La diligencia especial de pacto de cumplimiento fue programada para el 12 de agosto de 2026. Las partes tendrán dos meses para analizar posibles acuerdos que permitan proteger los derechos colectivos presuntamente vulnerados.
El Tribunal Administrativo de Nariño fijó fecha para una audiencia especial de pacto de cumplimiento dentro de una acción popular promovida por Juan Daniel Peñuela Calvache contra la Nación – Ministerio de Salud y otros, proceso en el que también aparecen vinculados la Fundación Hospital San Pedro y otros.
La decisión fue adoptada por la Sala Unitaria de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto fechado el 29 de mayo de 2026, dentro del proceso con radicación 520012333000-2025-00230-00. El despacho advirtió que estaba pendiente fijar fecha y hora para realizar la audiencia especial de pacto de cumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998.
La audiencia fue programada para el miércoles 12 de agosto de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, y se realizará de manera virtual.
Buscan acuerdos para proteger derechos colectivos
En el auto, el Tribunal ordenó a las partes y a los vinculados que, en un término de dos meses contados a partir de la notificación de la decisión, analicen la posibilidad de llegar a acuerdos que permitan proteger los derechos e intereses colectivos presuntamente vulnerados.
El propósito de esta etapa procesal es que, de ser posible, las partes puedan suscribir un pacto de cumplimiento el día de la audiencia especial. Dicho pacto tendría como finalidad avanzar en la protección de los derechos colectivos y en el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, según las pretensiones de la demanda.
Aunque el documento no detalla en esta providencia cuáles son los hechos específicos de la demanda, sí deja claro que se trata de una acción popular, mecanismo judicial utilizado para la defensa de derechos e intereses colectivos.
Requerimientos a las entidades accionadas y vinculadas
El Tribunal también pidió a las entidades accionadas y vinculadas informar, en un plazo de cinco días, si por hechos y pretensiones similares han sido demandadas ante esta jurisdicción o ante cualquier otra autoridad judicial. Para ello deberán anexar los documentos que corroboren esa circunstancia.
Además, el despacho instó a las partes a atender el protocolo de audiencias que será fijado en la plataforma Samai. También requirió a las accionadas y vinculadas que han intervenido en el proceso para que alleguen los poderes especiales correspondientes, conforme a los requisitos legales establecidos en el Código General del Proceso o en la Ley 2213 de 2022.
Un proceso que deberá seguirse con atención
La decisión judicial abre una etapa importante dentro de esta acción popular. La audiencia de pacto de cumplimiento puede convertirse en un escenario determinante para conocer la disposición de las entidades accionadas y vinculadas frente a eventuales compromisos institucionales.
En Nariño, los procesos relacionados con derechos colectivos, salud pública e instituciones hospitalarias tienen especial sensibilidad social, debido a las dificultades históricas del sistema de salud, los reclamos ciudadanos por acceso oportuno a servicios médicos y la importancia de centros asistenciales como el Hospital San Pedro para Pasto y el departamento.
Por ahora, el Tribunal dejó en manos de las partes una tarea concreta: llegar a la audiencia con propuestas, respuestas y posibilidades reales de acuerdo. La expectativa estará puesta en si este proceso logra traducirse en compromisos verificables o si, por el contrario, deberá continuar su trámite judicial ordinario.
La audiencia quedó fijada para el 12 de agosto de 2026 a las 9:00 de la mañana.
