Procuraduría General de la Nación realizó acción preventiva al proyecto de construcción del teleférico en el Santuario de la Virgen de las Lajas

La Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta la trascendencia social que tiene para el municipio de Ipiales y para el departamento de Nariño el proyecto de construcción de un teleférico en el corregimiento de Las Lajas como un atractivo turístico para quienes visitan el Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas, y ante la inconformidad que este ha generado en los habitantes de dicha localidad ante la falta de socialización e información del proyecto, mediante acción preventiva estableció la naturaleza jurídica de la “Corporación Las Lajas”, creada para adelantar esta inversión, y el origen de los recursos que la conforman, para determinar las posibles responsabilidades atribuibles a quienes fungen como sus representantes legales.

La Procuraduría, a través de la Procuraduría Provincial de Ipiales, identificó que la “Corporación Las Lajas” no ha rendido cuentas sobre el manejo de $6.216 millones de pesos que la Gobernación de Nariño transfirió a la corporación, cuentas que datan desde agosto de 2007, fecha en la cual se constituyó, pasando más de cinco años sin que la Contraloría Departamental de Nariño y la misma Gobernación de ese departamento, como socia de la corporación, conozcan sobre el manejo y destino de los recursos y sin que la comunidad de Las Lajas y los habitantes del municipio de Ipiales tengan claro el desarrollo del proyecto.

 

Según el informe de la acción preventiva adelantada por el ente de control, resulta extraño que inicialmente unos lotes aportados por la Parroquia Nuestra Señora de Las Lajas y que se detallan en el acta de constitución de la corporación sean valorados en 500 millones de pesos y cinco meses más tarde la Asamblea General, integrada por tres personas, reforme los estatutos y valore esos mismos lotes en la suma 3.800 millones de pesos, sin mediar un avalúo referenciado en la misma acta.

 

De igual manera se logró identificar que en los estatutos reformados se estipuló que si en un plazo de quince 15 años no se hubiera cumplido el objeto para el cual fue conformada la corporación, esta se disolvería y liquidaría y los remanentes se entregarían a la Diócesis de Ipiales, convirtiéndose en la práctica, en una especie de donación de los recursos estatales a favor de un particular.

 

La Procuraduría Provincial de Ipiales remitió copia del informe a la Procuraduría Regional de Nariño para que adelante las acciones disciplinarias correspondientes. 

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