Pablo Emilio Obando A.
Otra vez Nariño. Otra vez el sur. Otra vez los ciudadanos de esta tierra noble y resiliente convertidos en víctimas silenciosas de decisiones tomadas desde los escritorios fríos del centralismo bogotano, donde pareciera no entenderse —o peor aún, no importar— la realidad económica y social de nuestra región.
El anuncio del Ministerio de Minas sobre el incremento de 509 pesos por galón de combustible para el departamento de Nariño no es una simple medida técnica ni administrativa. Es un golpe directo al bolsillo de los nariñenses. Es una agresión económica contra una región históricamente golpeada por el abandono estatal, la precariedad vial y las profundas dificultades del comercio fronterizo.
Hoy nos dicen que, con la implementación de una planta de recepción en el municipio de Chachagüí, el subsidio de combustible contemplado en la Ley de Fronteras únicamente llegará hasta ese punto. Y que de ahí en adelante, desde Chachagüí hasta Pasto, el costo adicional deberá ser asumido por los consumidores.
¡Absurdo!
La solución terminó siendo más grande que el problema. Nos presentan una obra que supuestamente buscaba optimizar la distribución de combustible, pero que termina encareciendo la vida de toda una población. Porque no se trata únicamente de 509 pesos por galón. Se trata del efecto dominó que esto genera sobre toda la economía regional: aumentan los costos del transporte, suben los alimentos, se encarecen los productos básicos, se golpea al comerciante, al campesino, al taxista, al pequeño empresario y al ciudadano de a pie que ya sobrevive en medio de enormes dificultades.
¿Acaso no entienden que Nariño ya paga demasiado?
Pagamos el aislamiento vial permanente. Pagamos el olvido histórico del Estado. Pagamos las consecuencias de una frontera con el Ecuador que vive fluctuando económica y políticamente. Pagamos los derrumbes, los cierres de carretera, la incertidumbre comercial y el abandono institucional.
Y ahora también pretenden hacernos pagar más cara la gasolina.
Lo que resulta verdaderamente indignante es que mientras desde el Gobierno Nacional se anuncian discursos de equidad, inclusión y justicia social, en la práctica se toman decisiones que castigan precisamente a las regiones más vulnerables y periféricas del país.
Por eso resulta grato, valiente y profundamente digno escuchar la voz del alcalde de Pasto, el doctor Nicolás Toro Muñoz, quien ha manifestado públicamente que está dispuesto incluso a afrontar consecuencias judiciales antes que quedarse callado frente a esta determinación.
Eso se llama defender al pueblo.
Eso se llama tener sentido de pertenencia.
Eso se llama entender que gobernar también implica ponerse del lado de la ciudadanía cuando la ciudadanía está siendo atropellada.
Aquí no caben cálculos políticos mezquinos ni divisiones partidistas. Este no es un debate entre izquierdas o derechas. Aquí no debe haber colores políticos, ni banderas, ni consignas electorales.
Aquí hay una sola causa: defender a Nariño.
Y esa defensa debe unirnos a todos: alcaldes, gobernadores, congresistas, gremios, empresarios, transportadores, estudiantes y ciudadanía en general. Porque cuando se afecta la economía de Nariño, se afecta la tranquilidad de todos.
Los nariñenses no podemos permanecer en silencio frente a este anuncio lesivo y profundamente injusto. La protesta legítima, democrática y pacífica debe convertirse en una sola voz regional que le diga al país que el sur también merece respeto.
Nariño no puede seguir siendo tratado como una región de segunda categoría.
Nariño merece dignidad.
Y hoy más que nunca, Nariño debe levantarse unido.
