Procuraduría busca cambiar los expedientes en papel por audiencias orales

El Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés Gonzalez, dijo que uno de los principales retos de la entidad para el 2018 es implementar la oralidad en los procesos disciplinarios.

“La oralidad tiene una enorme connotación en el proceso disciplinario para darle transparencia y publicidad, y por eso la necesidad de que todos las partes estemos preparadas adecuadamente para su desarrollo”, dijo.

Al clausurar del Séptimo Congreso Internacional de Derecho Disciplinario” del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) Cortés Gonzalez invitó a reflexionar, de cara al próximo año, sobre la naturaleza de la gestión disciplinaria en el ámbito del Estado colombiano.

Indicó que la gestión disciplinaria “no es una función meramente administrativa, hoy no tiene la condición de función judicial, pero es una buena oportunidad para que entendamos y profundicemos ese alcance de una función constitucional ejercida no por el Ejecutivo, sino por una instancia autónoma dentro de Estado”.

Anunció también que se buscará una mayor coordinación en el trabajo que como Ministerio Público ejercen la Procuraduría y las personerías, trabajo que ya se está ejecutando pero que se debe fortalecer para tener una mejor articulación.

Para Cortés González también se requiere una coordinación con las oficinas de control interno disciplinario, porque “hay una gran debilidad de estas oficinas en varias entidades del Estado, porque carecen de recursos y las funciones no son autónomas”.

El Viceprocurador hizo énfasis en la necesidad de ahondar en la formación en el ámbito disciplinario de la función pública, para que foros y capacitaciones como este congreso disciplinario “lleguen a las veedurías, organizaciones sociales y a todas las personas que entran al servicio del Estado y a los privados que cumplen función pública”.

“La tarea de la actualización nos compromete a todos y tendrá efectos muy notables, particularmente en la prevención y  modificación de conductas contrarias al orden jurídico, para que nuestra potestad disciplinaria no tenga que ejercerse  tanto,  y tengamos un Estado con menos conflictos y una administración pública más eficiente y  apegada a los principios, para garantizar los derechos de los ciudadanos”, concluyó Cortés Gonzalez.

MLN/mln

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