Las condiciones de seguridad que se viven en Nariño obstaculizan el trabajo de la JEP y obstruyen la participación de las víctimas.

Por medio del comunicado 029,  la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Unidad de Investigación y Acusación UIA,  dio a conocer el pasado 3 de marzo que el futuro del caso 02 que investiga la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, podría estar en riesgo si las condiciones de seguridad en el departamento no mejoran.

De acuerdo al monitoreo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), los derechos a la verdad y justicia de 105.213 víctimas acreditadas ante la JEP, podrían verse vulnerados por los alarmantes registros de violencia que se viven en la zona.

El documento revela que solo el pasado 21 de febrero se cometió 11 asesinatos, para un total de 117 crímenes cometidos en esta zona del país desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc. La UIA, manifestó que los asesinatos corresponden a la masacre número 22 que ocurre en el departamento desde el 2016.

El monitoreo realizado por la UIA recalca que en el pacifico nariñense se presentan hechos continuos de revictimización, es decir, muchas organizaciones y personas que fueron víctimas de grupos armados que antiguamente operaban en la zona, hoy por hoy, siguen siendo victimizadas por parte de las disidencias de las Farc y demás grupos armados.

De acuerdo a los datos que arrojó el monitoreo, la UIA advirtió que “la región vive una crisis humanitaria debido al alto número de masacres, eventos masivos de desplazamiento forzado, confinamiento de comunidades enteras y las amenazas que restringe el liderazgo social”.

“La falta de garantías para el ejercicio del liderazgo social que, entre otras cosas, atenta contra el interés de las comunidades de participar en el proceso judicial. Las amenazas de muerte y el asesinato continuo de autoridades indígenas del pueblo Awa desestimula la participación en la JEP. Se atemoriza a las personas de base a seguir teniendo contacto con las autoridades judiciales como es el caso de la jurisdicción” manifiesta la UIA.

Finalmente, la JEP puntualizó en que las pésimas condiciones de seguridad que se viven en el país obstaculizan las labores de esta institución y obstruyen la participación activa de las víctimas.

Comentarios

Comentarios