa normalización me persiguió días después en la calle. En las últimas dos semanas he visto tres robos cometidos por sujetos en moto, sin parrillero, a plena luz del día. El más reciente, a las ocho de la mañana, cerca de la Universidad Mariana. Mi reacción —y la de una señora mayor que estaba cerca— fue auxiliar a la víctima, hacer algo de ruido, intentar que no quedara completamente sola. Pero eso fue la excepción. La gran mayoría de peatones, carros y motos que circulaban por una vía principal, en plena hora pico, siguieron su camino sin inmutarse. Nadie se detuvo. Nadie preguntó. Como si nada estuviera pasando.
No son dos historias distintas. Son expresiones de un mismo deterioro social. El miedo como regulador de la vida cotidiana. En las urnas y en las calles. El cálculo individual reemplazando la acción colectiva. Que es mejor agachar la cabeza que perder el contrato. Que es mejor no intervenir que “buscarse problemas”. Que la injusticia, mientras no me toque hoy, puede esperar.
Y hay una conexión que preferimos no mirar de frente. Nos indignan los robos en la calle, la inseguridad, la sensación de abandono, pero votamos —o toleramos que se vote— por quienes llegan al poder comprando apoyos, chantajeando con contratos o repartiendo favores. Luego exigimos que esos mismos resuelvan, con nuestros impuestos, los problemas que nos desvelan. Hay un dicho viejo, de esos que no fallan: el que roba para llegar, llega para robar. Y no solo roba dinero. Roba capacidad institucional, roba confianza, roba futuro. Pretender que quienes fueron elegidos a punta de trampas gobiernen con honestidad es una forma sofisticada de autoengaño colectivo.
Pero nadie va a venir a salvarnos desde afuera. Ningún salvador de tarima ni ningún redentor de redes sociales. Si no cambiamos comportamientos, si no generamos condiciones materiales dignas, si no elegimos bien, seguiremos dependiendo del favor del politiquero de turno. Y cuando una sociedad vive de favores, no hay futuro: hay apenas una administración prolongada de la precariedad.
Las sociedades cambian cuando la gente decide cambiar. Cuando se decide a cambiar a su clase dirigente y cuando la solidaridad deja de ser una rareza y vuelve a ser una respuesta posible, en las calles y en las urnas.
A pesar de lo incierto con lo que ha iniciado el 2026, y de los dramas humanos que no se detienen ni en el mundo ni en Colombia, es necesario seguir apostándole a la construcción de un mejor territorio. No por ingenuidad ni por optimismo automático, sino porque esa apuesta hace parte de una historia más larga, de un proyecto colectivo que en Nariño tuvo rostros y nombres concretos. El sueño de un territorio digno de habitar que animó a figuras como Julián Bucheli, Daniel Zarama y tantos otros no era retórico: se expresaba en instituciones, en educación pública, en infraestructura, en la idea de que el desarrollo no debía depender del favor ni del miedo. Hoy, con otras circunstancias y otros desafíos, son más los que desde distintos lugares siguen trabajando con ese mismo propósito: construir condiciones de vida dignas, fortalecer lo común y negarnos a aceptar que la corrupción y la violencia sean el destino inevitable de nuestra historia.
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