Por: Angela del Rosario Torres Rodríguez
Este fin de año el mundo parece enloquecer. Mientras una horda de desquiciados ha puesto una pistola sobre la mesa global sin que nadie logre detenerla, en Colombia el debate público se vuelca sobre el incremento excesivo del salario mínimo, sin tener en cuenta dos cálculos matemáticos básicos, enseñados en primer semestre de cualquier facultad de economía para la fijación salarial, que consiste en sumar; productividad más inflación.
Ahora bien, según cifras del DANE, Colombia registró una Productividad Total de los Factores (PTF) del 0.91% hasta el tercer trimestre con un incremento del PIB del 3,6%, siendo la inflación de un %5,1.
De acuerdo con un estudio presentado por Confecámaras en 2022, las MiPymes generaban para ese año el 78 % del empleo formal en Colombia y aportaban entre el 35 % y el 40 % del PIB nacional y su contribución varía según el régimen tributario al que pertenezcan (régimen ordinario o Régimen Simple), pagando impuesto de renta (35 % en el régimen general, o entre el 1,8 % y el 14,5 % en el RST), además del IVA (19 %) y otros gravámenes asociados.
Y pese a que las consecuencias económicas de un incremento salarial bajo este esquema no siempre son inmediatamente previsibles ni homogéneas en el corto plazo, sí generan una reconfiguración profunda de la carga fiscal. El aumento de los costos laborales eleva las bases gravables asociadas a nómina, seguridad social y parafiscales, trasladando una mayor presión tributaria hacia los empleadores formales.
Las empresas con menor capacidad de absorción, principalmente MiPymes, terminan asumiendo una carga desproporcionada frente a grandes conglomerados con mayor poder de traslado de costos. Esta redistribución fiscal no se da por una ampliación del recaudo progresivo, sino por el encarecimiento de la formalidad. A su vez, el incremento de precios reduce el consumo real y contrae la base tributaria indirecta. El resultado es un sistema que recauda más de quienes menos margen tienen y menos de quienes concentran capital.
Lo anterior implica que, mediante este tipo de medidas, el Estado no protege el mercado, sino que genera una competencia estructuralmente desigual, expulsando a las MiPymes y facilitando la concentración económica en manos de grandes capitales, que no necesariamente son nacionales. Este proceso favorece la monopolización de sectores estratégicos, debilita el tejido empresarial local y transforma a la población en mera fuerza de trabajo subordinada. A su vez, al depender cada vez más del recaudo proveniente de estos grandes capitales, el Estado pierde autonomía económica y capacidad de decisión, configurando una forma moderna de dependencia o colonización económica, no mediante la fuerza, sino a través de políticas.
Estas decisiones solo cumplen lo predicho por Harari en su libro Nexus sobre el tecnofeudalismo: ante la dependencia tributaria por parte del Estado de capitales foráneos, esté no se fortalece como regulador ni como garante del equilibrio social, sino que se debilita estructuralmente, al trasladar la carga del ajuste económico a los actores productivos más frágiles mientras depende cada vez más de grandes capitales y las plataformas tecnológicas para sostener el recaudo y la estabilidad fiscal. Esta dinámica no conduce a un capitalismo competitivo, sino a una forma de tecno-feudalismo, en la que unas pocas corporaciones, financieras, digitales o transnacionales, concentran datos, mercado y poder de decisión, mientras el Estado pierde capacidad de intervención real. Las empresas locales desaparecen o se subordinan, los trabajadores dejan de ser ciudadanos económicos para convertirse en usuarios o mano de obra precarizada, y la soberanía económica se diluye en redes privadas de información, capital y tecnología. El resultado no es justicia social, sino un orden donde el Estado administra consecuencias, pero el poder efectivo reside fuera de él, donde los nuevos señores económicos no rinden cuentas democráticas y, como los mejores ejemplos en el dumping en industrias, serán ellos los que terminarán fijando los ingresos de los ciudadanos.
