Diálogos sobre los combustibles
Por Harold Montufar Andrade – 2022
Escuché con mucha atención las palabras de Gustavo Petro, el día en que la espada de Bolívar volvió a tomar vida, obligando a que el rey de España se quedara sentado mientras el pueblo vitoreaba el inicio del nuevo gobierno. Se debe retomar las palabras pronunciadas por el presidente y líder del Pacto Histórico – Frente Amplio: “se gobierna escuchando”.
En Nariño, desde el encuentro en el Hotel Morasurco del día 11 de Julio del presente, muchas personas estamos trabajando para volver realidad la máxima de que “se manda obedeciendo”, en especial porque se nos dijo a los las nariñenses que iniciemos con el proceso de Diálogos Regionales Vinculantes. Ahora hay que unir la escucha del presidente con el mandato de los pueblos. La primera tarea colectiva, luego de definir una propuesta metodológica de diálogos, será hablar – escuchar sobre los combustibles.
Esto porque el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo ha presentado la reforma tributaria al nuevo Congreso de la Republica, la que expresa en un acápite: Eliminación de la exclusión de IVA, la exención de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en Zonas de Frontera.
El texto plantea la siguiente justificación y exposición: “Con el propósito de incrementar la eficiencia del gasto tributario de la Nación, en este Proyecto de Ley se plantea la eliminación de la exclusión de IVA, las exenciones del pago de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en las Zonas de Frontera, lo cual implica una modificación al Artículo 19 de la Ley 191 de 1995. Vale la pena resaltar que la disposición presentada no controvierte los mandatos constitucionales, en la medida en que las Zonas de Frontera continuarán beneficiándose de tratamientos económicos preferenciales, particularmente de los subsidios indirectos adicionales que reciben actualmente el ACPM y la GMC mediante el control directo sobre el Ingreso al Productor de dichos Combustibles Líquidos”.
Mas adelante expresa: “El Gobierno nacional reconoce los efectos de dicha medida sobre el alza del precio de venta a los consumidores finales de combustibles y, en particular, sobre la población en condición de pobreza y vulnerabilidad de estas regiones del país. Por tal razón, se deberá tener en cuenta que el objetivo principal de la eliminación de estas exenciones, que en la práctica corresponden a un beneficio indirecto a la población (independientemente de sus condiciones económicas), es sustituir dicho gasto tributario por una política de gasto social más robusta y focalizada”.
Con dicho texto propuesto en el proyecto de Reforma Tributaria, junto a numerosos artículos, el gobierno pretende recaudar 25 billones de pesos en el primer año y 50 billones en los años siguientes del periodo presidencial. La medida de eliminación de los beneficios, ha generado una voz de alerta en diversos sectores sociales, políticos y empresariales del departamento de Nariño y de 171 municipios de frontera en el país, que lustros atrás han sido favorecidos de precios diferenciales a los combustibles líquidos.
Hace varios años, los combustibles que se comercializan en los municipios donde paradójicamente ganó el Pacto Histórico (zonas de frontera) están excluidos del IVA, exentos de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM. El espíritu inicial de la norma fue y es hasta el momento, el de promover el desarrollo y el crecimiento económico de dichos municipios y territorios excluidos del desarrollo económico centralizado, además de combatir el contrabando de combustibles de menor precio.
Sin embargo, la propuesta de reforma tributaria 2022 plantea eliminar los beneficios en estos territorios donde la pobreza, la exclusión y el marginamiento es de todos los días. Sin beneficios y con el alza de precios, sobrevendrá en efecto cascada, un proceso de inflación local que será irreversible y de imposible recuperación a través de sustituir dicho gasto tributario por una política de gasto social más robusta y focalizada.
De hecho, esta posible inversión no compensará el proceso inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo, que en última instancia serán asumidos por la mayoría de población nariñense y población de las zonas de frontera en Colombia. Con esta medida se verían afectados 12 departamentos como Nariño, Arauca, Guainía, La Guajira, Norte de Santander, Vaupés y Vichada.
Tratando de indagar las razones de por qué la eliminación de los beneficios descritos a las fronteras, he encontrado un documento denominado “Estudio Sectorial: Subsidios a Combustibles en Zonas de Frontera y Zonas no Interconectadas” del año 2017 elaborado por la Contraloría General de la Republica, en la que se pueden apreciar algunas conclusiones, que probablemente y actualizadas al presente, sean parte de la justificación del equipo económico que presentó la reforma tributaria en el caso de la eliminación de exclusiones y exenciones, referentes a precios de combustibles líquidos en zonas de frontera.
El estudio expresa que varios departamentos fronterizos con incentivos para el establecimiento de estaciones de servicio, lograron tener mayor numero que otros. Por ejemplo, Nariño con 1,76 millones de habitantes tiene 451 estaciones de servicio, mientras que Córdoba con 1,73 millones tiene 161 estaciones de servicio. Según la Contraloría General, ese indicador muestra que, corregidos los sesgos por baja población, las Zonas de Frontera, por el solo hecho de tener combustibles más económicos no necesariamente tendran una situación más ventajosa. Hoy según el SICOM o sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo del Ministerio de Minas y Energía, las estaciones servicio en Nariño se acercan a 684.
El estudio de la Contraloría continúa expresando que la mayor parte de cupos de combustibles (82,95%) se asignan a tres departamentos: Norte de Santander, Cesar y Nariño, los cuales comprenden el 67% de las estaciones de servicio en zonas de frontera. Es significativo que, de los tres, Nariño tiene el 40% de las estaciones de servicio con un indicador de 25,23 estaciones x 100 mil habitantes, duplicando el promedio nacional. Si se suman entonces los diferentes costos asociados a la política, se tiene un costo anual equivalente al 0,12% del PIB, en otras palabras, eso cuesta la política de combustibles en Zonas de Frontera.
El estudio termina amparándose en el documento Conpes 3805 de 2014, que al respecto subraya: “Es relevante indicar que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para rebajar el precio de los combustibles con el fin de disminuir el contrabando de los mismos, si bien benefician a los consumidores, han conllevado una drástica disminución en los ingresos que por sobretasa perciben las entidades territoriales fronterizas”. “Es decir, lo que bien pudieran estar obteniendo las zonas de frontera por menores costos de combustibles lo están perdiendo vía menores recaudos, con un efecto claramente negativo desde el punto de vista fiscal como ya se ha visto en este documento”.
Si la justificación para eliminación de la exclusión de IVA, las exenciones del pago de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM, tuviese que ver con uno de tantos estudios, como lo es el de la Contraloría General de la República, vía política fiscal, se podría entonces concluir, para este artículo, que no estamos sobre el camino adecuado para solucionar un problema.
Pareciera que el problema no es tanto el valor o la estadística del ahorro tributario que se realizaría en las zonas de frontera al aplicar las eliminaciones propuestas en la reforma tributaria, sino realmente si las numerosas estaciones de servicio que comercializan aproximadamente 13 millones de galones de combustibles líquidos en Nariño y otros tantos millones de galones en municipios de frontera en Colombia, logran impactar en la reducción del contrabando e incentivar el desarrollo socioeconómico regional con menores precios.
En otras palabras, es mas costoso (social, políticamente, territorialmente y financieramente) la eliminación de las exclusiones y exenciones propuestas en la reforma tributaria, que luego reintegrarle al territorio una política de gasto social más robusta y focalizada. Esto para hablar de justicia redistributiva.
El Presidente Petro ha manifestado que impulsará el desarrollo a través de varios pilares estratégicos: fomento de la industria nacional, impulso de la economía popular, reactivación socioeconómica del campo colombiano y mejoramiento de la calidad de la educación y el conocimiento. De igual manera ha dicho que habrá un dialogo sin excepciones, donde todos y todas, sin ninguna exclusión puedan ser escuchados, que de esa dialéctica se llegara a un gran Acuerdo Nacional.
Es el momento entonces, de que los Diálogos Regionales Vinculantes que cursamos, caminamos, bailamos, cantamos en Nariño, comiencen por este primer gran acuerdo de mantener las exclusiones de IVA, las exenciones del pago de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en las Zonas de Frontera, lo cual implica no modificar por ahora el Artículo 19 de la Ley 191 de 1995 y así poder vislumbrar lo que significaría el desarrollo, el buen vivir o el vivir sabroso en este sur de la patria.
Por otra parte, algunos empresarios, lideres lideresas de la sociedad civil de Nariño, líderes políticos, parecieran estar de acuerdo en:
- Se mantenga las exclusiones y exenciones.
- Se implemente un programa de controles adecuados en las estaciones de servicio
- Seguir impulsando la construcción del poliducto Yumbo – Pasto
- Analizar la viabilidad de plantas de biocombustibles
- Desempolvar los viejos proyectos de progreso estratégico del territorio del sur.
- Incorporar el debate de la transición energética.
Del dicho al hecho hay un enriquecedor debate, no es tan fácil MANDAR OBEDECIENDO, pero es parte del cambio. En un próximo articulo hablaremos de otros impactos de la reforma tributaria, al menos 34.000 personas que ganan más de 10 millones de pesos en Colombia, serán los que aporten el 32% de lo que se estima recaudar cada año, o sea aproximadamente 8 billones de pesos. Que los vientos del sur iluminen más caminos.
Mg. Harold Montufar Andrade.
MANDATAR OBEDECIENDO, BUEN VIVIR Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Fuentes Consultadas:
https://www.camara.gov.co/reforma-tributaria-8
https://www.sicom.gov.co/index.php/boletin-estadistico