Una respuesta oficial de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño abrió un nuevo debate sobre los límites entre la administración pública y la actividad política en el departamento. El documento, fechado el 19 de enero de 2026 y dirigido a un ciudadano , aparece radicado con los números NAR2026ER001183 y NAR2026EE000860, y fue emitido en papel institucional de la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Educación.
El contenido del oficio es el punto que ha generado preocupación. En la comunicación, firmada por Edie Ezequiel Quiñones Valencia, subsecretario administrativo y financiero, se agradece “la manifestación de respaldo” de comunidades afrodescendientes y se menciona expresamente el apoyo a la candidatura del doctor Benildo Cuota a la Cámara de Representantes, en una lista que, según el texto, habría sido “ordenada” por el actual gobernador Luis Alfonso Escobar.
La situación resulta delicada porque el documento no aparece como una opinión personal ni como una comunicación privada, sino como una respuesta oficial tramitada desde una dependencia pública del sector educativo. En el pantallazo del sistema de radicación también se observa que el requerimiento figura como una petición de información, creada el 16 de enero de 2026, con vencimiento el 30 de enero y estado “finalizado” el 19 de enero.
El caso deja una pregunta de fondo: ¿puede una Secretaría de Educación, cuya misión debe estar centrada en garantizar derechos fundamentales como el acceso, la permanencia y la calidad educativa de niños, niñas y jóvenes, terminar involucrada en comunicaciones que hacen referencia a respaldos políticos y candidaturas electorales?
La Constitución Política establece límites claros para los servidores públicos. El artículo 127 señala que a ciertos empleados del Estado les está prohibido tomar parte en actividades de partidos, movimientos y controversias políticas, y advierte que usar el empleo para presionar a ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta.
A su vez, el Código General Disciplinario contempla como faltas relacionadas con la intervención en política utilizar el cargo para participar en actividades de partidos o controversias políticas, así como usar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña o influir en procesos electorales.
Por eso, más allá del debate político, el asunto exige una revisión institucional. No se trata únicamente de una frase desafortunada ni de un error de redacción. Se trata de un documento oficial que, de confirmarse su autenticidad y alcance administrativo, podría comprometer la neutralidad que debe regir la función pública.
La gravedad aumenta porque el hecho se produce en el sector educativo. La educación no puede ser utilizada como plataforma electoral ni como instrumento de cálculo político. En un departamento con profundas brechas sociales, rurales y étnicas, la Secretaría de Educación debería concentrar sus esfuerzos en mejorar infraestructura escolar, garantizar transporte, alimentación, nombramiento de docentes y condiciones dignas para los estudiantes.
El silencio de los organismos de control también empieza a generar inquietud. La Procuraduría y las oficinas de control interno disciplinario deberían revisar si en este caso hubo uso indebido de canales institucionales, posible extralimitación de funciones o participación política desde una dependencia pública.
También queda en el ambiente una responsabilidad política mayor. Si este tipo de actuaciones se producen dentro de una entidad de la Gobernación, corresponde al gobernador Luis Alfonso Escobar dar explicaciones claras sobre si conocía o no este tipo de comunicaciones, qué medidas adoptará y si su administración permitirá que los despachos públicos sean utilizados para promover proyectos electorales.
Nariño necesita una administración dedicada a gobernar, no a hacer campaña. Y menos desde la educación, donde están en juego derechos fundamentales y el futuro de miles de niños, niñas y adolescentes.
Por ahora, el documento ya existe, tiene radicado, fecha, destinatario, firma y membrete institucional. Lo que falta es que los entes de control respondan una pregunta urgente: ¿se cruzó la línea entre la función pública y la política electoral?
