El exgobernador de Nariño, Segundo Raúl Delgado Guerrero, fue incluido en la nómina de la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante a la Cámara Rosita Guevara Rosero, con una asignación mensual de $26.263.575. Su vinculación abre una discusión sobre las inhabilidades electorales y las condiciones jurídicas de una eventual candidatura a la Gobernación de Nariño.
El panorama político de Nariño comienza a registrar movimientos de cara a las elecciones territoriales de 2027. Uno de ellos es la vinculación del exgobernador Segundo Raúl Delgado Guerrero a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante a la Cámara Rosita Guevara Rosero, quien integra la delegación parlamentaria del departamento.
De acuerdo con una relación de funcionarios correspondiente a octubre de 2026, Delgado Guerrero aparece vinculado desde el primero de octubre como asesor VIII, con una asignación mensual de $26.263.575, la remuneración más elevada entre los siete integrantes registrados en el equipo de la congresista.
La UTL presenta asignaciones mensuales que suman $87.545.250, recursos públicos destinados al funcionamiento del equipo de apoyo legislativo.
Sin embargo, más allá del nombramiento y de su remuneración, surge una pregunta de interés político y jurídico: ¿la vinculación de Raúl Delgado al Congreso de la República podría impedirle aspirar nuevamente a la Gobernación de Nariño?
Un cargo en el Congreso y una eventual aspiración electoral
Raúl Delgado Guerrero cuenta con una trayectoria en la administración pública. Fue alcalde de Pasto entre 2004 y 2007, gobernador de Nariño entre 2012 y 2015 y director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Su nombre ha sido mencionado entre los posibles aspirantes a la Gobernación de Nariño para las elecciones de octubre de 2027, aunque hasta el momento no se ha confirmado una candidatura formal.
Su incorporación a la UTL de Rosita Guevara introduce un elemento jurídico relevante: los asesores del Congreso son servidores públicos, pero no todos los empleos públicos generan las mismas inhabilidades electorales.
La naturaleza del cargo, las funciones asignadas y el ejercicio efectivo de autoridad son elementos determinantes para establecer si existe alguna restricción.
¿El nombramiento genera una inhabilidad?
El artículo 30 de la Ley 617 de 2000 establece las principales causales de inhabilidad para ser elegido gobernador.
Entre ellas se encuentra haber ejercido, como empleado público, autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento durante los doce meses anteriores a la elección, en los términos previstos por la ley.
No obstante, el nombramiento como asesor de una Unidad de Trabajo Legislativo no implica, por sí solo, que se ejerza alguna de estas formas de autoridad.
Las UTL cumplen funciones de apoyo a los congresistas en actividades legislativas, investigaciones, análisis de políticas públicas, elaboración de documentos y seguimiento a asuntos de interés nacional y territorial.
En principio, las funciones ordinarias de asesoría no equivalen necesariamente al ejercicio de autoridad administrativa o política que contempla el régimen de inhabilidades.
Por esta razón, la vinculación de Delgado Guerrero a la UTL de Rosita Guevara no permite concluir automáticamente que se encuentre inhabilitado para aspirar a la Gobernación de Nariño.
Sin embargo, una conclusión definitiva requiere examinar el manual de funciones, las competencias efectivamente ejercidas y las demás circunstancias previstas en la legislación electoral.
¿Tendría que renunciar para ser candidato?
Otra cuestión relevante es el momento en que Delgado Guerrero tendría que retirarse de su cargo si decide participar en las elecciones de 2027.
Es importante distinguir entre las inhabilidades electorales y las restricciones que tienen los servidores públicos para participar en actividades políticas.
La existencia de una inhabilidad depende de las circunstancias establecidas en la ley. Por tanto, no puede afirmarse que todos los asesores del Congreso deban renunciar doce meses antes de una elección para poder aspirar a una gobernación.
No obstante, tampoco sería correcto asegurar que Delgado Guerrero puede permanecer en su empleo hasta junio de 2027 o hasta el momento de la inscripción sin realizar un análisis jurídico de su situación.
La eventual renuncia deberá examinarse a la luz de las funciones que desempeña, las restricciones a la participación política de los servidores públicos y el calendario electoral correspondiente.
Un nombramiento con implicaciones políticas
La presencia de un exgobernador en el equipo de trabajo de una representante a la Cámara constituye un hecho relevante para la política regional.
Delgado Guerrero cuenta con experiencia en la administración municipal, departamental y nacional, mientras que Rosita Guevara dispone de un equipo legislativo desde el cual se desarrollan actividades de asesoría y seguimiento a los asuntos públicos.
Su vinculación no demuestra, por sí misma, la existencia de un acuerdo electoral para 2027. Sin embargo, resulta pertinente conocer qué responsabilidades asumirá, cuáles serán sus aportes al trabajo parlamentario y si tiene previsto participar en la próxima contienda por la Gobernación.
La eventual aspiración también exigiría garantizar una separación clara entre las funciones institucionales y cualquier actividad de campaña.
