El suicidio de nuestra democracia

 Atónito y con algo de hilaridad hace no más de tres semanas observaba una breve entrevista al expresidente Andrés Pastrana, quien sin pruebas pero sin dudas, afirmaba que el ciclo de protestas en Colombia respondía a una estrategia internacional que buscaba desestabilizar a la democracia más vieja del continente. Con no menos gracia, pero sí con mayor preocupación, leí el fin de semana pasado múltiples columnas y editoriales en los principales periódicos del país donde se cuestionaba el proceder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por consiguiente se desestimaba el informe y las recomendaciones emitidas por este órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado para la observancia y defensa de los derechos humanos en el hemisferio.

 

A la constatación de la profunda crisis en materia de política exterior de Colombia y el guayabo por la ingesta de palabras sobre la conmemoración descafeinada de los 30 años de la promulgación de la Constitución Política que aún está por implementarse, se suma entonces la necesaria reflexión sobre el estado de salud de nuestra democracia, si es que a estas alturas aun podemos denominarla de esa manera o si es que incluso pudo llamarse alguna vez así. En esta vía, entre ires y venires, llegué a la conclusión de que en el caso colombiano aplica la tesis difundida por Levitsky y Ziblatt en Cómo mueren las democracias (2018): no debemos buscar agentes externos al momento de enjuiciar nuestra situación, el descalabro democrático que vivimos responde únicamente a nuestro hacer y dejar hacer, o dicho de otra manera, hemos sido nosotros quiénes matamos nuestra incipiente democracia.

 

¿Cómo ha ocurrido esto? ¿En qué momento inició? Tal como lo afirman Levitsky y Ziblatt, la quiebra de las democracias comienza en las urnas, de manera paulatina, sin despertar ninguna sospecha, puesto que los tanques no están en las calles, la Constitución formalmente sigue vigente y las elecciones sagradamente se celebran cada cuatro años. No hay entonces un umbral que indefectiblemente nos permita determinar si estamos o no ante un declive de la democracia, por ello con sorna le responden senadores del Centro Democrático a Gustavo Bolivar, senador de la Colombia Humana, que si nos encontrásemos en una dictadura él no estaría en el Congreso de la República. Pero lo cierto es que el asunto no puede ser visto en blanco o negro, ya que la erosión de la democracia en tiempos como el nuestro resulta casi imperceptible.

 

Ese lento e imperceptible proceso nos lleva a recordar la fabula de Esopo denominada el El Caballo, el ciervo y el cazador, en la que el fabulista de la antigua Grecia cuenta lo siguiente:

 

Un caballo decidió vengarse de cierto venado que lo había ofendido y emprendió la persecución de su enemigo. Pronto se dio cuenta de que solo no podría alcanzarlo y, entonces, pidió ayuda a un cazador. El cazador accedió, pero le dijo: “Si deseas dar caza al ciervo debes permitirme colocarte este hierro entre las mandíbulas, para poder guiar con estas riendas, y dejar que te coloque esta silla sobre el lomo para poder cabalgar estable mientras perseguimos al enemigo”. El caballo accedió a las condiciones y el cazador se apresuró a ensillarlo y embridarlo. Luego, con la ayuda del cazador, el caballo no tardó en vencer al siervo. Entonces le dijo al cazador: “Ahora apéate de mí y quítame esos arreos del hocico y el lomo”. “No tan rápido, amigo -respondió el cazador-. Ahora te tengo tomado por la brida y las espuelas y prefiero quedarme contigo como regalo”.

 

La democracia en Colombia inició un proceso vertiginoso de erosión a inicios del siglo XXI cuando se consolidó una alianza fatídica para hacerle frente al ascenso de la insurgencia de las extintas FARC-EP. Como el caballo de la fábula de Esopo, las elites políticas y económicas le entregaron voluntariamente las llaves del poder al cazador, un autócrata en ciernes del cual ya nos había advertido Jaime Garzón, un hombre desconocido por parte de la opinión nacional que ya había hecho gala durante su mandato en la gobernación de Antioquia de su comportamiento autoritario: i.) rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego; ii.) Negación de la legitimidad de los adversarios políticos; iii.) Tolerancia o fomento de la violencia; y iv.) predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.

 

En teoría, los partidos políticos como salvaguardas de la democracia, no tuvieron ni han tenido el coraje político para cuestionar radicalmente las condiciones que impuso Álvaro Uribe para intentar acabar con la insurgencia en Colombia, aplicando la máxima de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Creo que, esto es así, porque hoy por hoy, de izquierda a derecha, en Colombia todos los políticos, hombres o mujeres, incurren en alguno de los cuatro indicadores clave del comportamiento autoritario, lo que ha conllevado a “normalizar” o legitimar a figuras autoritarias, como los hacen recurrentemente quienes reconocen en el innombrable éxitos en materia de seguridad y, si esto es así, ¿qué nos queda? Recuperar en la ciudadania un firme compromiso con la democracia, pero no aquella nominal, sino aquella sustantiva que se traduce en la participación activa en decisiones centrales como los destinos del Presupuesto General de la Nación, la protección del ambiente y la mitigación de la crisis climática, la defensa del territorio, la exigencia del acceso y goce efectivo de derechos de toda la población, etc.

 

Tal como lo afirman Levitsky y Ziblatt, a veces hay que dejar de lado la política del poder para hacer lo correcto. Perseguir el poder y no hacer lo correcto entre otras cosas nos han dejado más de 6 millones de personas desplazadas de manera forzosa y más de 6.000 jóvenes ejecutados extrajudicialmente. Precisamente cuando estos hechos entraron a ser parte del paisaje terminamos de matar nuestra democracia.

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