¿Negligencia de Montagas que deben asumir los usuarios? -Un negocio redondo y millonario-
Los usuarios de MONTAGAS en Nariño han visto con sorpresa el anuncio de visitas domiciliarias con el fin de verificar la red de instalación interna del servicio de gas, cuyo propósito es expedir o negar un certificado de instalación periódica, de acuerdo a ello continuar prestando el servicio o suspenderlo hasta que se solucionen las anomalías encontradas.
MONTAGAS realiza un cobro de cincuenta y cinco mil pesos en su facturación mediante una «autorización para el cobro de bienes y/o servicios no inherentes a la prestación del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo en factura de servicio publico». Autorización que el operario que visita la residencia hace firmar al usuario y que corresponde «a la inspección periódica interna de gas combustible obligatoria qué contempla la, Resolución 059 de 2012 emitida por la CREG», lo anterior de acuerdo con el inciso 3 del artículo 128 de la Ley 142 de 1994″.
En apariencia todo se encuentra contemplado en la ley y es de carácter obligatorio y de función preventiva. Pero, nos asaltan unas dudas que públicamente formulamos a la empresa MONTAGAS, para tranquilidad de los usuarios y del bolsillo gravemente afectado de los usuarios en caso de encontrarse fallas de instalación o de ventilación adecuada.
Si la inspección resulta satisfactoria no hay, obviamente, problema alguno. Si por el contrario el INFORME DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE no es satisfactorio, el usuario debe asumir de su bolsillo los gastos que se requieran.
Un operario de una forma privada visita la residencia. Realiza la inspección del caso y emite un concepto. Posteriormente debe programar una nueva visita con una empresa privada para que corrija los problemas encontrados. Y ahí comienza otro calvario pues la corrección de dichos problemas generan nueva fastos que van desde los doscientos mil pesos hasta sumas exorbitantes y que se constituyen de pago obligatorio si pena de la cancelación definitiva del servicio.
Lo curioso es que estos problemas o defectos se encuentran después de cinco, seis o más años de habitar una familia en su residencia. Son errores de los constructores, de MONTAGAS que instala las redes domiciliarias en edificios sin verificar la seguridad interna de las mismas y concede las autorizaciones y permisos del caso, cuando lo correcto sería primero verificar si existen las condiciones para su instalación y luego proceder a ello.
Encontramos varias anomalías y errores de MONTAGAS. La primera, ¿por qué instala redes domiciliarias internas sin verificar primero las adecuaciones pertinentes? ¿Cómo expone a las familias a peligros inminentes por fallas de instalación o ventilación durante años y décadas? ¿Cómo permite que se expida certificados de habitabilidad sin presentar las denuncias respectivas ante autoridades competentes?
Igual inquietud para los constructores. Si conocen las normas y leyes, existentes al respecto ¿Por qué no cumplen las normas asaltando la buena fe de los compradores de vivienda? ¿Por qué no adecuan de acuerdo a la ley las construcciones? ¿Por qué no cumplen las leyes pertinentes de seguridad? Son ellos los culpables de este desorden en materia de seguridad y más aún tratándose de un elemento tan peligroso como el gas.
Por su parte, las autoridades competentes ¿cómo expiden CERTIFICADOS DE HABITABILIDAD sin que se cumplan las mininas normas de seguridad? ¿No existen acaso inspectores o veedores de obras?
Las autoridades y entidades competentes deben iniciar una investigación de este asunto tan peculiar que pone en riesgo la vida de cientos de familias y que se les obliga a correr con los gastos onerosos en momentos de una crisis económica generalizada.
MONTAGAS no debe ni puede prestarse para un abuso de esta naturaleza, debió exigir oportunamente las condiciones que permitan la instalación de sus redes internas domiciliarias en edificios de apartamentos. Y no facilitar un cobro que ellos como empresa (y su clara negligencia) lo realice una entidad particular o privada.
De otra parte las soluciones que proponen los inspectores, son risibles y hasta graciosas, cortar un pedazo de vidrio y facturar por ello ciento cincuenta o doscientos mil pesos y amenazar con que únicamente lo pueden hacer ellos so pena de no expedir certificado de instalación periódica y el posterior corte del servicio de gas domiciliario.
Deben intervenir, repito, nuestras autoridades. Iniciar una seria investigación, calmar los ánimos de cientos de usuarios (como el caso de las Torres de Fátima) que no pueden asumir costos excesivos y cuya causa se encuentra en la negligencia de las constructoras y de las autoridades y entidades por no cumplir su misión de velar por la seguridad de clientes de vivienda y usuarios de un servicio.
A constructores y entidades, lo mismo que a MONTAGAS debe trasladarse estos cobros absurdos. Esperamos un pronto pronunciamiento de gremios, autoridades y funcionarios. No es justo que los usuarios asuman la irresponsabilidad de unos constructores que burlan las normas y de unos funcionarios y entidades que no hacen respetar las normas en materia de seguridad.