La situación del agua en Ipiales no puede explicarse únicamente por la sequía, por la contaminación del río Blanco o por una contingencia reciente. Los documentos técnicos muestran un problema más complejo: una fuente de abastecimiento vulnerable, infraestructura con varias décadas de operación, pérdidas de agua superiores al 50%, antecedentes de incumplimientos en calidad, dificultades en la ejecución y reporte de inversiones y, finalmente, una emergencia sanitaria que en 2026 obligó a restringir el consumo directo del agua distribuida por la red.
EMPOOBANDO E.S.P. presta el servicio a 28.331 suscriptores de acueducto y 26.373 de alcantarillado, según el Registro Único de Prestadores actualizado a enero de 2025. El sistema urbano se abastece principalmente del río Blanco mediante dos captaciones, aducciones, desarenadores, conducción, dos plantas de tratamiento convencionales, seis tanques y redes de distribución. El problema comienza en la fuente: CORPONARIÑO ha documentado vertimientos sobre el río Blanco y sus afluentes provenientes de aguas residuales domésticas y actividades productivas aguas arriba. Particularmente relevante es el río Chiquito, que desemboca en el Blanco antes del actual punto de captación de Ipiales y recibe descargas provenientes del municipio de Cumbal.
A esa vulnerabilidad ambiental se suma la edad de parte de la infraestructura. La inspección de Superservicios realizada en junio de 2025 encontró que uno de los módulos de captación fue construido en 1942 y otro en 1976; una de las aducciones y uno de los desarenadores también datan de 1942. Incluso la Superintendencia registró que las estructuras de captación no contaban con instrumentos para medir directamente el caudal captado. La antigüedad por sí misma no significa que una estructura sea inoperante, pero sí exige mantenimiento, reposición, instrumentación y capacidad de tratamiento acordes con las condiciones actuales de la fuente y con una ciudad que hoy supera ampliamente las dimensiones para las cuales se concibió originalmente el sistema.
Uno de los indicadores más reveladores es el Índice de Agua No Contabilizada, IANC. Durante 2024 EMPOOBANDO E.S.P. produjo 7,35 millones de metros cúbicos y facturó 3,33 millones: el IANC promedio fue de 54,66 % y llegó a 62,32 % en octubre. Entre enero y abril de 2025 se produjeron 2,38 millones de metros cúbicos y se facturaron 1,12 millones, para un promedio de 52,74 %. El IANC no representa exclusivamente agua derramada por fugas; incorpora pérdidas físicas y comerciales, problemas de medición y consumos no contabilizados. Pero que más de la mitad del volumen producido no se refleje en el agua facturada evidencia una ineficiencia estructural considerable.
La calidad tampoco apareció como problema únicamente en 2026. Los resultados de vigilancia registrados en SIVICAP muestran que durante febrero, abril, mayo, octubre y noviembre de 2024, y en febrero, marzo, abril y junio de 2025, el IRCA mensual clasificó el agua distribuida en nivel de “riesgo bajo”, es decir, por encima del nivel “sin riesgo” exigido para agua apta para consumo humano. En marzo de 2025, por ejemplo, el IRCA llegó a 11,81. Superservicios concluyó expresamente que durante esos meses se suministró agua no apta para consumo humano según los parámetros de vigilancia sanitaria.
En 2026 la problemática escaló. Entre el 12 y el 28 de julio se notificaron al menos 382 casos de Enfermedad Diarreica Aguda; en muestras biológicas de pacientes se identificó principalmente norovirus. Ese hallazgo no permite establecer, por sí mismo, que el agua haya sido la causa del brote, pero llevó a intensificar la vigilancia sanitaria. El 6 de agosto el diagnóstico oficial registró para el sistema un IRABApp de 50 puntos, correspondiente a riesgo alto; además se identificaron problemas de turbiedad y de desinfección. El Pozo Versalles, utilizado como fuente complementaria, también fue objeto de restricciones. El IDSN determinó que el agua no debía consumirse directamente y ordenó medidas de contingencia y seguimiento.
La contingencia no se resolvió inmediatamente. A comienzos de septiembre seguían reportándose parámetros fuera de norma en turbiedad, pH y cloro residual, y el Gobierno Departamental declaró calamidad pública por las condiciones del agua destinada al consumo humano. Al 23 de septiembre, la información pública disponible todavía señalaba que permanecía vigente la alerta sanitaria y continuaban las restricciones sobre el sistema de abastecimiento y el Pozo Versalles.
Existe además un componente financiero y de infraestructura que merece seguimiento. El Plan de Obras e Inversiones Regulado de EMPOOBANDO E.S.P. contemplaba $12.681 millones, de los cuales $8.173 millones correspondían a acueducto. Incluía optimización de la aducción, macromedición, reposición de redes y predios para una nueva PTAP. Sin embargo, al consultar el SUI, Superservicios encontró que no aparecían inversiones reportadas desde 2019 y señaló incumplimientos frente al plan. La propia entidad también advirtió problemas en la información disponible, por lo cual sería incorrecto concluir simplemente que las inversiones no se realizaron; el problema técnico es precisamente que no podían verificarse adecuadamente mediante los reportes regulatorios.
La solución que hoy se proyecta confirma, de alguna manera, dónde está una parte central del problema. En septiembre de 2026 se aprobaron $22.228 millones para estudios, diseños y construcción de una nueva captación, desarenador y línea de conducción. La propuesta pretende trasladar la captación aproximadamente 5,5 kilómetros aguas arriba, antes de la desembocadura del río Chiquito en el río Blanco, para recibir agua en mejores condiciones antes de uno de los principales aportes contaminantes. Paralelamente se estimaron alrededor de $3.200 millones para intervenciones inmediatas en la planta y en la infraestructura existente.
Ahí está, quizá, la dimensión real del problema de Ipiales. No se trata solamente de conseguir más agua: se necesita proteger la fuente, captar en mejores condiciones, medir cuánto entra al sistema, reducir pérdidas superiores al 50%, optimizar el tratamiento, garantizar desinfección, modernizar redes y ejecutar inversiones verificables. La emergencia de 2026 hizo visible una vulnerabilidad que los indicadores técnicos venían mostrando desde antes. La solución tampoco puede medirse únicamente por el levantamiento de una alerta sanitaria; tendrá que medirse por algo mucho más exigente: un sistema capaz de demostrar, con indicadores de calidad, continuidad y eficiencia, que el agua que produce puede llegar de manera segura y sostenible a más de cien mil habitantes.
