No nos representan.

Después de más de cinco días de protesta popular, el Gobierno Nacional ha insinuado que la reforma tributaria será retirada. Hasta no ver, no creer. El mensaje presidencial estuvo acompañado de una invitación a un consenso nacional para lograr una reforma equilibrada. Se abre entonces el gran interrogante ¿cómo llegamos a dicho consenso?

Responder a esta pregunta nos remite a dos escenarios: uno coyuntural y otro estructural. El primero, corresponde a la experiencia reciente que este Gobierno anunció a finales de 2019 con bombos y platillos, llamada la Gran Conversación Nacional, surgida como respuesta a otro momento de ascenso de la protesta social, que entonces ya revelaba el malestar de cientos de miles de colombianos excluidos del contrato social. El segundo, nos remite a la institución donde se supone “reside la democracia”.

La Gran Conversación Nacional fue instalada el 24 de noviembre de 2019 y la metodología implementada suponía que este escenario funcionaria hasta comenzar las sesiones del Congreso de la República el 16 de marzo de 2020, para que en éste se tramitaran a través de proyectos de ley las conclusiones alcanzadas. Paradójicamente, Diego Molano, hoy Ministro de Defensa, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), fue el encargado de la “conversación”. Los logros presentados para octubre de 2020 planteaban que se había escuchado a los jóvenes sobre su necesidad de empleo, se aceleró la reforma al ICETEX, el desarrollo de vías terciarias, el apoyo a las mipymes, el impulso de iniciativas anticorrupción y la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Es decir, la movilización social tuvo que impulsar al Gobierno Nacional a cumplir las responsabilidades básicas que le corresponden en un Estado Social de Derecho, retomar los puntos contenidos en la consulta anticorrupción y lo definido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El Congreso de la República tampoco estuvo a la altura de las reivindicaciones y llamados del paro de 2019, ni tampoco pudo atender y contener la agudización de la crisis social desatada por la pandemia. Esta institución, sin temor a equivocarnos es una de las más ilegitimas del país. De ello da cuenta la última encuesta de INVAMER, en la cual se señala que para abril de 2021, la imagen desfavorable del Congreso ascendió a 73,6%, porcentaje que mantuvo un crecimiento constante en el marco de la pandemia (65,2% para agosto de 2020 y 65,6% en noviembre de 2020), periodo durante el cual ha sesionado mayoritariamente de manera virtual y sin acciones contundentes para atender esta crisis. El Congreso sólo es superado por los partidos políticos que registran un 78,1% de desfavorabilidad, lo que no resulta paradójico pues en últimas son ellos los que ocupan los asientos de esta institución.

En 2019, el Gobierno sostuvo que la Gran Conversación Nacional trascendía a los convocantes del paro, como estrategia para diluir las reivindicaciones que movilizaron entonces al pueblo colombiano. Se atreverá el Gobierno nuevamente a simular escenarios de diálogo en los que no escucha, intentará plantear que es el Congreso la institución que representa a todos los que nos movilizamos masivamente o el consenso nacional propuesto este domingo 2 de mayo se limitará a una mesa de acuerdos a puertas cerradas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con los partidos políticos.

La protesta social de finales de 2019, agudizada por la pandemia, se ha expresado nuevamente en las calles a propósito de la reforma tributaria, dejando en evidencia que el descontento social no sólo trasciende la propuesta de reforma sino también a cualquier político, partido político o institución, lo cual denota una verdad a gritos: Colombia padece una profunda crisis de representatividad, razón por la cual vale afirmar a todo pulmón que ¡no nos representan! Que ni el actual Gobierno, ni el Congreso, ni los Sindicatos, ni los Partidos Políticos nos representan, particularmente a los y las jóvenes del país.

Coda 1: la gran crítica a la Gran Conversación Nacional por parte de la oposición es que jamás fue un escenario vinculante. No suponía una negociación, sino tan solo un diálogo.

Coda 2: La crisis de representatividad y la ausencia de escenarios legítimos para la construcción de consensos, nos remite nuevamente a pensar en una eventual Asamblea Nacional Constituyente.

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