De la dictadura fiscal y otros demonios (I).

Por principio no me opongo porque sí a la reforma tributaria presentada recientemente por el Gobierno de Iván Duque. De hecho, procuro no estar a favor o en contra de alguien/algo hasta antes no aplicar la máxima que reza: análisis concreto de la situación concreta. Es por esto que, más allá de prestar especial atención a las notas en radio, televisión y prensa que se han ocupado del proyecto de ley Nº 594 de 2021, he querido estudiar por mi cuenta los contenidos de esta iniciativa legislativa, especialmente, lo concerniente a su exposición de motivos.

La exposición de motivos es un acápite que integra todo proyecto de ley o proyecto de acto legislativo, en el cual se espera que el autor(a) de la iniciativa exponga de manera clara las razones (políticas, económicas, sociales, culturales, etc.,) por las cuales ha decidido presentarla. Habiendo prestado atención, como ya lo advertía, a las distintas notas sobre la reforma tributaria, en todas halle un vacío: la reflexión/discusión sobre los planteamientos del Gobierno Nacional en torno a la razón de ser de la reforma, contenida en las primeras veinte páginas de su exposición de motivos.

Lejos de las medidas con impacto a corto y mediano plazo presentes en el articulado que han levantado tantas reacciones, genuinas e impostadas, se encuentra a mi criterio la nuez del asunto, que para muchos puede ser una verdad de Perogrullo en aquellas veinte páginas: Colombia perdió, si algún día la tuvo, su independencia, y por ello, en un Estado centralista como éste, las regiones estamos sometidas a las pésimas decisiones de los políticos y tecnócratas que recorren los pasillos de la Casa de Nariño pero jamás han puesto un pie, en nuestro caso, en las veredas de Nariño.

Elección tras elección presidencial los candidatos de turno convencen a muchos prometiendo que bajo su mandato reducirán impuestos y aumentaran salarios. Esta es ya una frase de cajón que todo indica da muchos votos. Sin embargo, una vista panorámica a la historia reciente de Colombia nos dice que tan solo en las últimas dos décadas se ha realizado 12 reformas tributarias. Esto es, o las finanzas del país son un desastre o nuestros mandatarios unos pésimos administradores o perdimos toda soberanía económica. La verdad es que se trata de una suma de todas las anteriores.

Colombia se encuentra desde hace muchos años en una situación financiera sumamente crítica, producto en primera medida de una apertura económica desde inicios de la década de 1990 sin mayor preparación de la matriz productiva; segundo, una destrucción acelerada de la misma matriz productiva debido a los Tratados de Libre Comercio; y tercero, una reprimarización de la economía, basada en la explotación de materias primas, que nos atan ineludiblemente a las fluctuaciones de los precios internacionales con las que éstas se cotizan en las bolsas. Por su parte, los mandatarios no han gobernado para Colombia si no para quienes creen que pueden lucrarse de Colombia, de ahí que un pilar de la política económica desde inicios del siglo XXI haya sido la tan cacareada confianza inversionista. Ésta gestión para terceros, sumada al endeudamiento siempre creciente, en gran medida relacionado con un gasto en armas y equipamiento militar desmesurado, hoy nos tienen sometidos a la más dura dictadura fiscal.

Esta dictadura fiscal es ejercida por firmas como S&P, Moody’s y Fitch Rating, las cuales, como si se burlaran a carcajadas en nuestra cara, emiten “calificaciones soberanas”, es decir, una valoración relativa del riesgo de una determinada inversión, mediante las cuales se cierra un circulo vicioso del cual difícilmente se podrá escapar de no contar con un gobierno realmente soberano que ponga punto final al chantaje crediticio por el cual se define, en razón a si un Gobierno se abrocha el cinturón en el gasto público y paga con obediencia su deuda pública, si será sujeto a más y mejores prestamos para atender, en el mejor de los casos, las necesidades básicas de la nación.

¿Qué tiene que ver todo esto con la nueva reforma tributaria? En términos concretos todo, pues el Gobierno Nacional manifiesta en la exposición de motivos del proyecto de ley en cuestión, que debe responder a toda costa con las obligaciones adquiridas en materia de deuda pública, lo cual no es una novedad. Esto es tan así, que el artículo 351 de la Constitución Política, la Ley 819 de 2003, la Ley 1473 de 2011 y el Acto Legislativo 03 de 2013, constituyen todo un entramado normativo atado a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar el pago de la deuda pública, especialmente de los intereses que crecen sin parar año tras año de manera onerosa.

En este orden de ideas, coyunturas como la actual reclaman, además de una crítica contundente a un articulado que bajo el ropaje de protección a los más necesitados pone, a la usanza de la nueva derecha, a competir a últimos contra penúltimos por migajas, una crítica demoledora al andamiaje institucional que ha dirigido las finanzas públicas en los últimos 20 años. Para iniciar esta tarea propongo, como ya lo han hecho otros gobiernos de la región y lo han sabido proponer distintos académicos en el país, que la ciudadania exija que la deuda pública de Colombia sea debidamente auditada, ante todo, aquella que fue adquirida para financiar el conflicto armado y que hoy por pagarla escasean los recursos para construir la paz; segundo, que se modifique el artículo 41 de la Ley 111 de 1996 para dotar de una noción más clara y precisa el gasto social, dirigiendo este particularmente a disminuir la pobreza y cerrar brechas de desigualdad, a la salud, a la educación y a mitigar la crisis climática e impulsar la transición energética; y tercero, que se inicie sin dilación, la diversificación de la matriz productiva y se renegocien, bajo un principio de igualdad, todos los tratados de libre comercio que resulten lesivos para los y las trabajadoras y campesinos en Colombia.

Coda: No basta con la oposición al actual proyecto de reforma tributaria. Es preciso que también se exija la derogatoria de la anterior reforma tributaria (Ley 1943 de 2018) en su integralidad, dado que esta incorporó una serie de exenciones a los grandes capitales y nuevas cargas impositivas a la clase media y trabajadora que han impactado negativamente en el recaudo y la calidad de vida, respectivamente.

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