Pablo Emilio Obando A
“En estos días hemos incautado casi quince toneladas de cocaína sin muertos. Pero en la frontera con el Ecuador hay decenas de muertos calcinados”.
Gustavo Petro.
¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz? Eso suena a traición, eso suena a mentira”.
Gustavo Petro.
Hablar hoy de paz territorial en Nariño es, tristemente, hablar de una promesa incumplida, de un experimento político fallido y de un territorio que, lejos de transitar hacia la reconciliación, terminó atrapado en las garras más voraces de la economía ilegal.
La paz que se anunció para los territorios no llegó. No se sembró institucionalidad, no se consolidó la autoridad del Estado, no se protegió a las comunidades. Lo que sí floreció —con rapidez alarmante— fue la expansión de los cultivos ilícitos, la instalación de laboratorios de pasta de coca y el fortalecimiento logístico y militar de los grupos armados ilegales que encontraron en los llamados diálogos una oportunidad estratégica para afianzar su dominio.
Se habló de desescalar la violencia, pero lo que ocurrió fue un reacomodo criminal. Mientras el Estado negociaba, los ilegales avanzaban. Mientras se instalaban mesas, ellos instalaban laboratorios. Mientras se hablaba de confianza, ellos sembraban miedo.
Hoy vastas zonas de Nariño viven bajo control de estructuras armadas que regulan la vida cotidiana, imponen normas, controlan economías y ejercen una soberanía de facto ante un Estado que aparece distante, débil o, peor aún, silencioso.
Y ese silencio comienza a tornar sospechoso.
La reciente explosión de varios laboratorios de pasta de coca en territorio nariñense no solo evidencia la magnitud de la infraestructura del narcotráfico instalada en la región, sino que deja al descubierto la fragilidad —o el fracaso— de los mecanismos de verificación y control dentro de los diálogos territoriales.
¿Cómo pudieron proliferar complejos cocaleros de gran escala en zonas catalogadas como escenarios de paz?
¿Cómo crecieron estas economías ilícitas bajo la sombra de negociaciones que, en teoría, buscaban desmontarlas?
Investigaciones periodísticas de medios como La Raya y La Silla Vacía han revelado elementos aún más inquietantes: operaciones de bombardeo con drones y tecnología de alta precisión contra estos laboratorios, ejecutadas desde territorio ecuatoriano y, presuntamente, con apoyo y asesoría norteamericana. Un hecho que internacionaliza el conflicto, expone la dimensión transnacional del narcotráfico en Nariño y deja en evidencia que la región ya no es solo un problema local, sino un punto estratégico en el radar de seguridad hemisférica.
Nariño pasó de ser territorio de diálogo a teatro de operaciones. De laboratorio de paz a laboratorio de coca. Las cifras de producción ilícita y la expansión de corredores del narcotráfico confirman lo que las comunidades denuncian en voz baja: los diálogos territoriales terminaron cediendo control real de extensas zonas a los grupos ilegales, quienes aprovecharon los ceses, las flexibilidades operativas y la reducción de presión militar para fortalecerse económica y territorialmente.
En ese contexto, resultan inquietantes las declaraciones del presidente Gustavo Petro Urrego tras la explosión de uno de estos complejos en zona de negociación. Afirmó que el hecho era “sospechoso” y que le “olía a traición”.
La pregunta que queda flotando —inevitable y punzante— es:
¿A quién iba dirigida esa acusación?
¿Al gobernador de Nariño?
¿A los actores armados sentados en los diálogos?
¿A sectores de la Fuerza Pública?
¿O a intereses internacionales que operan en la sombra del negocio?
La ambigüedad del señalamiento no solo genera incertidumbre política, sino que profundiza la sensación de descontrol institucional sobre lo que realmente ocurre en el territorio.
Entre tanto, la situación de orden público se deteriora aceleradamente. Municipios confinados, líderes amenazados, economías lícitas desplazadas y comunidades atrapadas entre actores armados configuran un panorama humanitario alarmante.
A ello se suma la denuncia presidencial sobre la existencia de decenas de muertos en la frontera con Ecuador como consecuencia de los bombardeos a los laboratorios. Muertes que, más allá de su origen, evidencian que la guerra no se ha ido: apenas cambió de forma, de actores visibles y de métodos.
Nariño está hoy en el ojo de Norteamérica. No por su riqueza cultural, ni por su potencial agrícola, ni por su valor geopolítico positivo, sino por su consolidación como enclave productor de coca y nodo o centro logístico del narcotráfico regional.
Ese es el saldo más crudo de una paz territorial mal concebida, peor ejecutada y peligrosamente romantizada desde los escritorios del poder central.
Cuando la paz se negocia, como lo advertimos reiteradamente, sin control territorial efectivo, sin presencia integral del Estado y sin sometimiento real de las economías ilegales, lo que se firma no es la paz: es una cesión de soberanía.
No nos queda duda, los responsables políticos de este fracaso deben asumir su equivocación histórica. Persistir en unos diálogos que, lejos de debilitar al crimen, lo han fortalecido, equivale a prolongar un engaño nacional con consecuencias cada vez más graves.
Nariño exige hoy una revisión serena, pero firme. Una evaluación sin triunfalismos ni discursos complacientes. Una rectificación que ponga en el centro la seguridad de las comunidades y la recuperación real del territorio.
Porque, consideramos, la paz, cuando es auténtica, se siente en las calles, se respira en el campo y se refleja en la tranquilidad de la gente.
Pero cuando es fallida —como hoy en Nariño— solo deja territorios sitiados, economías criminales fortalecidas y un silencio que ya no es esperanza… sino miedo.
