La austeridad no construye paz, la austeridad mata

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Entre el 2017 y el 2022 nos ha costado a los y las colombianas $96 mil millones diarios el sostenimiento de la guerra. Entre tanto, desde la firma del Acuerdo Final de Paz  (AFP) suscrito entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, se han ejecutado en ese mismo periodo de tiempo $43 billones, es decir, que se han invertido $19 mil millones diarios en la implementación de este. Dicho de otra manera, desde la firma del AFP se ha invertido casi una quinta parte en paz de lo que se gasta en guerra. Este dato en frío ya nos dice mucho.

Detenernos y reflexionar sobre este aspecto en estricto sentido no supone una tarea técnica, sino ante todo, una decisión política, una decisión política que encierra nuestro futuro como Estado y Nación. Esto es así porque la decisión de invertir más en paz y gastar menos en guerra es una cuestión de vida, una cuestión de dignidad, una cuestión de principios, que adquiere concreción en la cotidianidad de millones de colombianos y colombianas en los territorios más afectados por el conflicto armado.

En virtud de ello se alcanzaría a entender el porqué el presidente Gustavo Petro en el más reciente Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia advirtió sobre la escasez de recursos para la indemnización administrativa de las víctimas del conflicto armado y el cumplimiento del subpunto 1.1 de la Reforma Rural Integral acordada en el AFP que nos habla sobre el acceso y uso de tierras, convocando a todas las fuerzas vivas del país a un gran acuerdo nacional para revertir este aciago devenir.

Creo que, ante problemas excepcionales, medidas excepcionales. La financiación  del AFP, y por consiguiente, su implementación, no pasa por una redistribución interna de los porcentajes con los cuales participan las distintas fuentes, sino por el incremento considerable de estas, en particular, del Presupuesto General de la Nación (PGN). Para ello creo que no hay otra medida que prestarle atención a la deuda pública. Me explico.

La deuda pública de Colombia se ha incrementado de manera constante en los últimos cinco años, dando un salto considerable en los últimos tres, incluyendo el año en curso, al pasar de $52 billones en 2020 a $69 billones en 2021 y a $78 billones en 2023. Lo que esto nos dice es que la deuda pública en nuestro país ha llegado a representar casi el 30% del PGN y se estima que continúe creciendo.

Entonces, ¿qué habríamos de hacer? Así como lo ha venido proponiendo el presidente Gustavo Petro en relación al cambio de protección de la naturaleza por deuda pública, creo que, como ya lo han sabido advertir muchos académicos, el primer paso es solicitar que la deuda pública sea auditada, fundamentalmente para determinar con claridad cuanta de esta es odiosa, es decir, cuanto de esa deuda se contrajo sin beneficiar directamente a la ciudadania, cuanta se adquirió a sabiendas de que no podría pagarse y, especialmente para la financiación del AFP, cuanta de esa deuda pública se obligó para financiar la guerra. Dicho de otra manera, o se continua pagando una deuda odiosa e ilegitima o se redirigen esos recursos para construir paz en y desde los territorios.

El debate político sobre la implementación del AFP y por consiguiente sobre los recursos necesarios para dicho propósito debería ser intenso. Lastimosamente la financiación del AFP desde su firma siempre ha brillado por su ausencia, incurriendo en errores -no corregidos a la fecha-, tales como la estimación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) sin contar para la fecha con las acciones que las comunidades privilegiarían para hacerlos realidad.

Sin lugar a dudas lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016 en su artículo 3 no ha sido suficiente. Los recursos programados por las entidades públicas del orden nacional y territorial no han resultado ser adicionales, ni tampoco han contribuido al cierre de las brechas sociales, económicas e institucionales. Todo esto, visto en perspectiva, nos plantea una gran interrogante que a estas alturas resulta ineludible: es ¿es el actual orden socioeconómico, anclado a la dictadura fiscal, el más optimo para la construcción de paz en Colombia? E incluso, ¿es la construcción de paz en Colombia de nuestro interés como ciudadania?

Quiero seguir creyendo que aun la paz y la implementación del AFP es de nuestro interés como sociedad y que más temprano que tarde, todos los actores involucrados en la construcción de paz entenderemos que ésta solo tiene sentido y posibilidad de ser en un escenario de justicia social y ésta solo es factible contra y más allá del neoliberalismo.

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