Senadora electa del Putumayo y más firmantes respaldan a RTVC en carta enviada al presidente Petro

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Una carta abierta enviada a la Casa de Nariño volvió a meter a RTVC en el centro del debate político y mediático del país. El documento, radicado el 31 de marzo de 2026, pide al presidente Gustavo Petro defender la comunicación pública, mantener una postura de respeto al debido proceso y evitar, según los firmantes, que el escándalo alrededor de Hollman Morris sea usado para debilitar al sistema de medios públicos.

Entre las firmantes aparece Sandra Chindoy, identificada en la carta como senadora electa de la República, y reconocida públicamente como una dirigente política originaria del Putumayo, junto a congresistas, lideresas feministas, representantes de procesos sociales, periodistas y organizaciones de distintos territorios del país. En las páginas de firmas también figuran periodistas de RTVC, voceras de organizaciones comunitarias, colectivos feministas, procesos indígenas y sectores sindicales.

La misiva tiene un título diciente: “Carta abierta en defensa de RTVC y de la ética como presupuesto del cambio. En defensa de la comunicación pública y contra la instrumentalización del escándalo en los medios privados”. Desde sus primeras páginas, los firmantes sostienen que el debate nacional sobre el acoso en los medios ha sido “capturado por una operación política” y que, más allá de buscar justicia para las mujeres, estaría siendo usado para golpear a una institución pública incómoda para los grandes medios privados. Esa tesis aparece desarrollada en las páginas 1, 2 y 3 del documento.

En el texto, los firmantes afirman que a la fecha de suscripción de la carta Hollman Morris no ha sido sancionado penal, disciplinaria ni fiscalmente, y piden que se respete el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. También solicitan que la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo investiguen con el mismo rigor las denuncias de acoso en medios privados como Caracol y RCN, y reclaman que RTVC sea fortalecida como institución pública con independencia editorial y recursos suficientes.

El documento no se queda en una defensa individual. En el fondo, plantea una disputa más amplia: quién narra el país, desde dónde se cuentan sus conflictos y qué lugar debe ocupar la comunicación pública en medio de la polarización. Por eso, la carta insiste en que defender RTVC no es defender a una sola persona, sino proteger el derecho de los pueblos y de las regiones a tener medios que los representen.

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