Desde que tome conciencia del genocidio político de la Unión Patriótica (UP) no he dejado de preguntarme qué nos pasó como sociedad para que miles de hombres y mujeres fueran asesinados y/o desaparecidos de manera sostenida y sistemática por más de una década sin que ello nos conmocionara. Sin que ello hiciese parte de nuestra conciencia histórica.
Con el tiempo he venido entendiendo que parte de la respuesta la podemos encontrar en nuestra historia contemporánea y en cómo en Colombia se forjó una Nación que de manera explicita y violenta excluyó a quienes no se agruparan bajo las toldas liberales y conservadoras. Solo de esta forma es posible comprender la violencia exterminadora que se ha ensañado contra militantes comunistas en las décadas de 1940 a 1970, integrantes de la UP entre mediados de la década de 1980 e inicios del siglo XXI y actualmente contra firmantes del Acuerdo Final de Paz.
El fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el día de ayer (31 de enero de 2023), donde se encontró que el Estado colombiano es responsable por las violaciones de derechos humanos en contra de integrantes y militantes de la UP da por concluida una controversia que por muchos años quiso ser abordada por agentes del Estado, lideres de opinión y políticos de todo orden desde un enfoque totalmente errado: la responsabilidad de los asesinatos y/o desapariciones de integrantes y militantes de la UP era responsabilidad de las extintas FARC-EP por haber combinado armas con política.
Nada más alejado de la realidad, nada más mezquino, dado que todo el país era consciente de que la UP surgió en el marco de los diálogos de la Uribe a mediados de la década de 1980 precisamente entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP, y que muchos militantes de la UP, entre ellos dirigentes locales, regionales e incluso nacionales salieron de las unidades guerrilleras precisamente para impulsar una formación política amplia para romper con el bipartidismo y así poner fin a uno de los factores que originó y prolongó el conflicto armado: la exclusión política. Es decir, la relación de la UP y las FARC-EP no era un secreto, era parte de un acuerdo político para poner fin al conflicto armado.
Bajo este argumento errado y mezquino cabalgaron durante muchos años quienes justificaban así el intento de exterminio de una formación política, instituyendo en la práctica no solo el delito político de pensar diferente sino también la pena de muerte.
Ahora el desafío es aun mayor, ya que si bien se ha logrado la condena del Estado, es momento de hacernos la autocrítica como sociedad y empezar a ampliar nuestro circulo moral. Esta noción de “ampliar el circulo moral” proviene del filósofo Peter Singer, quien hace cuatro décadas planteó que parte de los avances en las sociedades está asociado a la posibilidad de interesarnos moralmente en otras personas que no hacen parte de nuestros círculos más cercanos, como lo puede ser la familia, la comunidad religiosa o también la comunidad política. La amplitud o la estrechez de nuestro circulo moral es a su vez la medida de nuestro progreso moral como sociedad, por ello me preocupa enormemente que hoy también asistamos a una violencia sistemática y sostenida contra los firmantes del Acuerdo Final de Paz, y los lideres y lideresas sociales y populares y no tengamos mayor reacción como sociedad ¿Será acaso que nos estancamos moralmente como sociedad o peor aun, que nuestro circulo moral se ha estrechado aun más?
Pd. En memoria de Mario Morales, líder sindical, militante de la Unión Patriótica y firmante del Acuerdo Final de Paz asesinado por el ELN.
@Pablo_TorresH