Pablo Emilio Obando Acosta
Una vez más, el departamento de Nariño se encuentra en el ojo del huracán. Una vez más, desde los escritorios del poder central se pretende trasladar a los ciudadanos de esta región una carga económica que no les corresponde asumir. Y una vez más, los nariñenses están obligados a levantar la voz para defender derechos que ya fueron conquistados en la ley y que no pueden ser desconocidos mediante simples comunicaciones administrativas.
La reunión realizada este jueves en el despacho del alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, dejó una conclusión contundente: Nariño está unido en la defensa del régimen especial de combustibles que ampara a los departamentos de frontera.
Transportadores, empresarios del sector de los combustibles, distribuidores, dirigentes gremiales y reconocidos conocedores del tema, entre ellos el exministro de Justicia y exsenador Parmenio Cuéllar Bastidas, coincidieron en un punto fundamental: el subsidio al transporte de combustibles hacia Nariño no puede ser trasladado al consumidor final porque la Ley de Fronteras establece claramente que dicha responsabilidad corresponde al Estado colombiano.
La controversia surge luego de que desde el Viceministerio de Minas se planteara una nueva interpretación según la cual el subsidio estatal cubriría únicamente el trayecto hasta Chachagüí, dejando a cargo de cada municipio el costo restante del transporte hasta las estaciones de servicio de sus respectivas jurisdicciones.
Traducido al lenguaje ciudadano, la propuesta significaría un incremento cercano a los 509 pesos por galón de gasolina. Un golpe directo al bolsillo de miles de familias, transportadores, campesinos, comerciantes y empresarios que ya enfrentan enormes dificultades derivadas de la distancia geográfica, los altos costos logísticos y las históricas desventajas competitivas que han acompañado al departamento durante décadas.
Pero aquí surge una pregunta inevitable: ¿puede una ley de la República ser modificada o reinterpretada mediante un simple oficio administrativo? La respuesta parece evidente.
Lo que denuncian los sectores involucrados es aún más preocupante. Detrás de esta decisión existiría un déficit superior a los 30 mil millones de pesos acumulados desde el año anterior por concepto de subsidios al transporte de combustibles. En otras palabras, el Gobierno Nacional estaría enfrentando un faltante presupuestal que hoy no sabe cómo cubrir.
Y cuando las cuentas no cuadran en Bogotá, la salida más fácil parece ser mirar hacia las regiones. Sin embargo, Nariño no puede convertirse en la caja menor de los errores fiscales de la Nación.
Los nariñenses no pueden ser llamados a financiar con mayores precios de combustible los vacíos presupuestales generados por decisiones adoptadas desde el nivel central. Mucho menos cuando existe una normatividad vigente que precisamente fue creada para compensar las dificultades económicas derivadas de nuestra condición fronteriza.
Por eso resulta importante destacar el liderazgo asumido por el alcalde Nicolás Toro Muñoz. Más allá de posiciones políticas o diferencias ideológicas, hay que reconocer que logró convocar a todos los sectores involucrados alrededor de una sola causa: la defensa de los intereses de Nariño.
Durante cerca de tres horas se escucharon argumentos técnicos, jurídicos y económicos. No hubo espacio para protagonismos individuales. Lo que predominó fue una preocupación colectiva frente a una amenaza que podría afectar seriamente la economía regional.
El mensaje que salió de esa reunión fue claro: Nariño tendrá una sola voz y una sola bandera. La defensa del precio diferencial de los combustibles. La defensa de la Ley de Fronteras.
La defensa de los derechos adquiridos por los habitantes de este departamento.
No es la primera vez que se intenta desmontar, reducir o reinterpretar los beneficios contemplados para Nariño. La historia reciente registra varios intentos similares. Todos han encontrado la resistencia legítima de una región que entiende perfectamente que perder estos mecanismos de compensación significaría profundizar aún más las brechas económicas que históricamente la han afectado.
Lo que está en juego no son únicamente 509 pesos por galón. Lo que realmente está en discusión es el respeto por la palabra del Estado, la seguridad jurídica de las regiones y la vigencia misma de las leyes que el Congreso de la República ha expedido para proteger territorios con características especiales como Nariño.
Cuando una norma pretende ser desconocida por la vía de un comunicado, el problema deja de ser económico y se convierte en institucional.
Por eso la defensa que hoy emprenden los gremios, los empresarios, los transportadores y la administración municipal no debe interpretarse como una simple discusión sobre combustibles. Se trata de una causa regional que compromete el presente y el futuro del departamento. Nariño no está pidiendo privilegios. Nariño está exigiendo que se cumpla la ley.
Y entre cumplir la ley o trasladar a los ciudadanos el costo de un déficit fiscal nacional, la decisión debería ser tan clara como la dignidad con la que hoy este departamento ha decidido defenderse.
