Defendiendo la democracia de quienes no somos ciudadanos de bien

Por: Juan Pablo Torres-Henao

Les propongo un escenario hipotético: son las 6:00 pm del domingo 29 de mayo de 2022. La voluntad ciudadana se ha manifestado en las urnas luego de más de 10 meses de paro nacional. Los homicidios ascienden a más de 100 y objeto de detención y desaparición se estima que ya rozamos los 1.000 casos. Los intentos de diálogo han sido infructuosos, los y las jóvenes permanecen en las calles, y su mandato empieza a transformar las instituciones. Por primera vez en más de 200 años de vida republicana el Congreso de la República refleja la diversidad de Colombia. El salón elíptico espera con ansias ser ocupado por una amplia mayoría de mujeres, negros, indígenas, campesinos y representantes de la población LGTBIQ. Con un 67% de mesas escrutadas ya se cuenta con una tendencia que marca al futuro presidente: el candidato del Pacto Histórico junto al respaldo de la Coalición de la Esperanza es el ganador.

Las calles y trochas de Colombia tan rápido como fueron colmadas de jolgorio por haber visto una luz al final del túnel, se percatan que lo que se aproxima no corresponde a la salida tan anhelada de esta larga noche, sino a una locomotora de mediados del siglo XX que a todo vapor se dirige en contravía de las esperanzas de una ciudadania que en los últimos meses había logrado la dignidad de rebaño. Esa locomotora, estructurada y anquilosada en plena Guerra Fría, anticomunista incluso desde antes de existir el Partido Comunista de Colombia, unas veces servil al Partido Liberal, otras más al Partido Conservador, protagonista de una dictadura y en el marco de ella de una profusa estela de corrupción, principal productora a nivel global de manzanas podridas, manchada con más de 6.000 casos de falsos positivos, no es otra que la fuerza pública no tan pública.

Mientras el ganador da su discurso de “victoria” en las penumbras de un lugar sin precisar, la Policía Nacional y el Ejército toman las principales ciudades del país, el campo está a merced del paramilitarismo recientemente reactivado. Los medios de comunicación impávidos guardan silencio y las redes sociales son la última trinchera para quienes, ya avezados luchadores populares, inician un nuevo ciclo de resistencia, ahora, de manera flagrante, ante una abierta y denodada dictadura militar. Las iglesias diligentemente cierran filas con la cúpula militar, inadmisible un gobierno de ateos y maricas, los partidos políticos tradicionales, ante todo aquel en el gobierno, se muestran cautivos de su propia empresa, quien siembra vientos cosecha tempestades. Llegada la media noche el general de cinco soles que dirige la fuerza pública no tan pública se dirige al pueblo colombiano, o más bien, a quienes a su saber son los ciudadanos de bien. Les indica que se encuentran defendiendo la democracia, que no permitirían que la izquierda internacional llegara al gobierno nacional, que los jóvenes puede que sean el futuro de Colombia pero jamás su presente y que por más que la victoria fuera producto de elecciones, sin pruebas pero tampoco sin dudas, aquello tuvo que haber sido producto de un fraude electoral, !AJUA¡.

Ahora los invito a volver a nuestra realidad mediante una pregunta retórica: ¿con el estado de cosas actual, la fuerza pública de Colombia será garante de la transición de poder ante un eventual triunfo electoral en 2022 de la izquierda? Pese a las críticas a la Policía Nacional y al Ejército, jamas me interrogue al respecto hasta hoy, ya que hoy se conjugan diversos factores que pueden llevar a una salida autoritaria a la profunda crisis económica, política, social y cultural que vivimos. Por un lado tenemos el factor subjetivo, es decir, ese profundo anticomunismo -y entiéndase por “comunistas” en Colombia todos quienes profesen ideas liberales y progresistas- y por otro, quizás el más acuciante, los factores objetivos. Primero, el inminente enjuiciamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y esclarecimiento de la verdad por parte de la Comisión de la Verdad sobre las responsabilidades de la fuerza pública en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad; segundo, el aumento de imagen desfavorable de la fuerza pública en los últimos años y su consiguiente erosión de legitimidad; y tercero, el escenario altamente probable de que en un gobierno progresista el presupuesto destinado a defensa se reduzca considerablemente.

Sinceramente espero que el escenario distópico aquí planteado diste diametralmente de lo que nos depara el futuro. Creo genuinamente que en el Ejército y la Policía Nacional hay verdaderos patriotas que honran con su quehacer lo que en el papel están llamadas a hacer estas dos instituciones y jamás levantarían sus armas contra la ciudadania. Por ellos y ellas es que urge una profunda reforma acorde a un país que anhela construir paz en y desde los territorios; por su deber ser, es que aquellos políticos, fundamentalmente de derecha, mancillan su nombre y minan su legitimidad al usar y abusar de prendas privativas de la fuerza pública, en tanto asocian su agenda política a las de unas instituciones al servicio de todos y todas.

Coda 1: Dados los niveles de uso desproporcionado de la fuerza en el marco del actual paro nacional, el fuero militar antes que ser una garantía funcional se presenta como una condición de impunidad.

Coda 2: Superar la doctrina del enemigo interno constituye condición sin la cual es impensable la reforma de la fuerza pública en Colombia.

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