Colombia vuelve a transitar una de esas encrucijadas históricas donde el poder territorial se mide frente al poder central. El llamado de varios gobernadores a desacatar la declaratoria de Emergencia Económica, bajo el argumento de que afecta de manera directa los recursos departamentales, no es un gesto menor ni un simple desacuerdo administrativo: es un síntoma profundo de un modelo agotado y de una relación tensa entre Nación y regiones.
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante gobernadores convertidos en nuevos Clavijos, guardianes de rentas tradicionales y defensores de un statu quo fiscal que ya no responde a las necesidades del país real
La figura de la emergencia económica está prevista en la Constitución. No es un capricho presidencial, sino un mecanismo excepcional para enfrentar crisis estructurales. Sin embargo, su aplicación siempre genera fricciones, sobre todo cuando las medidas adoptadas tocan las fibras sensibles de las finanzas territoriales.
El desacato anunciado por los gobernadores abre un debate jurídico y político delicado. Jurídico, porque ningún funcionario territorial puede situarse por encima del orden constitucional. Político, porque revela una profunda desconfianza frente a las decisiones del Gobierno Nacional y, sobre todo, un temor legítimo: que los departamentos terminen pagando los platos rotos de un sistema fiscal centralista e inequitativo.
Pero más allá del pulso institucional, el debate de fondo no es la emergencia en sí misma. El verdadero problema es de qué viven nuestras regiones.
Colombia es, en esencia, un país alcabalero. Vivimos de impuestos al consumo, de gravámenes indirectos, de la renta del tabaco y del licor, ingresos que paradójicamente terminan financiando dos derechos fundamentales: la salud y la educación. Es una contradicción ética y económica: sostenemos la vida y el conocimiento con recursos que provienen de actividades que afectan la salud pública.
Los departamentos se han acostumbrado a administrar escasez, no a crear riqueza. A recaudar, no a producir. A esperar transferencias, no a construir autonomía económica. Y en ese esquema, los gobernadores terminan actuando más como recaudadores de alcabalas que como verdaderos líderes del desarrollo regional.
Por eso el rechazo a la emergencia económica suena, en muchos casos, más a defensa de rentas tradicionales que a una propuesta alternativa de futuro.
Colombia no puede seguir siendo un país de regiones resignadas. Los departamentos tienen un potencial inmenso que sigue subutilizado: La cultura, no solo como identidad, sino como industria creativa generadora de empleo y recursos. El turismo, entendido de manera sostenible, planificada y articulada al territorio, no como simple folclor para temporadas altas. La productividad y la transformación industrial, especialmente ligada al agro, a la biodiversidad, a la ciencia y a la innovación regional.
Ahí está el verdadero debate que los gobernadores deberían liderar. No basta con decir “no acatamos”. Es necesario decir “proponemos”.
Si los gobernadores han decidido unirse, que no sea solo para resistir una medida del Gobierno Nacional, sino para exigir y construir un nuevo modelo de desarrollo regional. Uno que rompa definitivamente con la lógica alcabalera y convierta a los departamentos en motores de crecimiento, empleo y bienestar.
El país no necesita gobernadores atrincherados en la queja ni en la defensa de rentas agotadas. Necesita líderes capaces de pensar sus regiones con una visión nueva y renovada, articulada, audaz y profundamente transformadora.
La emergencia económica pasará, como pasan todas las coyunturas. Pero la gran pregunta seguirá en pie: ¿queremos seguir siendo regiones que viven del impuesto al vicio, o regiones que viven de su talento, su cultura y su capacidad productiva?
Ahí es donde los gobernadores dejarán de ser vistos como nuevos Clavijos… y comenzarán a ser verdaderos arquitectos del futuro regional.
