Siempre hemos escuchado la afirmación de que el interés general prevalece sobre el interés particular, que tiene diferentes matices y circunstancias de aplicación, una de ellas es lo denominado como bien común.
El cuidado de los bienes públicos es una obligación social que recae sobre todas la fuerzas presentes, desde las individualidades, colectivas, e institucionales, es decir, cada ciudadanía, las familias, empresas, comerciantes, e instituciones como las académicas, y autoridades políticas.
La administración política es sobre quién más recae la responsabilidad y obligatoriedad de mantener el bien común y el resto de la sociedad de vigilar su cuidado y que así se mantenga, esa es la relación política de la ciudadanía y sus autoridades, la del Control Social; cabe mencionar esto porque se tiene la errada idea de creer que las jornadas electorales son la síntesis y epicentro de la política, situación que no es así, al contrario, las elecciones deberían ser vistas como un escenario de Pacto Social sobre la gestión en el aumento del bienestar de la comunidad por medio de la calidad de bienes y servicios públicos o comunes. En conclusión la relación entre política y ciudadanía no se agota en el voto, va más allá, es una cotidianidad.
Haciendo estas claridades, pasemos a hablar sobre la idea de parque, estos espacios son bienes públicos donde se desarrollan diversidad de experiencias en convivencia ciudadana, es donde conócenos la sintonía que tenemos con nuestra ciudad, es el contacto social con el bien común y ese es un fundamento político, sociológico, económico, y cultural. También debería ser el contacto con la naturaleza en medio de la urbe. Es tan grande el impacto de un parque que debe ser el detonante de las reflexiones ciudadanas.
Ante la demolición del parque La Pola en Ipiales, para construir uno nuevo, muchas afectaciones se vieron comprometidas, trabajadores informales, comerciantes, transeúntes y transportadores exigieron un diálogo con administración municipal para hacer lo menos traumático la intervención estructural de este bien público.
Cabe mencionar que población del sector y demás comerciantes formales e informales, no se oponen a la remodelación del parque La Pola, en consecuencia afirman su acuerdo, pues se entiende que es necesario recuperar ese espacio del secuestro al que lo tienen sometido las mafias del microtráfico, la inseguridad, y prácticas delictivas que atentan contra los Derechos Humanos.
La gran duda se cimienta en si los tiempos estipulados de la construcción (6 meses) serán cumplidos como lo dicta la adjudicación contractual, y que administración de Luis Fernando Villota haga honor a la palabra empeñada que cada vez pierde firmeza y confianza, ya que los hechos sobre otras obras no hablan muy bien y sobre los ipialeños se tiende un manto de duda y preocupación, y como no tener esa preocupación si la noticia de la remodelación del parque llegó cuando ya se tenía avanzada la adjudicación del proyecto, y el vacío de control político cabildante no se ha escuchado y aún sigue sin ser pronunciado.
Siendo un parque la territorialidad urbana para el encuentro, trabajo y circulación, su ordenamiento debió pasar como parte de la formulación de una política pública que asegure y armonice derechos de quienes hacen del espacio público su actividad laboral y la ciudadanía en general, está situación no se dio y hoy existe un acuerdo verbal entre informales, vecinos y comerciantes del sector con la administración para haber podido dar inicio a la intervención actual.
La ciudadanía de Ipiales tiene la posibilidad de contribuir al bien común si frente a este proyecto se suman las sensibilidades por el terruño y hacer de los deberes como habitantes el cuidado de los bienes públicos, se tiene el capital social necesario, solo se requiere la voluntad, si a este propósito que es de interés común, aparecen voluntades, muchas más pueden aparecer y defender lo publicó será el mensaje político a futuro.
Que sea el actual presente del parque La Pola y su porvenir, la oportunidad para que se piense en él no solo como un lugar para el descanso, la diversión, y el trabajo, sino también en aspectos algo abstractos como fortalecimiento ciudadano, nuestra relación con el Estado de Derecho, la solidaridad de vecindario, la proposición democrática, y la urgencia de credibilidad institucional del municipio.
¿Podemos creer que el adiós al parque La Pola, es una invitación a la posibilidad de crear proyecto de ciudad como bien común? El tiempo y las voluntades los dirán.
En concordancia con esta reflexión, es preciso señalar que los bienes públicos no pueden ser susceptibles de privatización, aún se está a tiempo de evaluar los alcances de la creación de la Sociedad de Economía Mixta que privatiza el 39% de uno de los bienes municipales, las calles. Defender la calle debe ser la nueva consigna.