Pablo Emilio Obando A.
En Colombia la paz dejó de ser, para muchos territorios, un propósito constitucional y comenzó a parecerse peligrosamente a un juego infantil. “Juguemos a los congelados”, se escucha en videos y pronunciamientos que hoy circulan ampliamente en redes sociales, en medio de reuniones y acercamientos entre integrantes del llamado Clan del Golfo y algunos negociadores del Gobierno Nacional dentro de la denominada política de “paz total”. La frase no es menor. Tampoco inocente.
En los juegos de infancia, quedarse congelado significa no atacar, no moverse, no intervenir. Y precisamente esa parece ser la percepción que quedó sembrada en buena parte de la opinión pública: una especie de acuerdo tácito donde el Estado aparenta combatir mientras los grupos ilegales continúan expandiendo su poder territorial, económico y militar sin mayores afectaciones.
El problema no es dialogar. Colombia ha dialogado durante décadas buscando cerrar ciclos de violencia. El problema aparece cuando la negociación comienza a confundirse con permisividad; cuando la búsqueda de paz termina interpretándose como suspensión práctica de la autoridad legítima del Estado.
Porque la Constitución Política de Colombia no autoriza al Estado a “congelarse” frente al crimen organizado. Por el contrario, le impone la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. El artículo 2 constitucional es contundente: las autoridades están instituidas para garantizar derechos y asegurar la convivencia pacífica. No para observar pasivamente cómo estructuras criminales se fortalecen mientras se desarrollan conversaciones políticas o sociojurídicas.
La llamada “paz total”, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, abrió un escenario novedoso de negociación con diversos actores armados. Sin embargo, incluso sectores que apoyaron inicialmente la idea comienzan a expresar preocupación por los resultados concretos del proceso. Informes recientes y análisis de medios nacionales e internacionales muestran que el Clan del Golfo no solo mantuvo capacidad operativa durante los diálogos, sino que fortaleció su presencia territorial y aumentó considerablemente su número de integrantes.
Las cifras inquietan. Diversos análisis advierten un crecimiento sostenido de las economías ilegales, especialmente del narcotráfico, la minería ilegal y las redes de control territorial. Mientras tanto, regiones enteras continúan atrapadas entre confinamientos, desplazamientos y amenazas permanentes. La paz prometida parece no haber llegado a los campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes que siguen viviendo bajo el miedo cotidiano.
Y allí surge la pregunta más dolorosa: ¿quién protegió realmente a la población civil mientras el Estado “jugaba a los congelados”?
Porque en muchas regiones del país la realidad humanitaria no mejoró. Los desplazamientos forzados continuaron. Las amenazas contra líderes sociales persistieron. El reclutamiento de menores no desapareció. El control social armado siguió imponiendo horarios, silencios y fronteras invisibles.
En departamentos como Nariño, la situación resulta especialmente alarmante. Mientras desde Bogotá se habla de avances en procesos de paz, numerosos municipios continúan registrando terror, confinamiento y presencia armada ilegal. Familias enteras abandonan sus parcelas buscando refugio en cabeceras municipales. Niños crecen escuchando fusiles antes que oportunidades. Mujeres sobreviven entre el miedo y el abandono estatal. Ancianos observan cómo la guerra nunca se fue, simplemente cambió de nombre.
Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? Una paz auténtica no puede medirse únicamente por el número de mesas instaladas o comunicados firmados. Debe medirse por la tranquilidad real de la población. Por la recuperación efectiva del territorio por parte del Estado. Por la disminución del narcotráfico. Por la capacidad de los ciudadanos de vivir sin miedo.
Y justamente ahí aparece otra dimensión preocupante: la internacional. ¿Cómo observa hoy el mundo a Colombia? La credibilidad internacional del país enfrenta serios cuestionamientos cuando los indicadores muestran expansión de cultivos ilícitos, crecimiento del narcotráfico y fortalecimiento de estructuras criminales. Organismos internacionales y gobiernos extranjeros observan con inquietud cómo grupos armados ilegales parecen consolidar poder económico y militar en medio de negociaciones abiertas.
El riesgo es enorme. Cuando el crimen organizado percibe debilidad institucional, interpreta el diálogo no como una oportunidad de sometimiento a la justicia, sino como una ventana estratégica para reorganizarse, expandirse y legitimarse territorialmente. Y eso tiene consecuencias profundas.
Consecuencias económicas, porque las economías ilegales desplazan la producción legal y destruyen oportunidades para miles de campesinos. Consecuencias sociales, porque la violencia termina normalizándose en comunidades abandonadas históricamente. Consecuencias morales, porque las nuevas generaciones crecen viendo cómo quienes empuñan las armas obtienen poder, reconocimiento e interlocución política mientras el ciudadano honesto sobrevive entre la incertidumbre.
Nadie puede negar que Colombia necesita la paz. La necesita urgentemente. Pero una paz verdadera jamás puede construirse sobre el miedo silencioso de las regiones ni sobre acuerdos ambiguos que terminan debilitando la autoridad legítima del Estado.
La paz no puede convertirse en una escenografía política. La paz no puede ser una fotografía diplomática mientras los territorios continúan sangrando. La paz no puede ser el disfraz elegante de la expansión criminal. Porque entonces deja de ser paz y se convierte simplemente en una pausa táctica de la violencia.
Tal vez el próximo gobierno tenga la tarea más difícil de todas: descongelar a Colombia. Recuperar territorios abandonados. Restablecer la autoridad legítima. Reconstruir la confianza ciudadana. Y, sobre todo, devolverle a los colombianos la certeza de que el Estado no negocia su seguridad ni entrega silenciosamente regiones enteras al poder ilegal.
Lo verdaderamente grave es que ya no estamos hablando de un juego de niños. Estamos hablando de la vida de millones de colombianos. Estamos hablando de una paz convertida en espectáculo mientras en muchos rincones del país continúan la muerte, el hambre, el desplazamiento y el terror.
Y frente a eso, Colombia no puede seguir jugando a LOS CONGELADOS.
