Carta de batalla: una crítica a la Constitución Política de 1991

Nombro esta columna parafraseando el titulo del libro de Hernando Valencia Villa Cartas de batalla. Una crítica al constitucionalismo colombiano, donde él en una reconstrucción histórica concluye que las constituciones en Colombia han tenido un factor común: la dependencia y la manipulación a las que son sometidas según los vientos políticos de la época. Lo hago, porque a treinta años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, creo que sigue habiendo lugar a interrogarnos si aquella fue un tratado de paz o una carta de batalla más.

Personalmente, aunque reconozco la relevancia de la Constitución que actualmente nos rige y sus desarrollos en relación a su antecesora, la “sacrosanta” Constitución de 1886, me inclino más por comprender aquella como una verdadera carta de batalla, ideológicamente regida por el neoconservadurismo norteamericano que desde 1980 mediante el documento Santa Fe I y de manera más concreta en el documento Santa Fe II de 1988, trazó la estrategia de política exterior del país del norte en relación a América Latina, donde advirtiendo que en el horizonte se encontraban problemas asociados al comunismo internacional, reclamaban el establecimiento de un régimen permanente (fuerzas armadas, poder judicial y burocracia civil) que se mantuviera intacto con el cambio de las elecciones, esto es, como lo apunta Valencia, una “estrategia ideológica preventiva del cambio social y generadora del consenso político”.

A este sustrato ideológico se le suma un acontecimiento político muchas veces pasado por desapercibido o en el mejor de los casos tomado como una mera coincidencia. El 9 de diciembre de 1990, mientras se realizaban las votaciones para elegir a los constituyentes, las fuerzas militares adelantaban la denominada Operación Colombia mediante la cual buscaban dar de baja al secretariado de las extintas FARC-EP ubicado en la zona conocida como Casa Verde donde infructuosamente habían buscado desde 1984 poner fin mediante el diálogo al conflicto armado. Con la votación se elegía mayoritariamente a los partidos tradicionales para reformar la Constitución. Con el bombardeo se excluían a quienes desde el documento Santa Fe II eran leídos como “problemas” para el “retorno” a la democracia en América Latina.

Sumados a estos dos elementos, considero relevante desmitificar la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y por consiguiente la Constitución Política del mismo año como una gesta estudiantil. Esta narrativa, sin desconocer las gestiones hechas por los estudiantes de la época, obscurece una realidad inobjetable: la alineación de las élites en Colombia con la reforma de la Constitución Política de 1886. De lo contrario, resulta totalmente inverosímil la benevolencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al avalar la séptima papeleta, el apoyo irrestricto de los grandes medios de comunicación de la época El Espectador y El Tiempo al impulsar mediante editoriales y la impresión de papeletas,  el respaldo de Virgilio Barco, presidente del momento y quien ya a inicios de su mandato había intentado la reforma e incluso el respaldo de distintos sectores asociados al narcotráfico que buscaban la eliminación de la extradición, como se constató el 19 de junio de 1991 al entregarse a las autoridades Pablo Escobar tan pronto fue prohibida dicha figura.

Estimo urgente tener presente los elementos anteriores para justipreciar la Constitución Política de 1991, tanto en su inspiración como en su implementación, ya que ello puede aclararnos los limites de la misma, propios e impuestos. De acuerdo a una encuesta publicada este domingo por El Tiempo, la mayoría de los colombianos (81,2%), consideran que lo que debe buscarse, antes que reformar la Constitución, es su cumplimiento. Sin embargo, cabe señalar que la Constitución Política de 1991 ya ha sufrido 55 enmiendas (22 en lo que llevamos de los gobiernos uribistas), algunas, como la reelección presidencial promovida por Álvaro Uribe, que trastocaron hasta los cimientos los pesos y contrapesos que se había buscado inicialmente establecer.

Paradójicamente, tal como lo indica esa misma encuesta, pese a que para la mayoría de los colombianos la imagen de la Constitución Política de 1991 les resulta indiferente (46,3%), en parte, seguramente, porque ni siquiera la conocen, se valora como lo más positivo de la misma la acción de tutela, es decir, lo más positivo de la Constitución Política de 1991 para 92,7% de los encuestados es contar con un mecanismo que les haga valer sus derechos fundamentales. Esto es, vista la tendencia creciente de tutelas radicadas en la Corte Constitucional desde 1992 a la fecha, así como la declaratoria de grupos poblacionales en un estado de cosas inconstitucional, como las más de seis millones de víctimas de desplazamiento forzado, que el mismísimo artículo 1 de la Constitución se incumple. Tal como lo advirtió el constituyente Antonio Navarro, el Estado social de Derecho no es una realidad.

Y no se cumple, creo yo, por la existencia de una contradicción interna en nuestra constitución entre el Titulo II. De los derechos, las garantías y los deberes, y el Titulo XII. Del régimen económico y de la hacienda pública, que hoy en día se agudiza aun más, dado que el capitalismo en su fase neoliberal no entiende de derechos o garantías, sino de servicios, servicios a los que se accede solamente si tengo dinero, y así, hemos terminado negociando con la salud, la educación, la vivienda e incluso, la misma naturaleza. Entonces, paradójicamente, si lo que se trata es de cumplir la Constitución Política de 1991, urge, primero, interpretar con mayor precisión su espíritu; segundo, realizar una serie de reformas que nos permitan reincorporar a la misma el espíritu perdido; y tercero, establecer criterios más altos para su reforma.

Coda: El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, como el segundo pacto político más importante del país en los últimos 30 años, corre la misma suerte de la Constitución Política de 1991, no está siendo implementado en su espíritu y letra.

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