El problema de La Cocha

Por: José Arteaga

(Twitter: @jdjarteaga)

El problema de la laguna de La Cocha comenzó en 2019 en dos escenarios naturales de características similares: el propio Lago Guamués y la Laguna de Tota, a 1.011 kilómetros de distancia en Boyacá.

Ese año se hizo un estudio sobre la contaminación en La Cocha y se encontró con que los valores promedio de amonio, nitrito y nitrato en las  zonas donde estaban los criaderos de trucha eran 50% más altos que en otros sectores de la laguna. Asimismo, el contenido de fósforo era tres veces más alto en esos lugares.

Un informe de la Universidad Nacional determinaba que el ecosistema de la laguna aún era capaz de depurar la contaminación recibida, pero alertaba sobre el abuso de insumos químicos, afectando no sólo el agua, sino el riesgo potencial de eutrofización, es decir, la proliferación de plantas acuáticas por contaminación. En otras palabras, La Cocha estaba en alerta amarilla.

Mientras tanto en Tota, una serie de enfrentamientos, demandas y procesos judiciales parecía llegar a su fin con un pacto entre el Movimiento Cívico pro Lago de Tota y su Cuenca, Mocilato, y la Fundación Montecito, contra la empresa Piscifactoría Remar, propiedad del señor Marcos Sánchez Blanco, ubicada en la vereda Guáquira, del municipio de Tota.

El asunto venía de lejos, concretamente diez años de la llamada «Causa Tota» en la que se acusaba a esta empresa de mantener e incrementar un número indeterminado de jaulas flotantes, donde las truchas eran criadas con productos contaminantes. Uno de los argumentos más sólidos era la evidencia de que en otros países estas jaulas o piscinas en lagos de aguas claras de montaña estaban prohibidos. El cultivo de la trucha, se decía, debe pasar a estanques tecnificados por fuera del lago.

Así que cuando Tota alejaba el peligro, La Cocha se acercaba a él, pues un año más tarde la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño autorizó a Piscifactoría Remar a funcionar en La Cocha con el mismo sistema que había sido demandado en Tota. No sólo eso. En 2021 le renovaron la licencia, permitiendo que Remar llegase a tener 40 jaulas flotantes. Resulta curioso que Corponariño lo haya avalado, cuando en su momento Corpoyacá estableció medidas preventivas contra esta empresa.

El resultado es que hoy por hoy La Cocha está en alerta roja.

Todo el mundo en El Encano considera que esta empresa contamina. Lo reconocen los lugareños, que de esto saben de sobra, y quienes afirman que el detentar tantas jaulas o piscinas atenta contra el monocultivo de la trucha arco iris, que ha sido fuente de emprendimiento y recursos para muchos.

Ya lo dijo en su momento Darío Guerra, corregidor de El Encano: «En la vereda Santa Teresita hay una empresa de un español dedicada al cultivo de la trucha. Según los nativos, por la sedimentación a los alevinos les falta el oxígeno y para su mantenimiento recurren a toneladas de concentrado. Han sacado las jaulas hacia el centro de la laguna y nadie sabe cómo lograron el permiso».

¿Cómo hace para seguir adelante? Por la oferta de empleo. El Gobernador indígena del resguardo quillacinga Refugio del Sol, Braulio Andrés Hidalgo, lo avala porque ofrece trabajo a su gente. Una dualidad porque el resguardo considera que «el agua y el buen vivir están ligados. Son muy importantes los cultivos, nuestras semillas, el territorio, los procesos espirituales y en ese vivir bien. Los pueblos indígenas estamos fortaleciendo la idea que el agua es la que da vida y los alimentos».

Incluso participan en una serie documental titulada Cuidar el Agua, que presenta diferentes historias sobre la concepción ancestral del agua, y como dicen en torno a esta los pueblos Puinave (Guainía), Misak (Cauca) y Quillasinga (Nariño). Allí enseñan su estrecha relación con el agua, las amenazas de su disminución y las acciones que se están implementando para su conservación.

Hay una concepción muy arraigada entre estas comunidades que la tierra es de ellos porque perteneció a sus antepasados, y que eso está por encima de la ley occidental de la propiedad privada. Por eso, se piensa, son ellos quien deciden sobre lo que es conveniente o no para esas tierras. Pero ellos no son los únicos habitantes de la región. Son, por el contrario, parte de una comunidad con la que, ante todo, deben entenderse sin resentimientos, rechazos y resabios. Sólo una comunidad sólida y unida sin distinción de raza puede establecer lo que le conviene a La Laguna.

En cuanto a lo legal. Es evidente que hay vacíos jurídicos. Que en el caso de Remar, algunas acusaciones en su contra en Boyacá han prescrito, como la suspensión de cultivos de alevinos indicada en la Resolución 1660 de Corpoboyacá. Entretanto, Corponariño hace control y vigilancia sobre los criaderos de trucha. Pero en su momento dijeron: «Los permisos están suspendidos desde mediados del 2010», con lo cual hay una contradicción en todo este caso.

Pero no se trata de pelear. Es mucho más sano el diálogo y establecer los límites a la crianza de trucha. Está claro que a todos les interesa la preservación natural de la laguna y que esta debe ser un ecosistema que brille «por su conservación y gestión en los niveles ambiental, social y económico».

Estableciendo límites a las grandes empresas puede haber una mejor convivencia que facilite el trabajo de entidades como el ICA o la Universidad de Nariño para explorar proyectos de desarrollo. Y de la misma forma, que pequeños emprendedores elaboren alternativas a la crianza, las cuales están allí como proyectos porque nadie les hace caso. El lago Guamués es de todos.

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