Entre el conflicto y esperanzas

Son tantas situaciones que pasan en un instante de tiempo, que casi siempre no tenemos horario de pensarlas. La avasallante prisa es el enemigo más grande del análisis, junto a la sorpresa, de la cual no estamos preparados para una respuesta inmediata y termina siendo siempre la protagonista. Después queda el aprendizaje, muchas veces sobre las cenizas. Sin embargo cuando nos levantamos y alzamos la mirada, se aprecia que la vida sigue su curso y que para no tropezar sobre la misma piedra, entonces queda la lección y las diversas esperanzas.

El año 2020 no ha sido el más típico y normal. Nos trajo la pandemia del virus SarsCov-2. En este año hemos aprendido algo de estadística, como escuchar sobre las curvas ascendentes, los picos y la mitigación. También nos ha traído en el campo político la lucha de la semántica. Por ejemplo se habla de un pico de violencia de la era Duque con 63 masacres – homicidios colectivos, lo que nos llevó a recordar tiempos de la criminalidad de Pablo Escobar a finales de los ochenta o la época de los ríos de sangre derramada a manos del paramilitarismo a finales de los noventa.

Hablamos de tres picos de mayor violencia en las últimas décadas de nuestro país: Mafia, Paramilitarismo y era Duque. Picos de los que no está ausente la violencia de la guerrilla, de las economías ilícitas, ni la de fuerzas del Estado. Aun las víctimas no han perdonado a las guerrillas, a las FARC por los crímenes cometidos. Al Presidente le cuesta ofrecer perdón verdadero por la violencia policial – militar. Es tan difícil reconocer los errores que han costado vidas, que se evidencia un ego político y negación ideológica para reconocer al otro y en el otro la diferencia. Aun muchos sectores en Colombia están supremamente convencidos que tienen la verdad, la única verdad y siguen viendo en las opiniones contarías a un enemigo.

Si bien el acuerdo de paz con las FARC desde 2016 fue un hecho histórico y de suprema importancia, aún no hemos comprendido las dimensiones de pactar la paz. Recuerdo muy bien el periodo 2004 a 2007 en Samaniego Nariño cuando vivimos el Pacto local de Paz. Un Jiu Jitsu contra la violencia y a favor de la vida. Allí comprendimos que la paz no solo es la ausencia de la guerra, sino que es el estado personal y colectivo de entender – perdonar – querer al contradictor (a). En Colombia nos hace falta entender por qué nos matamos, entender la desconfianza – venganza, comprender el perdón – no repetición y en especial arroparnos de un tejido de esperanzas.

Y es en el tejido de la paz, del mejor mañana, del buen vivir, que varias comunidades hace muchas décadas atrás, venimos caminando para que viva le esperanza. A pesar de la guerra, la persecución sistemática, el asesinato de líderes – lideresas, la estigmatización, el recorte de libertades democráticas, la extrema desigualdad, que aún sigue muy vivo el deseo de paz, reconciliación y convivencia.

En ese sentido y de manera muy breve, hacemos una presentación del caminar entre la conflictividad y tejido de esperanzas para que la paz sea posible en Nariño:

La Conflictividad.

Los diversos sucesos de violación sistemática de los derechos humanos y la afectación a la vida, ha desbordado la capacidad no solo del Gobierno sino del Estado en su función constitucional para detener la cadena de violencia. Esto lo podemos observar en la fría estadística de homicidios, masacres, desplazamientos, tensiones sociales no resueltas e incumplimiento a pactos firmados. Nuestra tesis central es que estamos en un “Estado de cosas inconstitucional”, no solo transitorio en defesa de los derechos de los más vulnerables, sino que se ha mantenido normalizado ante la violencia galopante de todos los días.

Colombia es uno de los países en donde más se violan de manera masiva y sistemática los derechos fundamentales de las personas, especialmente de aquellas que por sus características y condiciones, son más susceptibles de sufrir maltratos a sus derechos. (Quintero, Navarro, Meza, 2011).

Un Estado de cosas inconstitucionales se define como un mecanismo o técnica jurídica creada por la Corte Constitucional, mediante la cual declara que ciertos hechos resultan abiertamente contrarios a la Constitución, por vulnerar de manera masiva derechos y principios consagrados en la misma, en consecuencia insta a las autoridades competentes, para que en el marco de sus funciones y dentro de un término razonable, adopten las medidas necesarias para corregir o superar tal estado de cosas. (Quintero, Navarro, Meza, 2011).  Y esta historia comenzó con la sentencia T-598 de 1989, cuando la corte analizó la terrible cifra de homicidios efectuados en contra de defensores de derechos humanos.

En ese hilo conductor, la Defensoría Regional del Pueblo, ha emitido innumerables alertas tempranas para poblaciones vulnerables en el Departamento de Nariño, la gran mayoría declarando inminencia de riesgo de vulneración de los derechos humanos, la vida, desplazamientos, confinamientos y diversas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Entre las diversas alertas tempranas están: La numero 001 de 2020 sobre perturbación de la tranquilidad en Rio Chagüi y Distrito Especial de Tumaco, que retoma una anterior la numero 070 de 2018 sobre el municipio de Roberto Payan. La numero 027 de 2020 sobre Magüi Payan, que retoma la anterior alerta temprana número 003 de 2018 sobre la subregión de Telembí. La alerta temprana número 032 de 2019 sobre la situación de Samaniego, que retoma un proceso de violencia de varios años en este municipio y aledaños y la numero 045 de 2019 sobre el triángulo del Telembí municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco sobre el pueblo Awa, que retoma las alertas 024 de 2003, 018 de 2002 y 031 de 2001.

En conclusión sobre las alertas tempranas emitidas con inminencia de riesgo: la agudización del conflicto que hoy vivimos en Nariño, se ha advertido con muchos años atrás y a través de mecanismos institucionales y el estado de cosas inconstitucionales persiste.

Esta tesis central se corrobora con algunas estadísticas:

ü  Se han registrado 63 masacres en Colombia desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha. El departamento más afectado por las masacres en 2020 ha sido Antioquia con 14 hechos, seguido por Nariño con diez y el Cauca con nueve respectivamente.

ü  Han sido asesinadas cerca de 250 personas en estos hechos victimizantes. Según datos de Observatorios de Violencia y en comparación con 2019 (uno de los años más violentos), el incremento ha sido de 110 homicidios.

ü  En Nariño han sido asesinados 18 miembros de resguardos indígenas ubicados en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte. La gran mayoría pertenecen a autoridades étnicas y líderes Awá. La organización UNIPA ha denunciado 27 casos violatorios de derechos humanos.

ü  Las organizaciones de mujeres, jóvenes, afrodescendientes, líderes comunales, defensores de derechos humanos, sectores LGBTI y diversidad sexual, de igual manera han sido amenazados de muerte por sus liderazgos, comunidades en peligro de confinamiento o desplazamiento y en este momento presentan diversas medidas para que el gobierno nacional proteja sus vidas y actividades.

Según varias fuentes de información, estas son las diez masacres sucedidas en Nariño en este año, gran parte de ellas en los días 13, en fines de semana, todas en el área rural, cuatro de ellas en Tumaco, dos Samaniego, dos en territorio Awa:

  1. El Palmar Leiva. 13 de marzo, vereda El Cedro del corregimiento El Palmar, fueron asesinadas cinco personas, las cuales fueron torturadas y tres de ellas recibieron tiros de gracia mientras que dos fueron colocadas en costales y lanzadas al río.
  2. San Juan de la Costa, Tumaco. 23 de abril, se encontraron los cuerpos de 5 hombres que de acuerdo con sus familiares habían salido a pesca.
  3. La Espriella Tumaco. 13 de mayo. En el kilómetro 45 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, desde una camioneta blanca, lanzaron tres cuerpos ultimados con arma de fuego.
  4. Yuguilla Samaniego. 13 de junio. Un grupo de hombres fuertemente armados disparó contra las personas que estaban en una reunión familiar. 4 personas fueron muertas y una herida.
  5. Santa Catalina. 15 de agosto. Hombres fuertemente armados incursionan en una reunión de jóvenes. 8 de ellos que tenían edades entre los 17 y 25 años fueron asesinados.
  6. Pialapi Pueblo Viejo Ricaurte. 18 de agosto. El Cabildo Mayor Awá de Ricaurte informa de una incursión armada. Las autoridades encontraron los cuerpos de tres indígenas.
  7. La Guayacana Tumaco. 21 de agosto. Se presenta la masacre de seis hombres por un grupo armado a la altura del kilómetro 77. Las víctimas habían sido previamente torturadas.
  8. Santa Fe Buesaco. 4 septiembre. Exactamente en la vereda Las Minas, reportan que se encontraron cuatro cadáveres ultimados con arma de fuego.
  9. El Charco. 20 de septiembre. En redes sociales empezó a rodar un video de una masacre. El video muestra a sangre fría cómo asesinaron a cuatro personas, tres miembros de una misma familia.
  10. Inda Sabaleta Tumaco. 26 septiembre. Luego de fuertes combates entre grupos armados y de retención de civiles, se encontraron los cuerpos de 4 personas ultimadas por arma de fuego.

Por otra parte a nivel nacional, los crímenes contra líderes sociales se incrementaron en un 85%. La Misión de Observación Electoral registró 52 asesinatos en el primer semestre de 2020, frente a 28 en el mismo lapso de 2019. De acuerdo con el monitoreo de violencia, 57 de los 248 hechos registrados corresponden a agresiones contra lideresas, lo que refleja, a pesar del confinamiento, un incremento del 18,8% frente al mismo periodo en 2019.

Las estadísticas de picos de violencia, así como pico de la pandemia, nos expresan que la situación de conflictividad en Nariño es muy preocupante, que estamos ante una época desalentadora y que se requiere de la mayoría de esfuerzo y corresponsabilidades para salir de ella.

Tejido de esperanzas

A pesar de la violencia galopante, el pueblo de Nariño, sin ser inferior al desborde de la criminalidad y haciendo uso de su historia de resistencia civil y paz, ha seguido empoderando iniciativas de convivencia y construcción de tejido social. Es la urdimbre de la paz. Existe un sinnúmero de iniciativas, planes, plataformas, propuestas desde las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones, incluida la actual Gobernación de Nariño que desea aportar a la construcción de un pacto y dialogo social a través de la formulación – implementación de la Política publica Departamental de Paz, reconciliación y convivencia en trabajo coordinado con el Consejo Departamental de Paz.

Los movimientos étnicos, comunales, sociales, de mujeres, campesinos, de género, iglesias, excombatientes, de diversidad sexual, sindicales, juventudes, universidades y muchísimas fuerza vivas desean tejer la paz a través de posicionar sus denuncias, propuestas, diálogos y aportes, para que en Nariño se proteja la Vida y la Paz.

Una palabra que une a todas las iniciativas son los Pactos, de allí que pactar la paz se convierte no solo en alternativa, sino en el camino más inmediato para contener la violencia y albergar la esperanza.

Queda un inmenso reto a la sociedad civil, fuerzas políticas, instituciones y gremios económicos de poder dialogar y pactar la paz, luego esa fuerza debe dirigirse a que los diversos grupos armados cesen el fuego y las hostilidades, para que después el gobierno y la cooperación internacional ejecuten recursos públicos, donaciones, apoyos y subvenciones que impacten las condiciones estructurales que han generado los procesos de desarmonía. Un tejido de esperanzas para el buen vivir.

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