El Consejo de Estado ordenó pruebas en el caso del representante liberal por la demanda de pérdida de investidura que cursa en su contra, interpuesta por un exmiembro de su UTL por presunta destinación indebida de dineros públicos, quien asegura que le exigían parte de su sueldo para “líderes políticos”. Fue citado a rendir testimonio.
Esta nota es parte del archivo histórico de Página 10.
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