Por: Tirso Benavides Benavides
Dicen que el poder no cambia a las personas, sino que simplemente les quita la máscara. Lo que hoy vemos en los pasillos de la Casa de Nariño no es una ruptura con el pasado, sino un calco de las mismas mañas que ayer denunciaban los trinos de la oposición. Aquellos que llegaron con el látigo en la mano para expulsar a los mercaderes del templo, han terminado por acomodar a sus propios parientes, en cargos y con contratos, que les garantizan una generosa porción del banquete oficial. La indignación, al parecer, era apenas un tiquete de entrada, una vez adentro, ya en el Gobierno, se olvidaron de las pancartas de protesta y se abrazaron a las chequeras, demostrando que en Colombia la corrupción no tiene ideología, que es un mal hábito que practica el avivato de turno.
En la presidencia del “cambio” la continuidad de las malas prácticas administrativas es notoria. No se respira una nueva ética, sino el aroma rancio de la vieja política: ese perfume de influencias y parentelas que convierte al Estado en una piñata familiar.
Es inevitable comparar esta nueva camarilla de beneficiados del erario con los tristemente célebres “boliburgueses”, aquí, hemos visto nacer a los “petroburgueses“, esa élite que mientras predica la austeridad y la justicia social, se dedica a engordar sus cuentas bancarias mediante una red intrincada de influencias que hace que cualquier promesa de transparencia sea vana.
El Ministerio de Salud, bajo la batuta de Guillermo Alfonso Jaramillo, parece haber mutado en una oficina de bienestar familiar para estos nuevos privilegiados. El festín allí supera los 3.200 millones de pesos. Su esposa, Beatriz Eugenia Silva, funge como Superintendente de Salud Delegada para la Protección al Usuario, un puesto que además de una cuantiosa asignación salarial, implica una relación directa con la cartera de su cónyuge, lo que acarrea un alto riesgo de que existan conflictos de intereses. Su hijo, Alejandro Jaramillo, despacha como asesor en ProColombia en el Reino Unido con un contrato de 720 millones de pesos. Pero la red es más amplia: su hijastro, Sebastián Laverde, recibió contratos por 96 millones en la ADRES, y su sobrino, Sebastián Jaramillo, otros 72 millones en la misma entidad. Es un entramado donde el presupuesto oficial parece ya un paciente desahuciado.
Antonio Sanguino, ministro de trabajo no se queda atrás. El funcionario parece haber confundido su cartera con una bolsa de empleo para su círculo íntimo, logrando adjudicaciones que superan los 1.000 millones de pesos. Su esposa, Diana Meza, obtuvo jugosos contratos de asesoría en el SENA, entidad adscrita precisamente a ese Ministerio, por más de 450 millones de pesos, mientras que su hermano, Jairo Sanguino, fue favorecido en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con contratos que suman 550 millones.
A esta famiempresa en la que parece haber mutado el Gobierno se suma el director de RTVC, Hollman Morris, cuyos familiares, entre ellos su hermano Juan Pablo Morris y otros parientes cercanos, han logrado captar al menos 10 contratos con diversas entidades como el Ministerio de Cultura y el IPSE, sumando más de 732 millones de pesos. Y la lista se expande como una mancha de aceite a otras entidades de orden nacional. Casos similares han visto en el Ministerio de Cultura, o con la exministra de Minas Irene Vélez, cuyo esposo, el holandés Sjoerd van Grootheest, obtuvo un contrato de 128 millones con el Fondo Colombia en Paz, y la exministra Aurora Vergara, cuyo consorte, Víctor Olmedo Martínez, recibió 90 millones en la Defensoría del Pueblo.
Una danza de millones en que el círculo íntimo de los poderosos baila en ronda, al ritmo de la complicidad de esta rosca de afortunados que viven sabroso apalancados en altos ingresos.
Ante este escenario solo queda el sinsabor de una incoherencia que raya en el cinismo. Aquellos que incendiaban las redes sociales criticando el nepotismo ajeno, hoy se abrazan a él con un hambre atrasada. Han olvidado sus propias críticas para aplicar un doble rasero vergonzoso.
Y ya que hablamos de rasero, no podemos olvidar a David Racero, el congresista del Pacto Histórico que personifica esta contradicción. Mientras da lecciones de ética, su familia se atornilla al Estado. Su tío, José Mallorca, fue ubicado en el SENA con un contrato de 140 millones de pesos, y su primo, Jorge Mallorca, en su Unidad de Trabajo Legislativo con ingresos que superan los 120 millones. Algo que confirma su carencia ética, realidad que ya había quedado expuesta en aquel Fruver familiar donde, lejos del discurso de dignidad laboral, ofrecía a sus trabajadores salarios inferiores al mínimo, en extensas jornadas en las que debían hacer de todo, hasta a lavar los inodoros.
Al final, la promesa de una transformación estructural parece haberse reducido a un simple cambio de nombres en la nómina, manteniendo los vicios que juraron combatir. No se puede construir una nueva nación sobre los cimientos de la vieja maña. La historia es implacable con la incoherencia, la ciudadanía no votó por una nueva élite de privilegiados, sino por un manejo transparente de recursos públicos que hoy brilla por su ausencia. Cuando la ética se sacrifica en el altar del afecto y el interés privado, lo que queda no es un proyecto de país, sino apenas una rosca más celebrando su fortuna mientras el pueblo observa, desde afuera, cómo se reparten el botín.
