Pablo Emilio Obando A.
En el municipio de Pasto, donde la expansión urbana ha sido signo de progreso y dinamismo económico, comienza a consolidarse una preocupación que no puede ni debe ser ignorada: la presunta vulneración sistemática de las normas de construcción, aquellas mismas que fueron concebidas para garantizar el orden, la seguridad y la convivencia ciudadana.
El caso que hoy nos ocupa no es menor. Se trata de una edificación que, según el registro fotográfico y las verificaciones preliminares realizadas en campo, evidenciaría una posible transgresión a la línea de paramento, invadiendo de manera ostensible el espacio destinado al andén. Este hecho, de comprobarse, no solo constituiría una infracción urbanística, sino una amenaza directa a la integridad de los peatones, quienes se ven obligados a transitar en condiciones de riesgo, en una ciudad que debería priorizar su seguridad.
Desde una perspectiva técnica, la línea de paramento no es un elemento menor dentro de la planificación urbana. Es el límite que define la relación entre lo público y lo privado, entre la edificación y el espacio común. Su respeto garantiza no solo la armonía arquitectónica, sino la movilidad peatonal, la accesibilidad universal y la prevención de accidentes. Alterarla o desconocerla implica una ruptura del orden urbano y una posible responsabilidad administrativa, disciplinaria e incluso penal.
Pero lo verdaderamente inquietante no es únicamente la presunta infracción, sino la cadena de hechos que la rodean. De acuerdo con testimonios de vecinos y evidencias recopiladas, en algún momento la obra fue objeto de sellamiento por parte de las autoridades competentes, una medida cautelar que, en teoría, impide la continuidad de cualquier actividad constructiva. Sin embargo, de manera inexplicable, ese sello fue retirado pocos días después y la obra continuó su curso.
Aquí surge la pregunta que hoy resuena en la conciencia ciudadana: ¿qué está ocurriendo en las entidades encargadas de ejercer control urbano? ¿Cómo se explica que una medida de carácter restrictivo, adoptada ante posibles irregularidades, sea levantada sin un pronunciamiento claro, sin una socialización pública, sin transparencia?
Las inquietudes no terminan allí. En el mismo sector, y en relación con otro proyecto constructivo, se han conocido versiones —respaldadas por elementos probatorios en verificación— sobre la presunta exigencia de sumas significativas de dinero para la gestión de licencias de construcción. Se habla de una cifra cercana a los 85 millones de pesos, entregados bajo la condición expresa de no indagar sobre su destino final. Este tipo de prácticas, de confirmarse, no solo lesionan la legalidad administrativa, sino que erosionan profundamente la confianza ciudadana en las instituciones.
Cabe recordar que el otorgamiento de licencias urbanísticas en Colombia está reglado por un marco normativo claro, que involucra a curadores urbanos, autoridades municipales y órganos de control. La discrecionalidad no puede convertirse en arbitrariedad, ni mucho menos en un espacio propicio para prácticas irregulares. La ciudad no puede edificarse sobre la irresponsabilidad.
Más aún, los efectos de estas presuntas irregularidades ya comienzan a manifestarse en la vida cotidiana de los ciudadanos. Problemas entre copropietarios, incumplimientos en las condiciones pactadas, afectaciones estructurales y funcionales de las edificaciones, son apenas algunas de las consecuencias que se derivan de procesos constructivos que, al parecer, no han seguido los cauces legales establecidos.
Frente a este panorama, un grupo de ciudadanos —movidos por un legítimo sentido cívico— ha decidido alzar su voz. Han solicitado acompañamiento, han compartido información y han propuesto la conformación de una veeduría ciudadana que permita hacer seguimiento riguroso a este tipo de situaciones. Este ejercicio de control social no solo es válido, sino necesario en una democracia que se precie de ser participativa.
Sin embargo, la responsabilidad principal recae en las autoridades. Es imperativo un pronunciamiento claro, técnico y verificable por parte de las entidades competentes. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió con el sellamiento de la obra, bajo qué argumentos se levantó la medida, quién autorizó la continuidad de la construcción y si se adelantaron las investigaciones correspondientes.
No basta con eventuales mecanismos de compensación económica. El derecho urbano no se reduce a cifras ni a fondos. Por encima de cualquier cálculo financiero está la seguridad de los ciudadanos, el respeto por el espacio público y la garantía de que las normas se aplican sin excepción.
Lo que está en juego no es únicamente la legalidad de una construcción, sino la credibilidad de un sistema. Cuando el concreto avanza por encima de la norma, cuando el andén se reduce y el ciudadano retrocede, la ciudad entera pierde.
Hoy, Pasto se encuentra ante una encrucijada: permitir que estas prácticas se normalicen o asumir, con rigor y transparencia, la defensa del orden urbano. La respuesta no puede dilatarse. La ciudad lo exige. La ciudadanía lo merece.
