Con algarabías, aplausos, abrazos y manifestación de emoción fue respaldada el día por miles de activistas, la aprobación en Cámara de Diputados de la despenalización del aborto en Argentina, país suramericano en donde el aborto es legal solo en los casos donde la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida, según el Código Penal de 1921.
El debate legislativo tuvo recibió los votos a favor de 131 diputados, 117 en contra y 6 abstenciones. De ser aprobado ante el Senado, el aborto podría practicarse hasta la semana 14 de gestación si la madre así lo deseare y establece un plazo máximo de 10 días entre que se solicita la interrupción del embarazo y se la lleva a cabo, con todas las medidas médicas, y si así resultare, en los próximas semanas Argentina se sumaría a los Países americanos que han despenalizado el aborto, seguido de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Cuba, Guyana y Uruguay.
Según señalamientos realizados por el diputado Juan Carlos Alderete, uno de los defensores de esta iniciativa legislativa: “Nadie promueve el aborto, las mujeres no quieren llegar a esa situación, mucho menos se usa el aborto como método anticonceptivo. Pero los abortos, por múltiples razones suceden. Resolver este tema en favor de las mujeres del pueblo implica que todas tengan acceso a un aborto seguro, es un problema de salud pública y justicia social.
Así mismo sumó este discurso el diputado opositor Waldo Wolff “Durante 100 años, los legisladores nos transformamos en inquisidores e hicimos un escrutinio moral. Le preguntamos a la mujer que viene a abortar si tuvo consentimiento o no a la hora de tener sexo. Eso ya fue ley en 1921. Hoy vamos a dejar de ser hombres de 1921. Nos vamos a resetear a 2020”…. “Estamos cruzando la última valla para el reconocimiento legal, pleno de la autonomía de las mujeres”.
De acuerdo con estimaciones extraoficiales, en Argentina se realizan cada año más de 450.000 abortos, en su gran mayoría clandestinos. Unas 40.000 mujeres deben ser luego internadas por complicaciones. Además de la despenalización, la ley contempla un plan de los 1.000 días que, en palabras de Fernández, busca «bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los tres años de vida».