Por: Daniela Burbano
Así, en una línea fría y por correo electrónico, muchas instituciones educativas siguen respondiendo cuando se trata de niños con trastorno del espectro autista (TEA). Como madre de una niña con autismo, he vivido el cierre de puertas. Y cuando un colegio cierra sus puertas, no solo excluye a un estudiante: limita su acceso a la educación, a la socialización y al aprendizaje en comunidad.
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, es clara: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y deben recibir la misma protección y trato de las autoridades, sin discriminación alguna. Esto implica que las personas con discapacidad, como los niños con autismo, tienen los mismos derechos fundamentales, entre ellos la educación y la salud.
Este mandato se refuerza con el Decreto 1421 de 2017, que establece la inclusión educativa como un derecho y obliga a las instituciones a garantizar el acceso, la permanencia y la participación de los estudiantes con discapacidad mediante ajustes razonables y apoyos pedagógicos. Sin embargo, en la práctica, la inclusión aún enfrenta barreras estructurales: falta de formación docente, escasos recursos y resistencia institucional al cambio.
Cuando un niño con autismo es marginado, se evidencia una escuela que no fue diseñada para la diversidad. No es el estudiante quien debe adaptarse a un sistema excluyente; es el sistema educativo el que debe transformarse para garantizar la igualdad real.
La inclusión no puede quedarse en el discurso. Exige compromiso del Estado, de las instituciones educativas y de la sociedad. Garantizar una vida escolar digna para los niños con autismo no es un acto de caridad, sino el cumplimiento de un deber constitucional. La calidad de una sociedad se mide en cómo protege los derechos de quienes aprenden y viven de manera distinta.
Estoy Convencida de que un futuro más justo se construye cuando miramos la diferencia con respeto, empatía y acción.
