Por: Tirso Benavides Benavides
A pesar de que las encuestas lo dan como favorito y que sus seguidores aseguran con arrogancia que no hará falta una segunda vuelta, la realidad parece demostrar que dentro de la campaña de Iván Cepeda no están tan confiados de estas cifras. No de otra manera se explica que en esta semana previa a las votaciones realice actos políticos que trasgreden de forma flagrante la norma. Si la victoria estuviera tan consolidada en el panorama electoral, no habría necesidad de forzar el marco jurídico, ni de arriesgar la legitimidad del triunfo saltándose los controles institucionales.
La democracia no es un simple mecanismo aritmético para contar votos. Es, ante todo, un pacto civil fundamentado en el respeto irrestricto a unas reglas de juego previamente establecidas y aceptadas. Cuando esas reglas se estiran, se reinterpretan con cinismo o se ignoran olímpicamente bajo el sofisma del beneficio propio, lo que se erosiona no es solo un artículo de la ley, sino la confianza en los artífices de estas maniobras propias de avivatos.
En esta recta final de esta campaña, asistimos con preocupación a un espectáculo donde el juego limpio parece haberse convertido en el menor de los intereses para quienes aspiran a regir los destinos del país.
En estos días Cepeda ha sido protagonista, no precisamente por sus propuestas sino por las denuncias interpuestas en su contra ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los duros cuestionamientos de la Misión de Observación Electoral (MOE) por sus encuentros multitudinarios en Montería y Sincelejo. Estas acusaciones no son simples pataletas de contradictores, son reclamos legítimos ante una evidente vulneración de la veda electoral.
La Ley 1475 de 2011 es taxativa al prohibir los actos públicos de campaña en la semana previa a la votación, un periodo concebido para la planificación interna, el silencio, la deliberación íntima y la tranquilidad del ciudadano. Quienes vean las imágines de estos actos en recintos cerrados no encontrarán una silenciosa junta técnica de delegados, sino que se toparán de frente con la viva estampa de la plaza pública. La asistencia masiva desborda los aforos, el aire se satura con las arengas ensordecedoras de las barras y el paisaje interno se inunda con las mismas pancartas y banderas de un mitin de campaña. En las tarimas, agitando los micrófonos con el histrionismo de siempre, se hace evidente la presencia activa de políticos de profesión que no van a coordinar la logística, sino a cazar los últimos votos de la contienda. Proselitismo puro y evidente.
Frente a esto, la defensa de su campaña raya en el insulto al sentido común. Salir a argumentar, como lo hizo Gustavo Bolívar con asombroso desparpajo, que congregar a miles de personas en recintos cerrados o sedes sindicales no constituye un “acto público” porque el espacio es de propiedad privada, es una burla semántica. Bajo esa absurda lógica, mañana cualquier aspirante podría organizar un monumental evento en un club privado, un coliseo cerrado o hasta en un estadio, pretendiendo que la vulneración a la restricción electoral se desvanece por el simple hecho de tener un techo encima.
Cabe hacerse una pregunta obligada: ¿Qué pensarían y qué clase de incendios analíticos desatarían los hoy defensores del Pacto Histórico si los candidatos de la derecha hicieran exactamente lo mismo? Negar la naturaleza pública de un mitin masivo bajo el pretexto del recinto privado es una burla a la inteligencia del electorado.
Otro lunar de la campaña del candidato del Gobierno es la abierta participación en política de los funcionarios públicos. Seamos realistas, la idea de una neutralidad absoluta e impoluta por parte de gobernantes que, por definición, son animales políticos, es una utopía que jamás se ha cumplido. En lo personal, considero que esa norma es anacrónica y debería revisarse a fondo para permitir una participación regulada, transparente y sincera, en lugar de obligar al país a un teatro de hipocresías.
Sin embargo, una cosa es la natural simpatía ideológica de un gobernante y otra, muy distinta, es desbocarse sin pudor institucional. El presidente Gustavo Petro ha sobrepasado todos los límites de la prudencia presidencial al referirse de manera velada, pero plenamente identificable, a Abelardo de la Espriella como el “candidato de la muerte”. Que la máxima autoridad de la República utilice el micrófono oficial para estigmatizar a un contendiente no solo desborda la legalidad, sino que rompe los mínimos éticos de la contienda y dinamita los puentes de la civilidad.
Su contraparte radical tampoco ofrece un refugio a la cordura legal. En el otro extremo del espectro, donde la derecha más estridente ruge promesas de mano dura y salvación empresarial, el panorama metodológico es idéntico en su desprecio por las normas.
Al otro lado del cuadrilátero vemos a Abelardo de la Espriella ofreciendo a empresarios y gremios la quimera de bajar el salario mínimo, como fórmula mágica de competitividad. Sorprende —o quizás ya no tanto— que alguien que blande con orgullo su título de jurista y experto en derecho, ignore principios básicos. El salario mínimo vital es ya un derecho adquirido e irrenunciable, blindado por el principio de no regresividad que prima en el campo laboral. Ofrecer su reducción es una flagrante ilegalidad vestida de demagogia, una treta populista diseñada para endulzar el oído corporativo a costa de pisotear la ley.
Al contrastar ambos escenarios, la conclusión emerge nítida y alarmante: los extremos políticos en Colombia se tocan en sus métodos. No importa si se trata de violar las limitaciones electorales camuflando manifestaciones masivas como “reuniones logísticas”, de instrumentalizar la jefatura de Estado para proferir descalificaciones o de pescar votos empresariales prometiendo la destrucción de derechos laborales consolidados. Al parecer ambos mundos coinciden en actuar como si las normas vigentes no fueran un límite al actuar de los candidatos, sino una plastilina que se moldea al vaivén de las necesidades electorales.
La forma en que se llega al poder, la manera en que se hace campaña, es una señal inequívoca de cómo será el gobierno venidero. Por esto resulta profundamente preocupante que los favoritos en las encuestas jueguen sucio en la recta final, confirmando que para algunos el fin justifica los medios y que todo vale, con tal de mantener o hacerse con el poder. El ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable debe exigir un mínimo de decencia a los aspirantes a dirigir el país, lastimosamente, el fanatismo de los dos extremos actúa como una venda que ciega, que no permite ver las cuestionables actuaciones de unos líderes endiosados, pero que es una realidad latente que golpea a la ya maltrecha democracia colombiana.
