Por: Luis Efrén Delgado Eraso
Presidente de ASOINAGRO
Por décadas, el campo colombiano ha esperado que la justicia deje de ser un trámite lejano para convertirse en una herramienta real, cercana y efectiva, capaz de resolver los conflictos que nacen de la tierra. La reciente decisión de la Cámara de Representantes de negar la creación de la jurisdicción agraria vuelve a encender un debate profundo y necesario, especialmente en territorios rurales como Nariño, donde la tierra no es solo un bien económico: es sustento, identidad y esperanza para miles de familias campesinas.
La propuesta de una jurisdicción agraria buscaba responder a una realidad innegable: los conflictos rurales tienen características propias que difícilmente encuentran solución en la justicia ordinaria. Disputas por linderos, restitución de tierras, uso del suelo, acceso al agua o formalización de la propiedad requieren jueces con conocimiento del territorio, del contexto productivo y de la complejidad social del campo.
Para Nariño —un departamento marcado por la pequeña propiedad, la economía campesina y la presencia histórica del conflicto armado— esta jurisdicción representaba la posibilidad de una justicia más cercana, más rápida y, sobre todo, más justa.
Entre los aspectos positivos, se destacaba la especialización: una jurisdicción agraria podría haber reducido la congestión judicial, evitado fallos contradictorios y brindado mayor seguridad jurídica a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, se vislumbraba como un complemento clave para la Reforma Rural Integral, al facilitar la resolución de conflictos que hoy frenan la productividad, la inversión y la convivencia en el campo.
Sin embargo, la negativa de la mayoría en la Cámara también se apoyó en argumentos que no pueden pasarse por alto. Algunos sectores advirtieron sobre el alto costo fiscal de crear una nueva jurisdicción, el riesgo de duplicar funciones ya existentes y la posibilidad de generar más burocracia sin resultados inmediatos. Otros expresaron temores frente a una eventual politización de la justicia agraria o a la inseguridad jurídica durante la transición hacia un nuevo modelo judicial.
El problema es que, al negar la jurisdicción agraria, no se resolvieron los males de fondo. Estos siguen ahí. Los procesos continúan siendo lentos y costosos, y el campesino nariñense sigue enfrentando una justicia que, muchas veces, no entiende su realidad. Decir “no” sin ofrecer una alternativa clara y viable es, en la práctica, prolongar una deuda histórica con el agro.
Desde Nariño —donde la tierra se trabaja en familia y se defiende con dignidad— la discusión no debería cerrarse. Si no es una jurisdicción agraria como se propuso, el país necesita al menos fortalecer los mecanismos existentes, formar jueces con enfoque rural y garantizar que el acceso a la justicia no dependa de la distancia, el dinero o el desconocimiento de la ley.
Lo cierto es que no se trata de pedir privilegios. Se trata de generar soluciones. Negar la jurisdicción agraria no puede significar negar, una vez más, el derecho del campo a una justicia que lo comprenda y lo proteja.
